Alternativa Latinoamericana

Panamá: Martinelli revive las Fuerzas de Defensa y el G-2 de Noriega

La política de seguridad del Gobierno se orienta más a reprimir al pueblo que a frenar la ola de crímenes.

Las cifras son alarmantes. De acuerdo a los datos suministrados por algunos medios de comunicación, en Panamá, el promedio de homicidios en los 2 primeros meses del 2010 se mantiene en 2.3 muertes cada 24 horas, es decir un asesinato cada 11 horas de intervalo.

Esta cifra revela que la violencia se mantiene en los mismos niveles que en el 2009 (año record), cuando se completaron 806 homicidios en todo el año, 156 casos de asesinato más que en el 2008. Además, de acuerdo a las estadísticas llevadas por el diario El Siglo, se derrumba otro mito creado por las autoridades y los voceros norteamericanos para justificar la instalación de bases aeronavales y otras medidas. Según esos datos el narcotráfico sólo se relaciona con 14 de los 137 casos suscitados en los dos primeros meses del año.

En los escenarios que se le preparan para su constante intromisión en los asuntos internos de Panamá, la Embajadora de Estados Unidos, Barbara Stephenson señaló que: “el número de homicidios en Panamá ha aumentado, de 363 en el año 2006, y alrededor de 350 por muchos años antes, a 808 homicidios en 2009. Igualmente hemos observado un alarmante aumento en la cantidad de cocaína y otras drogas transitando por los mares y tierra panameño, dejando una estela de muerte y corrupción”.

Insiste la embajadora en el tema de los delitos relacionados con el narcotráfico, pues ello es lo que sustenta la política militar intervencionista norteamericana en la región. Sin embargo, ya se ha señalado que de los 137 asesinatos registrados en los 2 primeros meses del año en Panamá, sólo 14 están vinculados al narcotráfico. La situación es mucho más grave en Estados Unidos, país que, pese a todos los recursos que posee, el tráfico de drogas ilícitas y los delitos relacionados con ello siguen en aumento, siendo el país de mayor venta y consumo de estupefacientes. Pese a ello, los empresarios y representantes de Gobierno siguen consumiendo las recetas que le dicta la procónsul norteamericana.

Las palabras de Stephenson se dieron en el Seminario “El Narcotráfico y la Delincuencia Organizada y su impacto en el sector empresarial” organizado por APEDE el pasado 18 de marzo, Día de la Gran Marcha del Pueblo.

En un documento entregado por la Embajada, de acuerdo a La Estrella de Panamá (Columna “La Llorona”, 24 de marzo de 2010), “en la ciudad de Nueva York la tasa de homicidios por cada cien mil habitantes es de 5.7; en Brooklyn: 8 y en el Bronx: 8. En todo Panamá es de 23 por cada cien mil; la ciudad de Panamá: 35 y en Colón: 50 por cada cien mil.”

De ser ciertos estos datos las ciudades de Panamá y Colón tendrían cifras muy superiores, por ejemplo, a Bogotá, Colombia, donde hay 22.7 homicidios por cada 100 mil habitantes. La cifra sorprendente de la ciudad de Colón la colocaría muy cerca de países como Honduras y El Salvador y por encima de Guatemala y de las ciudades más violentas de México. De acuerdo con un Informe sobre Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD-2009), Guatemala, Honduras y El Salvador, que forman el denominado “Triángulo del Norte”, es la zona más violenta en el mundo en cuanto a delincuencia ordinaria. En México y Colombia operan los principales carteles de la droga, a pesar de los miles de millones de dólares destinados por Estados Unidos a esos países en equipos, pertrechos, instalaciones, entrenamiento, bases militares y asesoría.

Proviniendo estas informaciones de la Embajadora gringa, sus palabras se constituyen en un reconocimiento del fracaso de las políticas de ese país, que como se sabe tutela la política de seguridad de Panamá, cuyas autoridades siempre han estado a sus pies.

Otros datos indican que diariamente en Panamá se producen más de 190 delitos. Es decir un delito cada 7 minutos. Los centros penitenciarios de Panamá mantienen más de 10 mil reos, superando así la capacidad física de esas instalaciones diseñadas para albergar unos 7 mil presos, según información del propio Ministerio de Gobierno y Justicia.

La ciudadanía vive atemorizada por estos índices de criminalidad. Los que sufren mayormente esta situación son los barrios pobres y marginados habitados por trabajadores y desempleados.

Existe una relación directa entre el aumento de la pobreza, marginalidad, la falta de oportunidades, de empleos dignos y el incremento de los niveles de criminalidad en el país.

El propio Banco Mundial, cuyos lineamientos han seguido al pie de la letra los distintos gobiernos, también ha reconocido en un informe divulgado recientemente que, pese al cacareado crecimiento económico de Panamá, las cifras de pobreza no mejoran y siguen siendo críticas, sin embargo, este organismo financiero avala y sigue conduciendo las políticas económicas y sociales del nuevo Gobierno, haciendo énfasis en las reformas tributarias de Martinelli, su improvisado proyecto de transformación curricular que busca generar mano de obra barata para los empresarios y otras medidas que han puesto en ejecución los gobernantes de turno.

Así lo reconoció la directora del Banco Mundial para América Central, Laura Frigenti durante la reunión de la “crema y nata de empresarios y multimillonarios en Panamá”, el vergonzoso Foro denominado “Panamá: ¡No te lo pierdas!” (Panama: It’s Happening), donde los gobernantes de turno ofrecieron un triste espectáculo del más humillante entreguismo y donde el Presidente Martinelli se dirigió en inglés a los presentes, quizás para que muchos panameños no se percataran de su más vergonzosa sumisión ante los grupos de poder económico, él que suele presentarse como “hombre fuerte” al estilo de Noriega.

Por ejemplo, según La Prensa, “Ante más de 200 empresarios de todo el mundo, reunidos en Panamá, el Presidente Ricardo Martinelli se comprometió este miércoles en cambiar la legislación minera para atraer capital y explotar los recursos existentes en el país.

“El mandatario panameño aseguró que Corea, como país, ha manifestado interés de invertir en la industria minera y si para ello se necesita cambiar el Código Minero, lo hará.”

“Con mucho gusto la cambiamos [la ley]. Yo quiero que el Gobierno coreano, junto con accionistas canadienses, norteamericanos y de la bolsa de valores, desarrollen esa mina [yacimiento de cobre de cerro Colorado en la comarca Ngäbe Buglé]”, expresó Martinelli.

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