Una verdadera locura y una exageración, opinó la vocera mapuche Natividad Llanquileo sobre las penas entre 20 y 25 años de cárcel que aplicó la justicia chilena a Héctor Llaitul, Ramón Llanquileo, José Huenuche y Jonathan Huillica, acusados de haber participado en un presunto atentado a un fiscal en 2008.
Llanquileo denunció el trasfondo político de la condena, orientada a silenciar la lucha de los mapuche por sus derechos y dirigida contra cuatro comuneros que son líderes de su pueblo, importantes referentes por su pensamiento e historia de lucha.
Insistió en que detrás de penas tan altas hay una clara persecución contra la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM) y contra el ideario en particular de una organización que ha tenido grandes avances en la defensa de la causa mapuche.
Se busca debilitar el movimiento y quebrarlo; tener presa a gente que piensa, que está en contra del modelo económico de Chile y en contra del abuso en las comunidades indígenas, añadió.
Por su parte Pamela Pesoa, esposa de Héctor Llaitul, sindicado como líder principal de la CAM y a quien se le condenó a permanecer un cuarto de siglo tras las rejas, criticó las irregularidades del proceso y el arribo a un veredicto a partir de testigos secretos y de oídas, prácticas utilizadas al amparo de la ley antiterrorista.
"Era lo que habíamos esperado porque se trató de un juicio político, sin evidencia científica, sin pruebas. La justicia no existe en Chile para el pueblo mapuche", apuntó Pesoa.
En opinión del diputado y presidente del Partido Comunista de Chile, Guillermo Teillier, lo ocurrido es resultado de un proceso ilegal, marcado por un sesgo profundamente racista y discriminatorio.
No existe igualdad ante la ley en Chile; reciben penas tan altas por ser mapuches, "con testigos falsos y encapuchados, con recursos absolutamente reñidos con la justicia", enfatizó el parlamentario.
Teillier consideró que la sociedad chilena "no puede aceptar esto y hay que llamar la atención profundamente al Parlamento y al Ejecutivo para que se termine con esta persecución".
Conocidas las condenas, los abogados de los comuneros iniciaron un proceso dirigido a la anulación del juicio, sustentado en la invocación y utilización de la ley antiterrorista, a la que le atribuyen un carácter antidemocrático que parte desde su gestación en plena dictadura militar.
Mientras, los cuatro líderes indígenas permanecen en huelga de hambre, medida retomada la semana pasada en demanda de un juicio justo. En 2010 ya habían protagonizado un ayuno de más de 80 días.
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