Por Fernando de Dios/Damaris Aguilar
SAN SALVADOR - Se cumplen 22 años de uno de los actos más abyectos de la historia salvadoreña, la masacre de los padres jesuitas de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA).
Seis religiosos, una de sus empleadas y la hija de ésta murieron a manos de un batallón del Ejército salvadoreño en la mañana del 16 de noviembre de 1989. La orden partió del Alto Mando de la Fuerza Armada, que en aquel momento enfrentaba la ofensiva guerrillera "Hasta el tope" sobre la capital del Estado.
Un aniversario más de este hecho que marcó el curso de la guerra que se libraba en El Salvador desde 1980 hacia su final y puso al país en las portadas de los medios internacionales, una vez más, por los desmanes de su ejército.
Un día que para la UCA y para mucha más gente supone el recuerdo de las figuras de sus mártires, Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró, Segundo Montes, Juan Ramón Moreno, Armando López, Joaquín López López, Elba Ramos y Celina Ramos.
Pero este 2011 la conmemoración está condicionada por un proceso judicial en el que se ha puesto nombre y apellidos a los supuestos responsables de sus asesinatos, que coinciden en su mayoría con los nombres y apellidos de los máximos responsables militares de aquel momento.
Ese proceso judicial no tiene lugar en El Salvador, sino en España, ya que cinco de las víctimas eran de esa nacionalidad.
El juez de la Audiencia Nacional Española Eloy Velasco instruye una causa que está poniendo a prueba la institucionalidad democrática del Estado salvadoreño, que ha mostrado hasta el momento que aun no está preparada para saldar cuentas con un pasado sombrío y violento.
Tras cursar órdenes internacionales de detención contra los 20 imputados en esa causa, que se convirtieron en difusiones rojas de la policía internacional Interpol, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador decidió que esas personas no podían ser detenidas por no existir petición formal de extradición por parte del Estado español.
El máximo tribunal del país consideró que solo eran órdenes de localización y decidió dejar en libertad a nueve ex militares que al conocer de la llegada de esas órdenes se habían presentado en la Brigada Especial de Seguridad Militar (BESM) y habían estado allí "resguardados" más de dos semanas.
El gobierno de El Salvador, en la figura de su presidente, concordó plenamente con esta decisión, que fue descalificada por expertos en derecho a ambos lados de Atlántico.
El siguiente paso a tomar por el juez Velasco era pedir al gobierno español que solicitara formalmente la extradición de estas personas al gobierno salvadoreño, trámite cuya no existencia se había ocupado como argumento para no ejecutar las órdenes de detención.
Esa petición del juez ya se ha producido, como se conoció el pasado 8 de noviembre. Por tanto, el Estado salvadoreño volverá a estar a prueba cuando lleguen las solicitudes de extradición. Y será nuevamente la CSJ la encargada de decidir si concede esa extradición o no.
Tal y como explica la abogada Almudena Bernabéu, del Centro para la Justicia y la Responsabilidad (CJA, por sus siglas en inglés), el juez está realizando aquello que fue demandado por los magistrados salvadoreños.
"El Juez ahora está haciendo lo propio. Éste es el primer envío de tres, en los que todas las solicitudes de extradición serán enviadas" explica.
Tal y como hizo con las órdenes de detención, Velasco primero requiere a 13 de los imputados y en sucesivas peticiones requerirá hasta a 18 de los 20 implicados en la causa.
"Él envió primero 13 órdenes (de detención), y después las restantes, hasta 18. Él ahora va a hacer lo mismo, ha enviado la solicitud (de extradición) al Ministerio de Justicia (de España) de 13, y esta trabajado las restantes" detalla Bernabéu.
De los siete restantes, dos están viviendo en Estados Unidos, uno de ellos, el coronel Inocente Orlando Montano, en prisión a la espera de juicio por fraude migratorio; otros dos no están localizados y dos más estarían colaborando con el juez. El séptimo es René Emilio Ponce, que falleció hace unos meses.
Aunque no muestra confianza en la CSJ de El Salvador, la abogada dice confiar en que " haga lo que debe hacer, y cumpla la ley. Al menos, va a ser importante e histórico someterla a tal presión."
La directora ejecutiva de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), María Silvia Guillén, es también escéptica ante la postura que van a tomar los magistrados, aunque no ve cómo van a negarse a cumplir con la petición del gobierno español.
"Yo tengo la percepción de que hay en la Corte algunos magistrados que están en una actitud muy negativa de darle cumplimiento a esto; el problema es que dadas las circunstancias y el momento en que se está ahorita, yo no sé qué argumento van a poder utilizar para negarse a la extradición", cuestiona Guillén.
"La única excusa seria seguir protegiendo a los criminales de guerra", apostilla.
En caso de que tal cosa ocurriera, para la jurista salvadoreña sería una vergüenza para el Estado salvadoreño, que estaría incumpliendo tratados internacionales que son leyes de la República según la Constitución.
No obstante, dada la trayectoria de la CSJ en este caso, es de esperar que se niegue a extraditar a los ex militares. El caso entonces quedará pendiente de que Estados Unidos reciba y conceda la extradición a España del coronel Montano.
Sería la forma de abrir la vista pública en el tribunal español y poder emitir una sentencia, que de ser condenatoria, convertiría a los acusados en fugitivos de la justicia internacional y les impediría salir de territorio salvadoreño.
En opinión de Almudena Bernabéu, hay muchas posibilidades de que les Estado norteamericano acceda a extraditar a Montano, aunque será un trámite que llevará tiempo por estar pendiente de un juicio en Estados Unidos.
"De momento quieren mantenerlo en la cárcel por los fraudes cometidos allá, lo mas largo posible, pero hay muy buenas expectativas", afirma la abogada.
Tampoco espera que el gobierno salvadoreño presione al estadounidense para que no conceda esa extradición, algo que en su opinión "sería ridículo".
"El procesamiento de Montano está por anunciarse y sabemos que el gobierno norteamericano esta pidiendo varios años de prisión", señala Bernabéu.
Por tanto, la búsqueda de justicia en este caso continúa. "El trabajo, mucho por hacer, sigue adelante", afirma la abogada.
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