El Salvador
“Por
supuesto que hay una lucha de clases, pero es mi clase, la clase de los
ricos, la que la está haciendo y la que la va ganando”. Warren Buffet, 2009
La portada del periódico ultra-conservador salvadoreño El Diario de Hoy del pasado 17.01.2014 no pudo ser más elocuente: “Gobierno retrocede y aplaza cobro aduanal”. Atinado epilogo para el nuevo triunfo del Capital nacional y transnacional sobre el Gobierno de El Salvador, que fue logrado gracias a la aprobación de un decreto legislativo que suspendió el cobro de la tarifa de $18.00 en concepto de revisión de mercancías en las aduanas terrestres y que había entrado en vigencia apenas una semana antes.
El acuerdo de suspensión fue alcanzado por unanimidad en el Congreso a solicitud del propio Ministro de Hacienda siguiendo instrucciones del Presidente Mauricio Funes. La decisión del gobierno se tomó luego de reconocer su incapacidad de insistir en el cobro de dicha tarifa ante los efectos económicos, sociales y políticos ocasionados por la protesta de los grandes empresarios del transporte de carga, quienes mantuvieron bloqueadas las aduanas durante una semana, con el apoyo unánime de las asociaciones empresariales aglutinadas en la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) y del partido ARENA.
La lucha desarrollada en esta ocasión por el sector empresarial se realizó mediante una estrategia de presión que desabasteció a los mercados populares y generó problemas de movilización a miles de personas. Sin embargo, ningún medio de comunicación, editorialista o columnista, se atrevió a señalar esta acción como ilegal o inmoral. Se trató de una demostración de fuerza que tampoco justificó por parte del gobierno el uso de medidas “disuasivas” por parte de la UMO (Unidad de Mantenimiento del Orden), tal como suele ocurrir cuando son las organizaciones populares y/o las comunidades las que intentan tomarse calles o edificios en defensa de sus intereses y demandas.
Las gremiales empresariales actuaron de forma organizada, coordinada y disciplinada. Hicieron uso de todos los medios a su alcance para crear en la opinión pública la idea que la suspensión del cobro era un tema de interés nacional y que mantenerlo era una muestra más de la incompetencia gubernamental. El gobierno quedó aislado en la defensa de esta medida, y finalmente, como suele ocurrir en el tema económico, no tuvo más remedio que ceder y retroceder. Mientras tanto, el servicio de revisión de mercaderías por medio de scanner continuará realizándose en las fronteras, pero no serán las empresas las que tengan que pagar por ese servicio. Será el Ministerio de Hacienda quien deberá echar mano de fondos públicos para continuar pagando a la empresa suiza alemana COTECNA – SMITH, que tiene la concesión de este servicio público por un plazo de 10 años.
Más allá de los costos fiscales que la suspensión de este cobro generará a las ya deterioradas finanzas públicas (el Ministro de Hacienda ha declarado que el consorcio COTECNA-SMITH tenía proyectado ingresos anuales por $10 millones por la inversión realizada en la modernización de las aduanas), este caso amerita ser analizado por las lecciones que la ANEP y sus aliados han impartido sobre el complejo tema del poder y de la lucha de clases.
En primer lugar, ANEP y sus gremiales nos han hecho recordar que las políticas públicas (y en particular la política fiscal) no son el resultado de ejercicios técnicos ni tampoco de acuerdos nacionales por el bien común. Las políticas públicas son sobre todo y ante todo, el resultado de relaciones de poder, en las cuales las clases y grupos que tienen el control de las estructuras de poder (económico, político, mediático, social, cultural, religioso, etc.) imponen sus intereses al resto de clases y sectores que carecen de ese control y/o que lo tienen de forma precaria.
En segundo lugar, la ANEP y sus gremiales han demostrado que la clase capitalista no necesita estar en el gobierno para que sus intereses sean consideraos como los objetivos prioritarios de las políticas económicas. Esta clase no necesita que el partido ARENA gane para tener el poder, porque ya lo tiene. Esta clase sabe que sus intereses se mantendrán a salvo en la medida que los sectores de la clase trabajadora y demás clases subalternas (incluso las dirigencias y bases del partido FMLN) estén convencidas que necesitan al Capital para lograr sus propios objetivos y en la medida que carezcan de un proyecto económico contra-hegemónico a los intereses y a ideología del Capital.
En tercer lugar, la lucha de estas organizaciones empresariales ha evidenciado que el poder se demuestra en la calle, en las “barricadas”, y no solamente en las mesas de negociación política y/o en el lobby legislativo. Cuando la incidencia y la negociación no dan los resultados esperados, es tiempo de tomarse las calles (o las aduanas).
Mientras los sectores de izquierda partidaria y sus intelectuales orgánicos se encuentran abocados a la lucha electoral (con una estrategia que incluye amplias alianzas con ciertas fracciones del capital nacional), y el resto de la población se mantiene entretenida con los “reality shows” de la política nacional, la ANEP y sus gremiales han sentado valiosas lecciones sobre cómo se lleva delante de forma exitosa la lucha de clases. Lo interesante es que estas lecciones provienen de una clase social que niega que tal lucha de clases exista, aunque por el momento, la esté ganando.
Julia Evelyn Martínez es profesora de la escuela de economía de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA) de El Salvador.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de la autora mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
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