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En
desarrollo de la directriz del comandante de las FARC-EP, Timoleón
Jiménez, presentamos al país el siguiente primer informe sobre el
estado de las conversaciones de paz. No existe ninguna restricción para
hablar de lo acordado. El propio presidente, en defensa del proceso de
paz se ha referido al tema en variados escenarios. Y eso está bien.
Además, en ninguna cláusula del acuerdo general se estipula que las
partes deban guardar reserva sobre los avances del proceso.
El
acuerdo dice que las discusiones de la mesa no se harán públicas, y
para nada se refiere a lo convenido. Por ello jamás hemos objetado o
nos han incomodado los informes que de manera particular el gobierno da
a los gremios, a los militares, o a la opinión en general.
Habida
cuenta que el gobierno ha llevado a debate público y a conocimiento de
las ramas legislativa y jurisdiccional, tanto el marco jurídico como el
referendo, las FARC se sienten en libertad de opinar frente a estos
temas. Lo haremos de manera responsable en aras de entregar elementos
de juicio a la ciudadanía, para que esta siga contribuyendo con sus
iniciativas a la superación del largo conflicto colombiano.
Hoy,
luego de catorce ciclos de intercambios en los que las FARC-EP han
puesto sobre la mesa cerca de 200 propuestas mínimas para resolver los
problemas rurales y los de Participación Política y ciudadana, aunque
se haya llegado a algo más de 25 cuartillas de acuerdos parciales, los
alcances son modestos. El reciente paro nacional agrario y popular
corrobora la insatisfacción e inconformidad social, lo cual nos da la
razón y expresa la justeza de los planteamientos que hemos llevado a la
mesa para el debate. Los 19 muertos y los 850 heridos, y los centenares
de detenidos y judicializados registrados en esa jornada, hacen urgente
que se pacten garantías suficientes de oposición para las
organizaciones y movimientos sociales que hoy están en la calle
exigiendo sus derechos.
En la mesa se enfrentan dos visiones
tratando de encontrar puntos de coincidencia. Por un lado, está el
enfoque neoliberal de desarrollo del país, que en cabeza del gobierno
prioriza los intereses de las trasnacionales, y por otro lado el
enfoque de la insurgencia que enarbola las reivindicaciones de las
mayorías, que por ejemplo, se manifiestan por una reforma agraria rural
integral, por la justicia social y la democracia en función de paz con
soberanía.
En teoría, respecto al primer punto de la agenda se
ha logrado hacer un pacto de formalización de la propiedad de la
tierra, con el compromiso gubernamental de que serán adjudicados los
títulos de propiedad a todos los campesinos que poseen tierras de
hecho, lo cual guarda suma trascendencia si se considera que más del 48
por ciento de nuestros campesinos poseen la tierra en situación de
informalidad. Y en los procesos de construcción de las Zonas de Reserva
Campesina, sus protagonistas calculan un involucramiento de 9.5
millones de hectáreas. Se agrega a esto el compromiso del gobierno de
entregar la tierra al que no la tenga o el de ampliarle la propiedad a
quienes la tengan de manera insuficiente. También se suscribieron
acuerdos referidos a estímulos a la producción agropecuaria y a la
economía solidaria y cooperativa, asistencia técnica, subsidios,
crédito, generación de ingresos, mercadeo y formalización laboral.
Por
otro lado, el gobierno se ha comprometido a la creación de un fondo de
tierras, a la resolución de los conflictos de uso que existan sobre el
suelo, a un cierre de frontera agrícola que proteja el medio ambiente,
a la actualización del catastro que permita tener una visión real de la
configuración de la propiedad para procurar su reordenamiento
productivo socio-ambientalmente sostenible, y ha empeñado su palabra
también en impulsar programas de desarrollo, encaminados a reparar la
deuda histórica con el campo colombiano y a superar la enorme brecha
que existe entre este y la ciudad.
Reconocemos la voluntad del
gobierno por avanzar en el diálogo, y confiamos en que se encontrarán
salidas a temas esenciales para la transformación rural, que aún están
sin resolver. Nos referimos a asuntos cruciales como la búsqueda de
medidas eficaces que permitan la superación del latifundio, el
establecimiento de límites a la extranjerización de la tierra, la
definición de las cantidades de hectáreas para distribuir, restituir y
formalizar, la desastrosa explotación minero energética, los
desventajosos TLC, el reordenamiento territorial y otros no menos
trascendentales como el de los fondos para la financiación de lo
pactado.
Conscientes de las salvedades y de la necesidad de
resolverlas más adelante, las delegaciones de paz del gobierno y de la
insurgencia valoraron y así se informó al país y al mundo, el primer
acuerdo parcial, como positivo, y desde los ciclos iniciados el 11 de
junio se abordó el segundo punto de la agenda referido a la
participación política y ciudadana.
De los eventos de
participación ciudadana que se han realizado surgieron las propuestas
que las FARC han colocado en manos del gobierno para la discusión;
entre ellas, la de la asamblea nacional constituyente, que es asunto
que requerirá de un acuerdo político previo.
De manera convenida
las delegaciones de paz del gobierno y de las FARC-EP abordaron en los
últimos ciclos la casi totalidad del conjunto de la Agenda, lo cual ha
entregado a la mesa de Diálogos bastantes instrumentos que harán más
cercana la posibilidad de un acuerdo en función de la justicia y la
reconciliación colombiana.
Por ello, las demoras que se hubieren
suscitado por la circunstancia de variar el orden de discusión temática
de la agenda, por el motivo de analizar otros asuntos de interés
nacional, no son responsabilidad de las FARC y en tal sentido no pueden
ser tomadas como factor para fustigarnos o conminarnos a una celeridad
que no ha faltado.
Aparte de los asuntos que atañen al tema de
Participación Política se han tocado aspectos referidos a la solución
del problema de los cultivos ilícitos; sobre temas como el marco
jurídico para la paz o la refrendación de acuerdos, se han dejado
sentadas posiciones que dejan en claro los puntos de vista que cada una
de las partes tiene, tratando de encontrar aproximaciones. A lo largo
de estas conversaciones nos hemos referido de manera especial al tema
de las víctimas de la confrontación inquiriendo por la responsabilidad
histórica de quienes generaron y participaron en esta guerra que hoy
requiere de un acto de contrición de todos.
Ponemos en
conocimiento algunas reflexiones sobre los trascendentales temas que se
han discutido públicamente con la contra-parte:
Sobre el denominado Marco Jurídico
En
Colombia se declaró oficialmente que hay un conflicto entre dos partes
con responsabilidades para cada una de ellas, pero además, se da la
circunstancia terrible de que el conflicto continúa con la injerencia
de bases militares norteamericanas que pisotean nuestra soberanía. Se
requiere entonces que cualquier transicionalidad o normativa para la
misma, sea producto de un pacto y no de una imposición.
Se debe
tener en cuenta que de nada sirve la unilateralidad sobre todo si se
observa que la aceptación de responsabilidad por el conflicto le quita
al Estado la legitimidad necesaria para ser juez. No se puede ser juez
y parte, sobre todo cuando se trata de un Estado responsable; y mucho
más, cuando la guerra interna persiste sin vencedor ni vencido. Un
proceso de paz requiere de absoluta soberanía jurídica, sin injerencias
foráneas que obstruyan la reconciliación.
Sobre víctimas
De
lo que se trata es de abrir en las conversaciones de La Habana el
capítulo que permitirá establecer la verdad histórica que condujo a más
de sesenta años de desangre nacional, a la identificación de las
víctimas y a su necesaria reparación. Todo con el ánimo de resaltar la
necesidad de que el resarcimiento incluya la obligación para las
partes, del perdón colectivo, a efectos de que una vez alcanzada la paz
definitiva -de llegarse a ella-, nos obliguemos todos a un “nunca más”.
En
consecuencia, hemos propuesto que se proceda de inmediato a la
integración de la comisión de revisión y esclarecimiento de la verdad
de la historia del conflicto interno colombiano conformada por expertos
nacionales y extranjeros para que establezca la verdad de lo acontecido
durante la violencia partidista, el origen de la actual contienda como
resultado de dicho enfrentamiento fratricida, el porqué del surgimiento
de las guerrillas y el desencadenamiento desde entonces del conflicto
social armado interno.
Hemos invitado al país entero a un día de
reflexión y contrición, en el que todos los responsables por el
conflicto social armado hagan presencia masiva en todos los rincones de
la Patria adolorida. Un día para que se expresen los partidos
tradicionales y aquellos que se han desprendido de estos como
responsables que son; El Estado en cabeza del señor Presidente y sus
ministros, haciendo eco de lo manifestado por el doctor Juan Manuel
Santos ante la Corte Constitucional; las cabezas de la fuerza pública;
los paramilitares desde los sitios en que encuentren; las cabezas de
los demás órganos constituidos; quienes fueron las comandancias de
fuerzas insurgentes hoy en retiro; los ex presidentes y ex comandantes
de fuerzas, los gremios y empresarios, los medios de comunicación, las
potencias extranjeras que han apoyado a los gobiernos en la guerra
contra el pueblo, y la iglesia del régimen.
El día que se escoja
para los fines propuestos, la insurgencia se estará manifestando de
igual manera desde cada rincón de la Patria colombiana.
Sobre la propuesta de referendo del gobierno
En
la mesa debe prevalecer el principio de igualdad en momentos en que la
suerte del bien supremo de la paz está de por medio. Es con el concurso
del pueblo, mediante mecanismos confiables, evitando que se cedan
atribuciones a una sola persona, o a institucionalidades cuestionadas,
que se deben refrendar los acuerdos.
Los colombianos debemos
procurar un ente con reales atribuciones para conocer de la reforma a
la justicia, de la independencia orgánica de la jurisdicción, del
reordenamiento territorial, de la creación de un órgano electoral
independiente. Un ente que resuelva el asunto de la seguridad jurídica
que requiere el futuro de la paz.
DELEGACIÓN DE PAZ DE LAS FARC-EP
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