El coordinador de la terna investigadora de la Comisión, Alfredo Bocanegra, celebró que la Fiscalía haya tenido la diligencia de enviar las pruebas que pueda tener en su poder en relación con los hechos.
Bocanegra sostuvo que anteriormente se solicitó a la Fiscalía, presidida entonces por Guillermo Mendoza, el envío de esos documentos.
Ello -según dijo- sobre la base de que diferentes organismos tienen material probatorio de carácter penal y con la tecnología suficiente para adelantar el proceso.
Tenemos más o menos 30 mil folios sobre procesos disciplinarios, y con los anuncios hechos por la Fiscalía podemos adentrarnos en indagar qué responsabilidades habría en el caso de nuestra investigación, que es la presunta responsabilidad del entonces jefe de Estado, apuntó.
De esa manera Uribe nuevamente quedó expuesto a otra causa parlamentaria por su posible implicación en el escándalo de lo que aquí se conoce eufemísticamente como "chuzadas" (espionaje ilegal).
El exgobernante ya es investigado por dicha Comisión por similares hechos ocurridos después de 2005.
En tanto, la nueva pesquisa tiene como marco referente sucesos acaecidos anterior a ese año y ocurre luego que una fiscal llamara a juicio a cinco exfuncionarios del controvertido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, policía secreta)
De acuerdo con trascendidos, la fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Patricia Rodríguez, encontró indicios que relacionan al exmandatario con esos acusados.
Rodríguez se abstuvo de emitir públicamente algún tipo de juicio sobre la responsabilidad o no de Uribe en el escándalo.
Sin embargo, en la resolución de acusación, la fiscal indicó que dentro de las pruebas obtenidas hay una carpeta de archivos en la que aparecen varias referencias al expresidente y el Gobierno, algunas de ellas con la anotación "Presidente Uribe".
Hasta ahora, las evidencias, confesiones y testimonios demostraron cómo el DAS, ente subordinado directamente a la Presidencia, tenía entre sus principales objetivos -por medio de espionaje ilegal- desacreditar y atacar a ciudadanos e instituciones de relevancia nacional.
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