BBC MUNDO refiere que el Parlamento Europeo tiene encendidas todas las alarmas después de que Amnistía Internacional (AI) denunciara que unas 150 empresas de la región comercian con dispositivos de tortura considerados ilegales dentro de la Unión Europea.
Se trata de cinturones y esposas con descargas eléctricas de hasta 50.000 voltios, bastones policiales eléctricos o con puntas de metal, grilletes combinados o sprays de sustancias químicas que se venden en países en vías de desarrollo como México o Venezuela.
Si bien ningún país miembro de la Unión Europea puede ofrecer tales dispositivos tras la entrada en vigencia de una ley regional en 2006, las lagunas legales que este reglamento tiene, han permitido -según AI y el propio europarlamento- que los estados hayan hecho la vista gorda en este lucrativo mercado.
Estas empresas, en su mayoría con base en España, Italia, Francia, Alemania, Hungría y la República Checa, son distribuidoras legales de productos para fuerzas policiales y de seguridad, pero entre su oferta hay dispositivos para el maltrato humano. No sólo los gobiernos han autorizado la exportación e importación de equipos cuyo “único fin es la tortura” sino que 20 de los 27 países miembros no han cumplido con la obligación de informar de ello a la UE, apunta BBC MUNDO.
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