By IPS
Fabiana Frayssinet/Inter Press Service
Buenos
Aires, Argentina. En este país docentes, estudiantes y sindicalistas
están movilizados por despidos masivos en el sector, que denuncian que
forman parte de un proceso de vaciamiento de la educación pública y el
avance hacia un nuevo modelo donde prima satisfacer las necesidades del
mercado.
“Se está produciendo un modelo educativo que ya no se
piensa en clave de derecho y en clave de derecho social para el conjunto
de la población, sino que se piensa en clave de formación de un modelo
social, económico, que pone foco en la lógica del emprendedor. Una
lógica del individuo que se hace a sí mismo”, resumió a IPS la académica
Myriam Feldfeber.
La especialista en educación de la Universidad
de Buenos Aires participó el 31 de agosto pasado en la protesta que se
conoció como un “abrazo” a la sede del Ministerio de Educación en la
capital argentina, convocado para denunciar una nueva oleada de 200
despidos y retrocesos “en la construcción hacia una educación gratuita,
universal e igualitaria”.
Las personas despedidas ahora se regían,
en su mayoría, por contratos o estaban aún como transitorios en la
plantilla, y se suman a otros 1 mil 100 cesantes en el área de educación
desde que el centroderechista Mauricio Macri asumió la Presidencia el
10 de diciembre.
Desde entonces, han sido despedidos 10 mil 662 empleados públicos en 23 ministerios y sus dependencias.
“Trabajaba
en el Instituto de Formación Docente desde hace más de 6 años. Un área
de instrumentación de políticas que tienen que ver con el desarrollo de
investigación en los institutos de formación docente de todo el país”,
explicó Laura Pico.
“El viernes (26 de agosto) recibí un llamado
de un número desconocido en el que me informaban que estaba desvinculada
del Ministerio y que a partir del lunes no fuera más”, detalló a IPS.
Los
despidos se suman a un proceso de reducción y eliminación de diversas
políticas educativas, muchas instrumentadas durante los gobiernos de
Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2015)
La
Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) denuncia que hay
subejecución del presupuesto educativo, desmantelamiento de áreas de
formación docente, de derechos humanos, educación de adultos,
estadística, coros infantiles y juveniles, entre otras.
“Notamos
con gran preocupación que nuestros despidos, además de una demanda
gremial, ponen en el tapete un vaciamiento de políticas educativas y un
retiro del Estado de los territorios”, resumió a IPS el delegado de la
ATE, Lautaro Pedot.
Fernanda Saforcada, especialista en educación y
directora académica del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales
(Clacso), con sede en Buenos Aires, lamentó los despidos que, además de
un problema humano y social, “implican la pérdida de una experiencia
acumulada”.
“Estamos hablando de equipos técnicos que
desarrollaban una actividad, que tienen vínculos de trabajo, redes que
se han ido constituyendo. Todo eso también es una pérdida significativa.
Se pierde experiencia, se pierde historia, se pierden saberes, se
pierden relaciones”, dijo a IPS.
El desmantelamiento es más
evidente en áreas como el Instituto Nacional de Formación Docente y el
Instituto Nacional de Educación Tecnológica, así como en programas
socioeducativos y de inclusión digital, de derechos humanos, de
educación sexual integral, artística y de jóvenes y adultos.
Asimismo
fueron reducidos o eliminados programas de becas universitarias, para
promover la igualdad de género, de entrega de computadoras a estudiantes
con necesidades especiales o de estímulo a completar estudios
secundarios.
“Creo
que ahora se apunta a un sistema de educación opuesto al de inclusión y
al de garantizar el derecho a la educación”, puntualizó Pico.
Para
Feldfeber, también coordinadora de la Red Latinoamericana de Estudios
sobre Trabajo Docente y de grupos de investigación de Clacso, lo que “en
principio desaparece es la idea de la educación como derecho, como
horizonte de la política pública”.
Como ejemplo de aquella
estrategia, mencionó la creación de 14 universidades nacionales “sobre
todo en lugares a las que están teniendo acceso sectores
tradicionalmente excluidos del sistema”, hoy cuestionadas.
“Es un
tema muy preocupante que algunas áreas centrales están siendo ocupadas
en el Ministerio de Educación por personas que no vienen del campo
educativo, por directivos de empresas o por personas que no tienen
ningún tipo de trayectoria dentro del sector público”, subrayó.
“Uno
de los cargos más altos del Ministerio es ocupado por un gerente
internacional de Phillips Morris (el ahora subsecretario de Políticas
Socioeducativas, Ezequiel Newbery), que plantea que no conoce qué es
educación, que no entiende qué es una política socioeducativa y que dice
que viene al Ministerio a poner orden”, consideró.
“Ordenar, se entiende en la clave de lo que estamos asistiendo hoy, que es despedir trabajadores, desarmar equipos”, adujo.
En
el marco de lo que llama una “modernización” de la administración
pública, el gobierno argumenta que se trata de un “reordenamiento”
ministerial.
El ministro de Educación, Esteban Bulrich, defiende
“una revolución educativa”, que define cómo “darle a cualquier
argentino, nazca donde nazca, la posibilidad de que tenga las mismas
condiciones de calidad educativa”.
Para Bulrich, “la inclusión
sola, sin calidad, no sirve: es un medio camino. Inclusión sola es
fraude” y para mejorar esa “calidad” hay “que comenzar por el verdadero
agente de cambio que es el docente”.
“La idea es darle [al
docente] más herramientas para que tenga una visión moderna, del siglo
XXI, de las habilidades y competencias que los niños de nuestro sistema
educativo necesitan para ser autónomos”, explicó en un acto en junio.
Saforacada
criticó que el denunciado fortalecimiento del “ámbito privado” se da
“en el marco de un proceso de reconfiguración del rol del Estado”.
“Hay
un nuevo posicionamiento del Estado en búsqueda de alianzas con
organizaciones no gubernamentales, con fundaciones y con sectores
empresariales”, analizó.
“Son organizaciones muchas veces
vinculadas a sectores empresariales, que muestran cómo se vacía de
alguna manera lo público para otorgar un nuevo contenido al ámbito de la
gestión de la educación”.
Agregó: “Cuando hablamos del ámbito
privado, más allá de la dicotomía de lo público y lo privado, hablamos
de que lo que prima son los intereses individuales sobre los intereses
de ciertos sectores y no el interés de lo común”.
La ATE denunció
un intento de “privatización” en programas como Conectar Igualdad
(destinado a la inclusión digital, heredado del gobierno anterior),
donde este año “desembarcaron empresas internacionales como Microsoft y
Google”.
El objetivo sería sustituir por esos programas operativos
otros de software libre producidos localmente, como Huayra, utilizados
en computadoras portátiles distribuidas gratuitamente a los escolares.
El informe Educación para todos en el mundo 2000-2015,
de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura (Unesco), destacó avances en la educación argentina en la
última década, en seguimiento a las metas planteadas durante el Foro
Mundial de Educación de Dakar, en 2000.
Según
ese informe, el gasto público en educación de este país suramericano
fue uno de los más altos de América Latina, representando el 6.26 del
producto interno bruto.
Asimismo se consiguió que casi 99.1 por
ciento de los niños y niñas argentinos asista a la escuela primaria, lo
que ubica al país junto a Uruguay con el nivel de cobertura más alto de
la región.
Respecto a educación secundaria, la tasa neta de
matrícula es una de las más altas de América Latina: 89.06 por ciento en
2012, aunque todavía preocupa la deserción de los jóvenes en este
nivel.
Argentina, con 43 millones de habitantes, redujo también
los índices de analfabetismo de 2.6 a 1.9 por ciento de las personas
mayores de 15 años.
Fabiana Frayssinet/Inter Press Service
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