Guatemala
Esta
últimas dos semanas han sido importantes para la historia de Guatemala,
en tanto que se inició, después de muchos años de ser postergado, el
juicio por genocidio y delitos de lesa humanidad contra Efraín Ríos
Montt, ex jefe de estado en el periodo 1982-1984, y el militar José
Mauricio Rodríguez Sánchez, época en la que se documenta altos niveles
de violencia caracterizada por masacres (aldeas arrasadas),
desapariciones selectivas individuales y colectivas de activistas,
campesinos, estudiantes, profesionales de las diferentes áreas del
conocimiento.
Quiero puntualizar en este artículo, para no redundar en todo lo que otras personas han escrito al respecto a favor o en contra de considerar que Ríos Montt y otros militares cometieron genocidio (“delito internacional que comprende cualquiera de los actos perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal; estos actos comprenden la matanza de miembros del grupo, lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo, sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial, medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo, traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo”), un argumento, una estrategia fundamental que sirve para establecer que la intención de las fuerzas de seguridad de ese momento, amparadas en el sector productivo y el apoyo político, económico, de los Estados Unidos (según se refleja en diferentes documentos desclasificados que así lo demuestran) fue cometer genocidio contra el pueblo maya.
Por mi trabajo en el tema de niñez y adolescencia, quiero hacer referencia a la estrategia que fue denominada por ellos mismos en sus planes de destrucción como la destrucción de la semilla y que fue documentada por el Informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico y por el Informe de Recuperación de la Memoria Histórica. Dicha estrategia refleja la intencionalidad de ejército de terminar con grupos específicos, indígenas, rurales en su mayor porcentaje, comenzando con la niñez, con el fin de “cortar el mal de raíz”.
Los niños y niñas fueron víctimas de ataques indiscriminados tanto como testigos de la violencia cruel contra sus familias y sus comunidades, que causó enorme impacto en su salud mental, así como la violencia directa contra ellos mismos, quienes engrosaron el número de víctimas asesinadas cobardemente, en los brazos o en los vientres de sus madres.
La niñez también fue víctima en la huida de sus comunidades acompañados o no por miembros de su familia, donde sufrieron hambre, sed, persecución, bombardeos, pérdida de sus familiares, y hasta la muerte. Algunas de estas condiciones los convirtió en huérfanos de guerra, situación que fue aprovechada por el ejército de Guatemala para secuestrarlos y darlos en adopción ilegal dentro y fuera del país.
Pero también fue relevante la militarización de la niñez y adolescencia, quienes fueron obligados a engrosar las filas del ejército y de las Patrullas de Autodefensa Civil –PAC- forzándolos a cometer asesinatos contra personas de aldeas vecinas, con el daño concomitante a su salud mental.
La intención de la violencia cometida contra las personas menores de edad de Guatemala no puede ser entendida de otra manera, sino en términos de lograr el exterminio del grupo étnico al que pertenecía.
Además de otros análisis aportados por los sectores de mujeres, de derechos humanos, sumar éste es central para aclarar que los delitos cometidos contra la niñez y adolescencia
guatemalteca deben ser tipificados como genocidio y delitos de lesa humanidad. Los culpables deben ir a juicio y asumir sus culpas.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de la autora mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
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