El
juicio político a los Ministros de la Corte Suprema de Justicia en
Paraguay, refresca la memoria de muchos en cuanto a lo ocurrido en el
pasado reciente con el Juicio Político a Fernando Lugo, aquel triste
espectáculo perpetrado por los intereses económicos, donde golpearon
duramente a la democracia paraguaya. El escenario se repite,
guardando la distancia por supuesto de quienes están siendo
enjuiciados; pues los puestos en el banquillo de los acusados no es que
asumieron posiciones que obstaculice los negocios o haya fallado a
favor de la recuperación de las riquezas mal habidas. Es más, ni
siquiera insinuaron fallar en contra de los grandes intereses
económicos, quienes detentan el poder real en el país.
El Cartismo quiere aplicar de esta manera nuevamente la fórmula que les resultó con Fernando Lugo, en esta ocasión la línea es golpear al Poder Judicial, de tal manera a manejar el último estamento que le faltaba controlar, ya que en teoría tiene el control del Poder Legislativo y el Ejecutivo.
Se debe comprender el Cartismo como la alianza del Llanismo del Partido Liberal Radical Auténtico y una línea del Partido Colorado liderado por Horacio Cartes. Esta alianza apunta a un proyecto a largo plazo que tiene dos vertientes, reivindicar la política estronista, y por otro, controlar el órgano de administración de justicia para garantizar la aplicación de las políticas neoliberales llevadas adelantes por el gobierno de Cartes.
Este plan golpista se desarrolla en un escenario donde el sistema de Justicia en Paraguay está muy distante aún de edificar un Poder Judicial capaz de extenderse hacia la sociedad, cuya tarea sea la de ayudar a la sociedad para comprender y gestionar los conflictos que se presentan durante el flujo de eventos desarrollados en el proceso histórico. O sea, se cuenta con una administración de Justicia ajustada a un modelo inquisitorial, cuyo objeto esencialmente pasa por hacer cumplir las órdenes del monarca, y convierte a las personas súbditas que deben acatar las disposiciones, o caso contrario, deberán ser sometidas a la maquinaria de represión del sistema judicial.
Además, el Poder Judicial carece de la perspectiva inclusiva, que invite a la gente a formar parte y tomar parte en el sistema judicial, para resolver los conflictos y hacer de esa resolución una virtud conductual; que una vez acuñada en la sociedad pueda regir como parámetro de conducta.
La sociedad está ausente del debate, en estos momentos se está decidiendo el rumbo de la justicia en Paraguay, pero no para administrar sus conflictos, disminuir la criminalidad y mucho menos para controlar el poder de las corporaciones concentradas, sino para delimitar en manos de quien quedará el sistema de Judicial.
El juicio político a los tres Ministros de la Corte Suprema de Justicia, Sindulfo Blanco, Oscar Bajac y Garay Zucolillo, no obedece a una estrategia para poder instalar una administración de Justicia para ayudar al más débil, lograr la justicia social o para buscar enjuiciar a los responsables de las torturas, desapariciones y asesinatos cometidos en la era estronista y menos pare recuperar tierras mal habidas; sino en manos de qué grupo concentrado quedará el sistema judicial inquisitorial para garantizar impunidad, el privilegio de unos pocos y la aplicación efectiva de las políticas neoliberales del gobierno de Cartes.
Esta movida se produce en un escenario propicio, donde la figura del poder judicial está muy desgastada y se sirven de un hecho luctuoso que conmocionó a toda la sociedad, cual es la muerte del periodista Pablo Medina, para justificar el enjuiciamiento de los magistrados.
“La Cultura Jurídica de nuestros países es un obstáculo para el desarrollo social” (Binder, 2014), necesitamos que la sociedad paraguaya participe en la construcción de un sistema de justicia que busque disminuir la inequidad y a su vez construir un mecanismo eficiente para resolver los conflictos que nacen en el seno de la sociedad.
Esa participación frenará a su vez esta intención esquizofrénica de los trasnochados del neoliberalismo de instalar un régimen fascista para aplicar sus políticas de saqueo y exclusión social. Además, el empoderamiento que la ciudadanía haga de la administración de justicia conducirá inexorablemente a ejercer control para que no se den abusos y atropellos de los derechos humanos.
Adilio Lezcano, Licenciado en Matemática por la Universidad Nacional de Pilar.
El Cartismo quiere aplicar de esta manera nuevamente la fórmula que les resultó con Fernando Lugo, en esta ocasión la línea es golpear al Poder Judicial, de tal manera a manejar el último estamento que le faltaba controlar, ya que en teoría tiene el control del Poder Legislativo y el Ejecutivo.
Se debe comprender el Cartismo como la alianza del Llanismo del Partido Liberal Radical Auténtico y una línea del Partido Colorado liderado por Horacio Cartes. Esta alianza apunta a un proyecto a largo plazo que tiene dos vertientes, reivindicar la política estronista, y por otro, controlar el órgano de administración de justicia para garantizar la aplicación de las políticas neoliberales llevadas adelantes por el gobierno de Cartes.
Este plan golpista se desarrolla en un escenario donde el sistema de Justicia en Paraguay está muy distante aún de edificar un Poder Judicial capaz de extenderse hacia la sociedad, cuya tarea sea la de ayudar a la sociedad para comprender y gestionar los conflictos que se presentan durante el flujo de eventos desarrollados en el proceso histórico. O sea, se cuenta con una administración de Justicia ajustada a un modelo inquisitorial, cuyo objeto esencialmente pasa por hacer cumplir las órdenes del monarca, y convierte a las personas súbditas que deben acatar las disposiciones, o caso contrario, deberán ser sometidas a la maquinaria de represión del sistema judicial.
Además, el Poder Judicial carece de la perspectiva inclusiva, que invite a la gente a formar parte y tomar parte en el sistema judicial, para resolver los conflictos y hacer de esa resolución una virtud conductual; que una vez acuñada en la sociedad pueda regir como parámetro de conducta.
La sociedad está ausente del debate, en estos momentos se está decidiendo el rumbo de la justicia en Paraguay, pero no para administrar sus conflictos, disminuir la criminalidad y mucho menos para controlar el poder de las corporaciones concentradas, sino para delimitar en manos de quien quedará el sistema de Judicial.
El juicio político a los tres Ministros de la Corte Suprema de Justicia, Sindulfo Blanco, Oscar Bajac y Garay Zucolillo, no obedece a una estrategia para poder instalar una administración de Justicia para ayudar al más débil, lograr la justicia social o para buscar enjuiciar a los responsables de las torturas, desapariciones y asesinatos cometidos en la era estronista y menos pare recuperar tierras mal habidas; sino en manos de qué grupo concentrado quedará el sistema judicial inquisitorial para garantizar impunidad, el privilegio de unos pocos y la aplicación efectiva de las políticas neoliberales del gobierno de Cartes.
Esta movida se produce en un escenario propicio, donde la figura del poder judicial está muy desgastada y se sirven de un hecho luctuoso que conmocionó a toda la sociedad, cual es la muerte del periodista Pablo Medina, para justificar el enjuiciamiento de los magistrados.
“La Cultura Jurídica de nuestros países es un obstáculo para el desarrollo social” (Binder, 2014), necesitamos que la sociedad paraguaya participe en la construcción de un sistema de justicia que busque disminuir la inequidad y a su vez construir un mecanismo eficiente para resolver los conflictos que nacen en el seno de la sociedad.
Esa participación frenará a su vez esta intención esquizofrénica de los trasnochados del neoliberalismo de instalar un régimen fascista para aplicar sus políticas de saqueo y exclusión social. Además, el empoderamiento que la ciudadanía haga de la administración de justicia conducirá inexorablemente a ejercer control para que no se den abusos y atropellos de los derechos humanos.
Adilio Lezcano, Licenciado en Matemática por la Universidad Nacional de Pilar.
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