Venezuela
ha mostrado su fuerte rechazo a las sanciones unilaterales impuestas
por el Congreso de Estados Unidos contra 56 funcionarios del Gobierno de
Caracas por supuestas violaciones de los derechos humanos.
El ministro venezolano de Asuntos Exteriores, Rafael Ramírez, consideró el miércoles “inaceptable” la decisión conjunta de ambas Cámaras legislativas estadounidenses, ya que a su criterio, muestra la “doble moral” de Washington que bombardea el Oriente Medio, impone sanciones a Rusia y, ahora, pretende aplicarlas a Venezuela.
Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Diosdado Cabello, encaró el miércoles la medida del Congreso de Estados Unidos y recalcó que el país norteño “no tiene ninguna competencia para hacerlo”.
“Venezuela rechaza esta sanción por arbitraria e inmoral (...) La derecha venezolana cree que de esa forma logrará acabar con el Gobierno de Nicolás Maduro, pero el proyecto revolucionario en Venezuela llegó para quedarse”, aseveró.
En este sentido, mencionó el reciente informe del Senado de Estados Unidos que revela la tortura como una de las técnicas cuestionables que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) aplica en sus interrogatorios e increpó que Washington se toma el derecho de sancionar a los demás por supuestos casos de violaciones mientras se olvida que sus propios agentes utilizan “técnicas de ahogamiento, torturas, interrogatorios mejorados”.
Por su parte, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, advirtió de las consecuencias de “tales amenazas” de Washington y aseguró que “esas sanciones son promovidas por el lobby de la derecha local que siempre busca aliados para declarar contra el país”.
“Venezuela exige respeto y no acepta sanciones imperialistas, aunque aspire a relaciones de paz con Washington”, enfatizó el jefe del Gobierno de Caracas.
El miércoles, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó por unanimidad un paquete de sanciones, ya ratificado el lunes por el Senado, en contra de 56 funcionarios venezolanos.
El proyecto antivenezolano necesita la luz verde del presidente estadounidense, Barack Obama, para convertirse en ley; fuentes cercanas a la Casa Blanca aseguran que el mandatario aprobará la propuesta.
Estados Unidos acusa a los funcionarios venezolanos de violencia contra los opositores durante las protestas que vivió el país bolivariano entre febrero y mayo, últimos.
Entre tanto, Caracas afirma que esos disturbios fueron orquestados por la ultraderecha apoyada por Washington, con el objetivo de posibilitar un golpe de Estado contra el Gobierno de Maduro.
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