Benedito Teixeira
Adital
El reciente informe elaborado y divulgado por la
Comisión de Inteligencia del Senado de Estados Unidos sobre el programa de
detención e interrogatorios de la Agencia Central de Inteligencia (Central
Intelligence Agency, CIA) viene dando que hablar en ese país y también a nivel
internacional. El documento hace una denuncia contundente del uso extendido y
sistemático de la tortura por parte de la CIA. Organizaciones de derechos
humanos condenan las revelaciones aterradoras y exigen al gobierno del
presidente Barack Obama que investigue y castigue a los culpables y que éstos den
cuentas de los actos de tortura cometidos, para que "la práctica no se
transforme en una opción política siempre que haya alguna amenaza a la
seguridad del país’, señala la organización Human Rights Watch (HRW), vista por
muchos analistas como vinculada al gobierno de Estados Unidos.
El documento de 525 páginas es parte de un informe
confidencial de 6.700 páginas cuyo texto completo la Comisión del Senado
todavía no manifestó que tenga previsto divulgar. Sin embargo, sólo el resumen
documenta numerosos datos provistos por la propia CIA sobre la eficacia del
programa, y demuestra que funcionarios estadounidenses sabían que era ilegal.
Con miras a esta constatación, HRW pide que el gobierno estadounidense
divulgue, oportunamente, el informe completo, refuerce la supervisión de la
actuación de la CIA e investigue y juzgue a los altos funcionarios responsables
del programa de tortura. "El informe del Senado no debe simplemente ser archivado
en un estante o un disco rígido, sino ser el punto de partida para que se
investigue penalmente el uso de tortura por parte de funcionarios de Estados
Unidos”, indica Kenneth
Roth, director ejecutivo de Human Rights Watch.
Naturaleza y magnitud de los abusos
El resumen concluye que los abusos de la CIA fueron
mucho más crueles, sistemáticos y extendidos de lo que se informó
anteriormente; que muchas de las técnicas aplicadas en interrogatorios de la
CIA excedieron las autorizadas por el Departamento de Justicia; y que la CIA
comenzó a utilizar las técnicas mucho antes de haber recibido autorización.
El programa de tortura de la CIA, expuesto en el
informe, incluye posiciones forzadas con el propósito de causar dolor físico y
estrés, exposición a encandilamiento y música a niveles intolerables;
simulación de asfixia con agua (waterboarding);
y empujar bruscamente a los detenidos contra paredes o atarlos en cajones.
El documento muestra también que las torturas de la
CIA fueron inclusive más impiadosas de lo que se creía antes. El organismo
utilizó métodos de inmovilización dolorosos, practicó medidas punitivas como la
"alimentación por vía rectal” o la "rehidratación retal”, y obligó a los presos
que tenían fracturas en las piernas a permanecer de pie y encadenados a la
pared. Las tácticas afectaron gravemente a los detenidos, en particular cuando eran
combinadas con privación del sueño y aislamiento, y se extendían por períodos
prolongados. Uno de los presos se describe como "un hombre absolutamente
destruido”, e indica que otro está "al borde de un colapso total”.
El documento sugiere también que la CIA conocía perfectamente
la ilegalidad de las técnicas de tortura aplicadas. En la página 33, el resumen
señala que abogados de la CIA distribuyeron internamente el esbozo de una carta
dirigida al fiscal general John Ashcroft, del 8 de julio de 2002, en la que se
reconocía expresamente que las tácticas que inmediatamente fueron conocidas
como "técnicas intensivas de interrogatorio” violaban la Ley sobre Tortura de
Estados Unidos. El borrador pedía que el Departamento de Justicia otorgara a la
CIA una "renuncia formal anticipada del derecho de iniciar acciones penales”. O
sea, la CIA pretendía que el Departamento de Justicia se comprometiera a no
proceder penalmente en ningún momento.
El documento del Senado refuta también declaraciones
anteriores de empleados de la CIA que afirmaban que no sabían si las tácticas
eran lícitas y que actuaron de buena fe, según orientaciones de los asesores
legales del Departamento de Justicia. Por el contrario, altos funcionarios de
la CIA sabían que las técnicas eran ilegales. Cuando sus intentos por obtener
algún tipo de renuncia anticipada de la acción penal se vieron frustradas,
solicitaron y consiguieron otro tipo de garantía, a través de una serie de
memorandos legales –los denominados "Memorandos de Tortura”– elaborados por el
Oficina de Asesoramiento Legal del Departamento de Justicia y por abogados de
la Casa blanca a partir de agosto de 2002, y que pretendían autorizar las
técnicas.
Impunidad y complicidad
Para Amnistía Internacional, el resumen del Comité del
Senado es un duro recuerdo de la impunidad de la que siguen gozando los autores
de muchas violaciones atroces a los derechos humanos cometidas en nombre de la
"seguridad nacional”. "A pesar de que gran parte de los datos es de dominio
público desde hace años, nadie respondió ante la justicia por autorizar o
cometer tales actos en el contexto de esos programas de la CIA”, declaró Erika
Guevara Rosas, directora del Programa Regional para América de Amnistía.
El informe completo del Comité continúa siendo
clasificado como máximo secreto. Según la presidenta del Comité, Dianne
Feinstein, el informe contiene "detalles de cada persona detenida bajo custodia
de la CIA, las condiciones en las cuales está presa y cómo fue interrogada.”.
Amnistía Internacional pide que el informe completo sea divulgado con la mínima
reducción posible y que no oculte pruebas de violaciones a los derechos
humanos.
De acuerdo con el documento, la CIA y otras
autoridades estadounidenses no actuaron solas, sino que contaron con varios
cómplices en todo el mundo que ayudaron a facilitar la entrega, tortura y
detención secreta de las personas que Estados Unidos consideraba sospechosas de
terrorismo. El 24 de julio de este año, por ejemplo, el Tribunal Europeo de
Derechos Humanos declaró que el Gobierno de Polonia se confabuló con la CIA
para montar en Stare Kielkuty una prisión secreta que estuvo en funcionamiento
entre 2002 y 2005. Los demandantes de ese caso y otras personas fueron detenidos
secretamente y torturados, y algunos fueron entregados después en otros lugares
donde corrieron el riesgo de sufrir abusos similares. En 2012, el Tribunal
Europeo sentenció contra Macedonia, declarándola responsable de la complicidad
en la tortura y desaparición forzada a que fue sometido Khaled El Masri, bajo
custodia de Estados Unidos. Otros países europeos que colaboraron con la CIA
son: Italia, Lituania, Rumania, Suecia y Reino Unido.
Lea más información sobre los comunicados difundidos porHRWy Amnistía
Internacional.
No hay comentarios:
Publicar un comentario