Redacción ContraPunto
SAN SALVADOR – Que ninguno de los casos denunciados por la Comisión de la Verdad haya sido debidamente investigados o sido sujeto de procesos judiciales, mucho menos de condenas, ha permitido la continuación de la “tradición de la impunidad de los militares y las más poderosas familias que cometieron abusos.”
Así señala la según Oficina de Washington para América Latina (WOLA por sus siglas en ingles), en su boletín por motivo del vigésimo aniversario del Informe denominado “
De la Locura a la Esperanza: la guerra de los Doce Años en El Salvador”.
La organización también sostiene que debido a que muchos de los problemas señalados por el informe son persistentes hasta nuestros días, las conclusiones y recomendaciones del mismo siguen siendo pertinentes.
De acuerdo a WOLA, además que la Ley de Amnistía impidió que se siguiera con la recomendaciones sobre los casos de crímenes de lesa humanidad, las reformas institucionales fueron parciales e inconclusas, e incluso, el peligro del Crimen Organizado y su penetración en el Estado es más grande que el que hubo en 1993.
El 15 de marzo de 1993, la Comisión presidida por el colombiano Belisario Betancur, Reinaldo Figueredo Planchart y el juez eslovaco Thomas Buergenthal, develó su informe, bajo la consigna de investigar “actos preocupantes de violencia, cuyo impacto en la sociedad demandaba urgentemente que el publico conociera la verdad” sobre los mismos.
El informe resaltó casos específicos que ilustraban prácticas como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzosas, masacres y asesinatos por parte de escuadrones de la muerte, los cuales sucedieron durante los 12 años de guerra civil (1980-1992). En muchos de esos casos, la Comisión señaló con nombre y apellido, individuos de quienes se cree perpetuaron u ordenaron dichos crímenes.
No obstante, la Asamblea Legislativa aprobó 5 días después de hacerse público el Informe, la Ley General de Amnistía que garantizó una “completa, absoluta e incondicional amnistía a cualquier persona que participara en la Comisión de Crímenes Políticos”.
El Informe estableció que de los casos investigados y las denuncias recibidas, el 90 por ciento de los crímenes contra los derechos humanos durante la Guerra Civil, fueron hechos por agentes del Estado.
Este emplazamiento choca con los dichos de distintos ex oficiales del ejército durante la guerra, entre ellos el del General y parte del equipo de negociación de la paz por parte del Gobierno, Mauricio Vargas, quien en repetidas ocasiones ha cuestionado la jurisdiccionaldad de la Comisión y la ha catalogado como un compendio de “historias omitidas y verdades unilaterales”.
Actualmente, el trabajo que no han hecho los tribunales salvadoreños lo han retomado otros países, principalmente Estados Unidos con los casos del el ex viceministro de Defensa Inocente Montano, uno de los implicados por la Comisión en la masacre de los sacerdotes jesuitas de la UCA; además del ex General José Guillermo García, señalado por participar en la masacre de El Mozote.
En el caso de Montano, que si bien es procesado por fraude migratorio, el mismo gobierno de EE.UU ha señalado que el ex oficial incurrió en prácticas violatorias de derechos humanos, mientras que el ex general García tuvo que admitir ante un juzgado que en El Salvador se cometieron este tipo de atrocidades.
Otra preocupación de WOLA es que a 20 años del Informe, El Salvador experimente altos niveles de extorción, robo, hurtos, violencia doméstica y crimen organizado en distintas manifestaciones.
Por otra parte, se pone el dedo en el renglón en la permeabilización del Estado por parte de grupos del crimen organizado, factor causado por el no desarrollo de instituciones eficientes y transparentes y la falta de recursos para combatir los delitos. Estos factores fueron observados 20 años atrás en el Informe.
La línea que divide las actividades del ejército y las fuerzas armadas también se ha ido diluyendo durante estos 20 años, según WOLA. Ya que con el despliegue de elementos militares para tareas de seguridad y la llegada de personas con pasado en la institución castrense a fungir la responsabilidad de la política de seguridad del país, a juicio de la instancia se contraviene lo establecido en los Acuerdos de Paz, que también fue apoyado por la Comisión de la Verdad.
“El Salvador y sus amigos en la comunidad internacional deben enfrentar estos retos para consolidar el estado moderno y democrático al que llamó la Comisión de la Verdad y que el país se merece”, finaliza WOLA en su boletín.
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