La
apuesta del Partido Nacional para las próximas elecciones es la
reelección del actual presidente de la República, Juan Orlando Hernández
(JOH), aunque existen otros candidatos que exigen elecciones internas
transparentes. Estos candidatos no tienen el poder, imagen y los
recursos para disputar dicha candidatura, por lo que terminarán
sumándose al barco reeleccionista.
La
estrategia para consumar la candidatura de Hernández, ha variado. Es un
plan que inició en el gobierno de Porfirio Lobo Sosa (2010-2013), donde
se permitió que el partido de gobierno copara varias instituciones del
Estado como la Fiscalía y Tribunal Superior de Cuentas, a las que se
sumó la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Tribunal
Electoral y Registro Nacional de las Personas. El gobierno actual asumió
el control del Congreso de la Republica y la Corte Suprema de Justicia
con apoyo del Partido Liberal, pero también de la Policía Nacional y una
parte de las Fuerzas Armadas (FFAA).
Con
este control y poder depositado en el ciudadano presidente de la
Republica, el retraso en la declaratoria reeleccionista de JOH se debe a
que, los liberales y demás partidos de oposición, no están dispuestos a
apoyar la reglamentación de la reelección presidencial en el Congreso
de la República, en tanto consideran que es violatorio no sólo de sus
estatutos de constitución si no también de su base ideológica. Un grupo
de diputados liberales afines al gobierno cachureco, están dispuestos a
apoyar la reelección siempre y cuando sea alterna, lo cual daría a
Hernández un tiempo prudencial para preparar su campaña a futuro. Con el
poder que ejerce el presidente de la Republica, ciertos dirigentes del
partido nacional no están dispuestos a negociar la reelección continua
ya que considerar que es cosa juzgada y aprobada por la Corte Suprema de
Justicia.
En complemento,
el Partido Nacional ha considerado la puesta en práctica de una
estrategia de apoyo a Hernández, denominada de aclamación nacional,
donde en cada Municipio y Departamento del País, la población sale a las
calles para pronunciarse a favor de la reelección presidencial, incluso
utilizando candelas para iluminar el camino del elegido. El principal
problema es que la movilización nacional implica el uso de recursos que
saldrían de los fondos públicos, lo que seria mal visto por la comunidad
nacional e internacional en un momento donde se ha negociado el monto
límite de recursos para financiar las campañas políticas, inició la
selección de los jueces anticorrupción y es evidente la presión del
crimen organizado por apoyar como en el pasado las campañas políticas de
candidatos a diputados y alcaldes.
Otra
estrategia manejada por los dirigentes del partido nacional, es la
designación de un “testaferro” para que participe en las elecciones
internas a nombre de JOH, tal como sucedió con la elección del
presidente Ricardo Maduro (2002-2005) donde Luis Cosenza cedió la
candidatura presidencial a su favor; pero que después renuncia para que
asuma Hernández dicha candidatura y participe como candidato oficial en
las elecciones generales. Los “leguleyos” dirán que esto es
inconstitucional, pero en Honduras ello no ha sido impedimento más aun
cuando existe un poder autoritario que todo lo controla. Ya se barajan
nombres de los testaferros, caso de Juan Diego Zelaya, Gladys López,
Mauricio Oliva y Samuel Reyes.
Juan
Diego Zelaya es el menos contaminado de todos, pero los opositores a la
relección de JOH dentro de partido consideran que también tiene cola,
al ser alto ejecutivo del Instituto Nacional de Formación y Capacitación
Profesional (INFOP) y enfrentar problemas con el manejo y uso de
fondos.
No obstante lo
anterior, existen variables objetivas que impiden la reelección de JOH,
que no han sido canalizadas en su favor por los partidos de oposición y
dirigentes. La primera es el problema del involucramiento de personas
allegadas al gobierno en el negocio del narcotráfico y corrupción,
denunciados por oficiales de policía y la prensa nacional e
internacional. En segundo lugar, los pocos avances en la lucha contra la
corrupción, donde no se han recuperado los dineros sustraídos y la
captura de los autores intelectuales del saqueo, como ejemplo el
Instituto Hondureño de Seguridad Social y demás Institutos de Previsión
Social.
En tercer lugar
las sistemáticas violaciones de los derechos humanos y la falta de
esclarecimiento de los crimines cometidos. A la muerte de la dirigente
ambientalista y defensora de derechos humanos, Bertha Cáceres, se sumó
el asesinato del dirigente del Movimiento Unificado Campesino del Aguan
(MUCA), José Ángel Flores, denunciado por la Comunidad Internacional.
En
cuarto lugar, la división gestada al interior de la FFAA, y el malestar
que existe en aquellos oficiales relegadas por no ser de la confianza
del presidente de la Republica para asumir los cargos de mando. Un
ejemplo evidente se presenta en la Fuerza Aérea Hondureña, ya que no se
ha respetado el canal de mando promocional.
Pero
además de ello, es importante tener en cuenta los problemas económicos
que aquejan a la economía y sociedad hondureña, aumentados o masificados
después del golpe de Estado (junio, 2009). Las Comisión Económica para
América Latina (CEPAL) habla que las economías de los países
latinoamericanos se contraerán en 2016, pero en Honduras hay un
creciente optimismo ya que las autoridades del Banco Central esperan que
se crezca entre 3% y 3.4%, sin considerar la calidad del crecimiento y
los sectores donde se focaliza dicho crecimiento, en su mayor parte de
baja productividad y poca capacidad de absorción de empleos de buena
calidad.
El aumento del
desempleo es una piedra en el zapato. La tasa de desempleo abierto
(7.4%) se ha mantenido prácticamente igual en el periodo de ejecución de
ajuste económico neoliberal en Honduras (1990-2016), aun cuando hubo un
crecimiento importante de la Población Económicamente Activa (PEA); se
agrega también un crecimiento progresivo de subempleo visible (14.1%) e
invisible (41.1%) que afecta no solo a población con educación
secundaria sino también universitaria. Es común encontrar en
Supermercados, a profesionales universitarios trabajando de dependientes
con salarios por hora, sin beneficios colaterales. Asimismo, se
evidencia una perdida de ingresos monetarios de los hogares por aumentos
del costo de los alimentos y servicios públicos. En el primer caso,
frente a la caída de la producción alimentaria, el gobierno ha optado
por las importaciones de granos como maíz y arroz, lo cual aumenta el
grado de dependencia alimentaría y presiona para el uso de las escasas
divisas.
La reforma del
sector eléctrico ha vuelto a la población contra el gobierno. La
privatización de la ENEE ha resultado un mal negocio para el gobierno y
la población, ya que se aumentaron las tarifas eléctricas siguiendo el
credo neoliberal del FMI de precios reales, sin reducir las perdidas,
cobrarle a los grandes evasores y deudores de la ENEE y diferenciar los
sectores por capacidad de pago en función de los ingresos obtenidos. Las
denuncias no se han hecho esperar, ya que los recibos vienen aumentados
en un 100% y 200%. El llamado ajuste gradual sugerido en contra de la
ortodoxia neoliberal, no se ha puesto en práctica y, por tanto, la cara
más visible del gobierno, el presidente Hernández, resalta como culpable
de uno o varios Trancazos Eléctricos sin “saliva” para la población.
Hay
evidencia que la compensación social (Vida Mejor) ha tenido resultados
favorables en la reducción de la pobreza extrema, pero la pobreza en
general se mantiene o ha aumentado. El gobierno, siguiendo la ortodoxia
neoliberal, ha menospreciado el gasto de inversión pública para aumentar
la producción y el empleo. Espera como los hacen y predican los
economistas neoliberales “bastardos” y el FMI, que la Inversión Privada
Nacional y Extranjera fluirá una vez que el déficit fiscal y la
inflación se hayan reducido al limite, y se crean las condiciones
(entrega de bienes públicos) e incentivos para el capital. Los países de
mayor crecimiento sostenido del PIB en Latinoamérica, caso particular
del Perú y Bolivia han aumento el gasto de inversión pública como una
política de Estado deliberada.
De
allí que asesores políticos y dirigentes del Partido Nacional empiecen a
valorar dos caminos para JOH. Negociar la reelección alterna y poner
alguien de su confianza para que compita en las elecciones de 2017, o
imponerse por la fuerza con el apoyo de un sector de las FFAA.
¿Y la Comunidad Internacional y EEUU que dirán?
http://www.alainet.org/es/articulo/181344
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