El proceso cuenta desde la víspera con un componente nuevo, puesto que todos los acusados plantearon evidencias para desvirtuar los cargos en su contra y al menos seis de ellos pidieron el cese de su detención. Cada recurso debe ser respondido por la fiscalía y el ministerio de Gobierno.
Por su parte, el fiscal Sergio Céspedes reveló la existencia de los elementos probatorios y solicitó se notifique a los acusadores para pronunciarse este viernes sobre sus argumentos de sustento, y así evitar posibles fallas de procedimiento.
Asimismo, el juez de Instrucción Ricardo Maldonado asintió que los implicados presentaron en tiempo oportuno sus elementos y los mismos serán puestos a conocimiento del ministerio Público y el ente acusador.
El fiscal Marcelo Soza explicó que el procedimiento de esta audiencia permite que las partes presenten esos testimonios.
Sin embargo, dijo que no se conoce la cantidad exacta de recursos y se esperará la notificación respectiva para su análisis, pero entre tanto se atenderán las solicitudes de cesación de detención de al menos seis de los acusados.
Este viernes el ministerio de Gobierno hará su intervención para desvirtuar todos esos fundamentos y posteriormente el juez emitirá una resolución, añadió.
El abogado Orlando Reyes mencionó que todos los implicados plantearon pruebas para desvirtuar los cargos en su contra, pero estimó se deberá considerar primero los elementos de los solicitantes de cesación de detención preventiva.
A su vez, el Juez de Instrucción sostuvo que el procedimiento hace necesario que los acusadores se pronuncien sobre esos elementos, porque tienen los mismos derechos de los complicados para objetar cada uno.
Añadió que el fiscal puede también presentar la exclusión de algunas pruebas presentadas por los acusados.
La autoridad judicial declaró la víspera un cuarto intermedio en el proceso, y vaticinó que la audiencia conclusiva podría culminar esta tarde.
Cuando finalice esta parte del proceso, que tiene lugar en la Corte del Distrito Judicial de Cochabamba, comenzará la preparación del acto procesal para el juicio oral.
Este caso se investiga desde abril de 2009, cuando la policía desarticuló una célula terrorista en un céntrico hotel de la ciudad de Santa Cruz (este), liderada por el boliviano-croata Eduardo Rózsa Flores, quien murió en la acción al igual que dos de sus colaboradores, además de la captura de otros dos de sus miembros.
Los mercenarios planeaban actos terroristas y secesionistas para desestabilizar al gobierno de Evo Morales.
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