Héctor Llaitul, sindicado como líder de la Coordinadora Arauco Malleco, fue condenado a 25 años de cárcel, mientras que Ramón Llanquileo, José Huenuche y Jonathan Huillical recibieron sentencias de 20 años cada uno, bajo el supuesto cargo todos de haber atentado contra un fiscal chileno en 2008.
El dictamen de la justicia chilena no sorprendió a portavoces de los pueblos originarios ni a los propios comuneros procesados, los que desde la semana pasada retomaron la huelga de hambre en demanda de un juicio justo, desprovisto de las irregularidades de la ley antiterrorista, figura jurídica impuesta durante el régimen de Augusto Pinochet (1973-19990).
Para los representantes de la defensa, el proceso contra Llaitul y sus hermanos de etnia sólo buscaba acallar la lucha de los mapuche por sus derechos y en particular por la histórica reivindicación de sus tierras.
Por lo pronto, los abogados anunciaron este martes que recurrirán a la Corte Suprema para presentar un recurso de nulidad del proceso.
A juicio del presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, Gonzalo Taborga, se ha condenado a los mejores exponentes políticos del pueblo mapuche en su demanda histórica por la devolución de sus tierras y con procedimientos que distan mucho de lo que debe ser un Estado de Derecho.
Ejemplo de ello, apuntó, es la invocación y utilización que se hizo de la ley antiterrorista, cuya propia naturaleza es antidemocrática en el sentido que se gestó bajo la dictadura militar, precisamente para silenciar a la oposición.
Chile queda de este modo muy mal parado ante la comunidad internacional, remarcó Taborga.
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