Andes/La Radio del Sur
(Foto: Archivo)
El grupo busca desde 2009 que Uribe testifique por el crimen, atribuido a paramilitares ligados a la empresa minera estadounidense Drummond, donde laboraban. El caso llegó hasta una corte federal en Washington (capital estadounidense) ocho años después.
La justicia estadounidense se plantea que la inmunidad solamente se aplique a los intentos de los demandantes de buscar información relacionada con acciones que el exmandatario colombiano hubiera podido emprender o datos que pudiera haber obtenido “en su capacidad oficial como funcionario gubernamental”, es decir durante su mandato como presidente (2002-2010).
No sugiere que se aplique la inmunidad en el caso de que los demandantes pretendan citar a Uribe a declarar sobre actos cometidos o información que pudiera haber recibido mientras no ocupaba un cargo oficial, o cuando tuvo conocimiento o actuó fuera de su capacidad como mandatario.
En 2009, la Corte de Apelaciones había rechazado levantar la inmunidad por considerar que Uribe, que imparte clases en Estados Unidos, contaba con ese privilegio por ser exjefe de Estado.
Según fuentes diplomáticas conocedoras del tema, con esta decisión se cerrará definitivamente la posibilidad de que Uribe se vea involucrado en el caso. El propio Gobierno estadounidense defendió la inmunidad del exmandatario.
El caso Drummond se remonta a 2001, cuando los paramilitares, supuestamente apoyados por la multinacional minera, iniciaron una campaña de terror con los asesinatos de Valmore Locarno Rodríguez y Víctor Hugo Orcasita Amaya, que ejercían entonces como presidente y vicepresidente, respectivamente, del sindicato de trabajadores de la minera estadounidense.
Uribe fue citado el pasado 22 de noviembre para dar testimonio en las oficinas de Conrad & Scherer, pero no acudió a la comparecencia.
El Gobierno de Colombia solicitó el pasado 12 de noviembre la ayuda del Departamento de Estado de EE.UU. para que se respete la inmunidad de Uribe como exjefe de Estado.
A principios de 2013, la Fiscalía General de Colombia reabrió una investigación contra el expresidente colombiano por su presunta colaboración en la creación del Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), a mediados de 1990.
Según testimonio del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, el exmandatario ayudó desde la Gobernación de Antioquia (1994-1997) a conformar el Bloque Metro y fue miembro activo de un grupo de autodefensas que delinquió en San Roque (Antioquia), al noroeste de Colombia.
Monsalve, que trabajó en la Hacienda Guacharacas, propiedad de la familia Uribe Vélez, dijo que el grupo paramilitar tuvo como miembros a los hermanos Álvaro y Santiago Uribe Vélez, a los hermanos Luis Alberto y Juan Villegas Uribe y a Santiago Gallón.
Estas declaraciones fueron recogidas por el representante de la Cámara colombiana Iván Cepeda el pasado 16 de septiembre en la cárcel de Combita, en Boyacá (oriente colombiano).
La Corte Suprema de Justicia ha condenado hasta ahora una veintena de dirigentes políticos, entre excongresistas, exgobernadores y exalcaldes debido a nexos con paramilitares, mientras que otro centenar se encuentra bajo investigación.
Entre 2003 y 2006, las AUC pactaron con el gobierno de Álvaro Uribe su desmovilización, con lo que obtuvieron beneficios procesales a cambio de la confesión de sus crímenes y la reparación a las víctimas.
Desde 2001 y hasta que se desmovilizaron los integrantes de las AUC asesinaron a cerca de 70 personas en la región del Cesar (norte).
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