La pena fue impuesta por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal No.1 de esta capital al exgobernante de facto Reynaldo Benito Bignone y el excomandante de Institutos Militares Santiago Omar Riveros.
Además, a Luis Sadi Pepa, Eduardo Oscar Corrado y Carlos Tomás Macedra, detalló el Centro de Información Judicial.
También resultaron condenados Carlos José Somoza a la pena de 25 años de prisión, Hugo Castagno y Julio San Román (20 años), Eugenio Guarañabens (16), Carlos del Señor Hidalgo (15) y María Francisca Morillo (12).
La lectura de los fundamentos de las sentencias, indicó la propia fuente, fue diferida para el próximo 14 de mayo.
Campo de Mayo fue uno de los mayores centros clandestinos de detención del conurbano bonaerense, y se estima que por allí pasaron unas cuatro mil personas.
En sus instalaciones funcionaron además la maternidad clandestina conocida como El Campito y tres lugares de encierro de secuestrados.
El veredicto en el juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos en Campo de Mayo se dio a conocer en momentos cuando transcurre también aquí el enjuiciamiento de 25 represores imputados en la causa Operación Cóndor.
En los requerimientos de elevación a juicio presentados por el Ministerio Público Fiscal se señala a los acusados, entre ellos los ex dictadores Jorge Rafael Videla y el propio Bignone, como integrantes de una asociación ilícita dedicada a la desaparición forzada de personas, entre otros delitos.
Precisa que esa estructura tuvo su génesis en la dictadura militar que asumió el poder en marzo de 1976 y subraya que el objetivo del macabro proyecto era la eliminación sistemática de los opositores políticos, aún cuando su aplicación se extendió después a otros ámbitos.
Para llevar adelante esa operación se utilizaron no sólo las estructuras formales del Ejército, la Marina y el Comando Aeronáutico, sino también las del Ministerio del Interior, la Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y el Servicio Penitenciario Federal.
En el juicio por la Operación Cóndor deberán declarar alrededor de 500 testigos, por lo cual se estima que el mismo se prolongará dos años como mínimo.
Los 25 imputados deberán responder, en conjunto, por más de 220 casos de presuntas violaciones de los derechos humanos y la comisión de delitos como asociación ilícita y privación ilegítima de la libertad.
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