Transiciones de la democracia en América Latina y el Caribe en el siglo XXI
Artículo basado en mi ponencia presentada en el XXIX Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología ALAS Chile 2013, Santiago de Chile, 30 de septiembre de 2013
Pacarina del Sur
Tras la reconfiguración política que ha vivido América Latina y el
Caribe desde el levantamiento zapatista de 1994, en México, y la llegada
de Hugo Chávez al poder en Venezuela, en 1998, la democracia en la
región ha experimentado una profunda transformación, consolidándose no
sólo en su vertiente representativa, sino también avanzando
sustancialmente hacia un modelo participativo, sobre todo en aquellos
países inmersos en una transición de signo socialista, --con enormes
obstáculos y contradicciones internas y externas--, como Venezuela,
Bolivia y Ecuador, además del desarrollo del modelo cubano. Paralelo a
los sistemas políticos del Estado, también destacan experiencias como
las del zapatismo en México y el MST en Brasil, que construyen sus
propias estructuras de democracia directa. Tanto teórica como
empíricamente, América Latina y el Caribe están presenciando la
construcción de una democracia de orientación socialista, contrastando
con la interpretación y vivencia que ésta tuvo durante el llamado
socialismo real en el siglo XX.
La
reconfiguración política de la región latinoamericana y caribeña en la
primera década del siglo XXI, tiene como antecedentes inmediatos no
sólo los procesos políticos y las luchas populares que se producen
desde fines de los setenta hasta los inicios de la década de los 90s,
sino dos acontecimientos claves e inéditos que se caracterizan por su
carácter popular y que también inciden en el panorama mundial: el
levantamiento zapatista del primero de enero de 1994 – rebelión armada
contra el modelo neoliberal, justo en su apogeo-, y el inicio de la
Revolución Bolivariana en Venezuela, a partir del triunfo de Hugo
Chávez en las elecciones presidenciales de 1998. Ambos acontecimientos
repercuten en la geopolítica latinoamericana, pero también en el
proceso de consolidación de espacios y formas de lucha en el ámbito
mundial en contra de la transnacionalización neoliberal. Los zapatistas
marcan una ruta de las luchas sociales, mientras la revolución
bolivariana la vía de la transformación estatal-institucional.
Estos cambios regionales se expresan en el establecimiento de gobiernos
de izquierda a partir de la llegada de Chávez, ya en sí, un verdadero
acontecimiento histórico. En orden cronológico destacamos el arribo a
la presidencia de Lula en Brasil (2002), Néstor Kirchner en Argentina
(2002), Tabaré Vázquez en Uruguay (2004), Evo Morales en Bolivia
(2005), Daniel Ortega en Nicaragua (2006), Rafael Correa en Ecuador
(2006), Fernando Lugo en Paraguay (2008) y Mauricio Funes en El
Salvador (2009). En lo sucesivo, se da la continuidad de los proyectos
con algunos de estos líderes en el gobierno, salvo Paraguay, dónde
Fernando Lugo es destituido mediante un golpe legislativo, además de
que fallecen los presidentes Néstor Kirchner y Hugo Chávez.
Hay
que señalar la participación de una izquierda de composición
heterogénea, en la que el bloque conformado por Venezuela, Bolivia y
Ecuador realiza cambios estructurales a partir de Asambleas
Constituyentes con amplia legitimidad popular, mientras que en el resto
de los países tan sólo se experimentan limitadas reformas al modelo
neoliberal, exceptuando el caso de Argentina, que reconstruye la fuerza
política y económica del Estado logrando revertir el profundo deterioro
en las condiciones de vida de la población y recuperar el control del
mercado interno.
Como resultado de estos cambios, se desarrolla
un histórico proceso de integración económica, política y cultural. Se
fortalece el MERCOSUR y se crean organismos regionales de gran alcance
como ALBA, UNASUR y CELAC, además de iniciativas más específicas en el
campo de los energéticos, las transacciones financieras y hasta en el
ámbito de las comunicaciones, como Petrocaribe, Petrosur, Banco del Sur
y Telesur, todos ellos impulsados particularmente bajo el liderazgo del
Presidente Chávez.
Tal proceso de integración latinoamericana
y caribeña, inédita, puede interpretarse como el inicio de procesos que
buscan, a contracorriente, una salida nacional y popular al modelo
neoliberal impuesto y logran un claro debilitamiento de la hegemonía
económica y política estadounidense en la región, por el desplazamiento
de instancias de supuesta integración, antes diseñadas y controladas
por su gobierno, como la OEA, el BID y el intento del ALCA, entre otros.
Crisis de la democracia representativa
El
modelo político hegemónico en el hemisferio occidental, después de la
segunda guerra mundial, la democracia liberal o representativa, se
erigía frente a los regímenes del llamado socialismo real como la
panacea de la libertad y la garantía de un verdadero sistema de
representación política democrática, auténtica y efectiva. Es el
período del llamado Estado benefactor, que lograba combinar una
participación ciudadana limitada a partir de concesiones de un
capitalismo que garantizaba cierta seguridad socioeconómica para la
clase trabajadora de la sociedad.
En el contexto de la
revolución cubana y el surgimiento de guerrillas en diversos países de
la región, Estados Unidos impone y apoya, junto a los grupos
oligárquicos y sus ejércitos, un período de dictaduras militares que
frustraron procesos democráticos para evitar la supuesta expansión del
socialismo y la posible influencia de Cuba. No obstante, hacia mediados
de la década de 1980, Washington se pronunciará tácticamente contra las
dictaduras que había sostenido, a la par que se va imponiendo el modelo
neoliberal a través de una profunda transformación del Estado,
iniciando la llamada transición a la democracia. En realidad se
trató de una política que garantizaba que los militares pactaran la
entrega del poder con los civiles que no se opusieron frontalmente al
oprobio dictatorial, a cambio de la impunidad y de mantener básicamente
intacta a la institución castrense.
En este contexto tiene
lugar el arribo por la vía electoral de Jaime Roldós en Ecuador (1979),
Fernando Belaúnde en Perú (1980), Raúl Alfonsín en Argentina (1983),
Julio María Sanguinetti en Uruguay (1985), José Barney en Brasil (1985)
y Patricio Aylwin en Chile (1990).
Desde la perspectiva de Norbert Lechner (2003), esta etapa se puede entender bajo el concepto de democracia restringida,
la cual se limita a la celebración de elecciones periódicas, sin
participación ciudadana en la toma de decisiones en los asuntos de
gobierno, buscando, “fortalecer el poder ejecutivo para que pueda
imponer libre de presiones populares los <> de la modernización económica”.
Al respecto, Guillermo O’Donnell (1994) -quien introduce el concepto de democracia limitada- define
los niveles de la democracia a partir del cumplimiento de normas con
las cuales puede valorarse. Esta visión forma parte de una corriente de
la ciencia política en la que destacan las ideas de Bobbio (1985) y
Dahl (1989), para quienes se puede hablar de democracia en un país o en
un contexto determinado, solo si se cumplen un conjunto de requisitos.
De acuerdo con Dahl, el ideal de democracia se sustenta en una sociedad
que garantice la libertad de asociación, expresión, el derecho al voto
y a ser electo a cualquier cargo de representación, así como el derecho
de los candidatos o líderes políticos a competir y buscar apoyo y
votos; esto es, elecciones libres e imparciales, y las instituciones
que aseguren que la política de los gobiernos descanse en las
votaciones y otras formas de expresar la voluntad del ciudadano. (p.15)
Aquí optamos por el concepto de una democracia tutelada,
destacando su carácter limitado y restringido, que se inserta en la
transformación de un Estado benefactor a uno neoliberal. En este
sentido, López y Rivas (2010), plantea más específicamente que:
El
proyecto conservador pretende que haya democracia, sin justicia social,
sin liberación nacional, sin derecho a escoger una política económica
distinta de la neoliberal, ni un gobierno democrático con fuerte apoyo
popular. Propone una democracia sin opciones en la que vote la minoría
de los ciudadanos para escoger entre un pequeño grupo de políticos
profesionales cuyas diferencias ideológicas y programáticas son
insignificantes.
Partimos entonces de la tesis de que algunos
países latinoamericanos y caribeños se encuentran en una etapa de
transición del modelo de democracia tutelada a una democracia de orientación socialista.
Construyendo la democracia socialista
La
revolución cubana fue un proyecto inédito en la región que desde sus
inicios fortaleció las perspectivas de transformaciones estructurales y
democráticas, a la par que generó el rechazo del gobierno
estadounidense al estigmatizarla como un proceso totalitario y
antidemocrático.
Pese a que no cumple con todos los requisitos
formales que propone Dahl, según su ideal de democracia, esta
revolución instituye un sistema parlamentario basado en la democracia
participativa, sin la existencia de los tradicionales partidos
políticos: el Partido Comunista de Cuba (PCC) se concibe como un factor
de unidad política de la sociedad, y no una institución en los términos
electorales de la democracia representativa, ni como vía de acceso a
puestos de representación o de gobierno. De hecho, el PCC no participa
como tal en las elecciones, al partido sólo pertenecen alrededor de 500
mil cubanos y se incorporan las personas consideradas más comprometidas
con la Revolución, las más participativas y destacadas en su trabajo.
En el sistema político cubano, las organizaciones de masas representan
uno de los soportes fundamentales y son el espacio de participación y
discusión por excelencia. La mayoría de quienes se desempeñan en los
poderes ejecutivo y legislativo provienen de estas instancias
organizativas. Entre las principales, destacan la Unión de Jóvenes
Comunistas (UJC), en la que militan alrededor de un millón y medio de
personas de entre 17 y 35 años de edad; la Federación Estudiantil
Universitaria (FEU), que aglutina a los estudiantes de nivel superior y
de posgrado; la Central de Trabajadores de Cuba (CTC); la Federación de
Mujeres Cubanas (FMC); la Unión de Escritores y Artistas de Cuba
(UNEAC); entre las numerosas organizaciones que existen en esta
sociedad.
Así, en la democracia participativa cubana funciona
un sistema electoral que organiza cada cinco años comicios generales
para elegir diputados provinciales y nacionales, y cada dos años y
medio, diputados municipales, de quienes se desprenden los órganos de
gobierno en sus diferentes niveles, estructura similar al sistema
parlamentario tradicional. Los ciudadanos mayores de 16 años tienen
derecho al voto, el cual es libre, directo y secreto, así como a ser
electos a partir de esa misma edad, y 18 años cuando se aspira a una
diputación nacional.
Los candidatos que se presentan en los
comicios son postulados a través de asambleas públicas en las que la
población decide de forma directa. No existen campañas de promoción,
son las Comisiones Electorales las que difunden la trayectoria política
y laboral de los (as) candidatos (as), para lo cual generalmente se
colocan sus datos básicos y aspectos significativos de su trayectoria
en lugares públicos de la sección electoral respectiva.
Como
cualquier sistema político en el mundo, el cubano tiene sus
limitaciones, pero garantiza una amplia participación de la sociedad.
Lo hace diferente el hecho de que no existen partidos políticos en su
lógica tradicional, en cambio, funcionan mecanismos de la democracia
directa como la revocación del mandato, el cual se puede ejercer en
cualquier momento y con funcionarios de cualquier nivel, la rendición
de cuentas y una práctica de debate y consulta en torno a los asuntos
públicos de mayor importancia, tal y como sucedió previo a la
aprobación en el Parlamento de las últimas reformas de carácter
económico y social que se dieron en la isla en los años recientes.
Se ha estimado que, con frecuencia, en los comicios vota el 95% de los
cubanos inscritos en el padrón electoral. El proceso es vigilado por la
organización infantil de los pioneros, y existe la presencia de
periodistas nacionales y extranjeros.
No obstante, el análisis
del sistema político cubano no suele descansar en una mirada crítica
rigurosamente fundamentada. Todo lo contrario, este es casi siempre
animado por razones políticas y un exacerbado etnocentrismo que no
concibe otras formas posibles de hacer política, ni reconoce que una
sociedad puede funcionar fuera del modelo tradicional de los partidos
políticos. ¿Acaso en el resto de la región, incluyendo México, en el
que prevalece el sistema de partidos, se cumplen los requisitos que el
mismo Dahl propone para afirmar que impera un régimen democrático? ¿Los
cargos de representación popular no suelen ser fuente de muchos
beneficios para los representantes electos y una forma de control del
gobierno y las corporaciones transnacionales? ¿No se ha convertido el
régimen mexicano, por ejemplo, en un soporte y fortalecimiento del
modelo neoliberal que excluye de manera creciente la participación
ciudadana y vulnera los derechos de los trabajadores al privilegiar los
intereses de las empresas transnacionales y del gobierno
estadounidense? ¿No es posible constatar esta aseveración en los
“debates” que se dieron para aprobar la reforma energética por parte de
los partidos políticos y las cámaras de “representantes” populares?
El análisis sobre lo que es la democracia ha sido más que prolífero [1]
pero no pretendemos dar cuenta de ello. Si pensamos que, por ejemplo,
un punto de partida fundamental, como el propuesto por Alain Touraine,
para entender qué es la democracia, es no perder de vista que “es un
régimen político cuyo funcionamiento está mediado por los tipos de
articulación entre sociedad, sistema político y Estado existentes en
una formación social, en un momento histórico determinado”, definición
que retomo de la lectura que hace Francisco Zapata de este autor [2].
Aunque, éste último señala que estas articulaciones “definen el
desarrollo de la ciudadanía, la formación de los partidos políticos y
los procesos electorales”, podemos señalar que, además de ciertas
condiciones necesarias, las articulaciones entre sociedad, sistema
político y Estado pueden adoptar diversas formas. Por ejemplo, según
Ricardo Alarcón (2002), quien fuera presidente de la Asamblea Nacional
del Poder Popular de Cuba:
Ante todo hay que pensar que un
elemento esencial y absolutamente infaltable de cualquier sistema
democrático tiene que ser la independencia; o sea, es inconcebible la
democracia si no hay un país soberano, en última instancia la
democracia es el ejercicio por el pueblo de la soberanía, pero
solamente podría hacerlo una nación que sea libre e independiente. Y la
Revolución Cubana significó, desde el primer momento, desde 1959,
precisamente la conquista de la independencia nacional; fue el triunfo
de una revolución que se había iniciado en 1868, una revolución
profundamente democrática, porque estaba basada en la idea de la
igualdad, de la justicia, de la solidaridad humana, el sentido
auténtico, real que el vocablo democracia siempre ha tenido. (p.154)
En un contexto histórico específico y desde fines del siglo pasado, las
refundaciones constitucionales que se dieron en Venezuela (1999),
Bolivia (2008) y Ecuador (2009) relativas a la estructura política y
económica del Estado y el carácter de la democracia, son de vital
importancia para entender los recientes cambios políticos y económicos
en la región. La introducción de mecanismos de participación popular,
como el plebiscito, el referéndum, la iniciativa popular, la revocación
del mandato, el presupuesto participativo y el poder comunal, conforman
principios básicos de una democracia alternativa, los que promueven una
mayor conciencia colectiva de los asuntos públicos y una ciudadanía más
protagónica de su propio destino; además de resarcir una deuda
histórica con los sujetos históricamente oprimidos a causa del carácter
clasista y por el racismo y la dominación masculina que caracterizan el
sistema político de la época. Las mujeres, por ejemplo, tuvieron
derecho al voto hasta la década de 1950, mientras en el siglo XIX y
principios del XX, durante el tiempo del Estado oligárquico, indígenas,
campesinos, negros y analfabetas, tampoco podían sufragar; en la
mayoría de los países latinoamericanos sólo votaba entre el 2 y el 4%
de los hombres, básicamente los que pertenecían a las elites políticas
y económicas (Stanley y Stein, 1971).
En los contextos en los
que se desarrollan estos procesos democráticos, frente al limitado
ejercicio del voto que ha implicado este manejo de la democracia
representativa, se establecen mecanismos que otorgan mayor capacidad a
la sociedad para hacer valer su opinión y voluntad en asuntos
estratégicos para el futuro de la nación.
En el caso de la
Venezuela chavista, en la que se desarrolla una amplia participación
popular (el porcentaje de la participación se cuenta entre los más
altos en la región), la democracia se concibe de la siguiente forma:
Para
alcanzar mayor solidez de la democracia protagónica revolucionaria se
hace necesario restituir a la política su carácter público,
participativo, ético y solidario, cuyo principal sentido es la
constitución de la ciudadanía, los espacios de civilidad, las
instituciones y una cultura política democrática, basada en una elevada
conciencia social ética y en una activa y consciente participación
ciudadana. Se trata de rescatar la política como mediación para la vida
humana vital, a través de su sentido de solidaridad y de la búsqueda
del bien común. (Gobierno Bolivariano de Venezuela, 2009: 37)
También, se impulsa una democratización a través del acceso efectivo a
la información pública y los medios de comunicación masiva, en el
ámbito radioeléctrico, para otorgar espacios a una ciudadanía a la que
históricamente se le ha negado este derecho que garantiza la
Declaración Universal de los Derechos Humanos signada por todos los
gobiernos de esta región latinoamericana. Lejos de limitar la libertad
de expresión, se ha buscado romper los monopolios que controlan
prácticamente todos los medios para que sectores, otrora subalternos de
la sociedad, puedan ejercer el mismo derecho. Esto es lo que ha
sucedido con los nuevos marcos legales, sobre todo en Ecuador,
Argentina y Venezuela.
Las transformaciones al sistema político
y la estructura de la democracia en Venezuela, Bolivia y Ecuador, en
cada caso con sus especificidades y límites, constituyen un
reconocimiento efectivo de los derechos políticos de sus pueblos, a
partir de una nueva concepción sobre los mecanismos de participación
política, que pueden influir más directamente en el mejoramiento de las
condiciones económicas y sociales de amplios sectores de la población
que, particularmente, viven en condiciones de pobreza y extrema
pobreza. Por ejemplo, según datos del propio Banco Mundial, antes de
Chávez, en 1997, la pobreza se ubicaba en 54.7%. Para el año 2012, este
índice se redujo al 25.4%. (Escolar, 2013). En el informe Panorama
Social 2013, la CEPAL destacó que Venezuela fue el país latinoamericano
en el que más se redujo la pobreza. (CEPAL, 2013)
Además de los
parámetros institucionales que se desprenden del Estado, también van
tomando fuerza en ciertos países latinoamericanos experiencias
reivindicatorias y autonómicas desde abajo; esto es, el poder
político no emana exclusivamente de las instancias formales, se ejerce
por la vía de los hechos, de manera paralela, y sin pedir permiso, aunque se establecen articulaciones y existen determinadas formas de comunicación y entendimiento.
Como ejemplos de ello está el Movimiento de los Sin Tierra (MST) en
Brasil, las Juntas de Buen Gobierno (JBG) en territorio zapatista y la
experiencia de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias
(CRAC) -Policías Comunitarias en el estado de Guerrero, México-, los
casos de las asambleas barriales en Argentina, y otras variantes en que
se expresan los procesos autonómicos y formas organizativas en defensa
de los derechos colectivos y la oposición al avance de las políticas
neoliberales, que incluyen el llamado crimen organizado. Ante la
negativa del Estado de reconocer sus derechos políticos, se practica el
autogobierno en diferentes modalidades bajo una concepción colectiva,
solidaria y, como en el caso del MST y el zapatismo, también adquieren
un signo de orientación socialista o autonomista.
Los
movimientos sociales han adquirido un mayor protagonismo en los
procesos políticos nacionales, pasando de un ámbito de carácter
localista y demandas específicas, a un plano más integral y de alcance
nacional y regional. Ello se ha reflejado en su incorporación al debate
de los principales temas nacionales, sobre todo, en su oposición a las
políticas neoliberales y privatizadoras de los recursos naturales; este
es el caso de las llamadas guerras del gas y del agua en
Bolivia, y la defensa de las comunidades indígenas y campesinas frente
al Proyecto Mesoamérica (antes Plan Puebla Panamá), entre otros.
Perspectivas de una democracia socialista en el siglo XXI
Una
de las grandes deudas que dejó la experiencia del socialismo en la
Unión Soviética y los países del Este europeo, fue la democracia. Si
bien se lograron avances sustanciales en el terreno social, económico y
de la cultura, la participación popular fue quedando en la retórica de
los discursos del poder.
El origen del problema no sólo se
encuentra en la centralización del poder por una burocracia que se fue
alejando y terminó divorciándose de la sociedad, sino que más allá de
las estructuras partidarias, se perdieron y/o no existían canales, ni
mecanismos efectivos y articulaciones entre sociedad, sistema político
y Estado, que garantizaran la participación política. El centralismo democrático derivó en elitismo burocrático, por lo que el socialismo quedó marcado como un sistema autoritario y burocrático.
Este denominado socialismo real,
también originó un desencanto y una incertidumbre sobre horizontes y
proyectos de futuro. Desde las experiencias democráticas
latinoamericanas y caribeñas más avanzadas de hoy, hay coincidencia en
un objetivo fundamental: sin democracia no puede haber socialismo, y
viceversa. A pesar de que algunas fuerzas de la izquierda
institucionalizada han ido sometiéndose a las tendencias de la
democracia neoliberal, la idea de construir la participativa, en el
contexto de una transición democrática de signo socialista, en la
práctica y en el discurso, es cada vez mayor entre los movimientos
populares de la región, y a nivel institucional en Venezuela, Bolivia y
Ecuador.
En este nuevo pensamiento socialista latinoamericano
se expresa una firme convicción en la que no sólo basta la existencia
de los mecanismos de la democracia participativa, sino que la sociedad
debe conocer su utilidad y alcance, esto es, lo que significa un poder
popular, comunitario y ciudadano. Al respecto, Boaventura de Souza
Santos señala que “debemos profundizar la democracia en todas las
dimensiones de la vida: desde la cama hasta el Estado, como dicen las
feministas… el nuevo nombre del socialismo es democracia sin fin”.
(Equipo Nitlapán, 2008: 10-11)
La democracia no puede reducirse
a un conjunto de normas procedimentales y requisitos generales,
ignorando además las particularidades históricas y las realidades
nacionales latinoamericanas. La democracia significa una plena
participación política de la sociedad, pero también una igualdad
social, esto es, democracia social y democracia económica. Por ello, el
sustento central que puede garantizar una democracia socialista tiene
que ver con su carácter incluyente, como lo plantea también Pablo
González Casanova (2009), esto es, aquella que asegure el
reconocimiento de la igualdad en la diferencia a partir de reconocer
derechos tanto políticos como socioeconómicos y culturales.
Una
democracia socialista garantiza la libertad del voto pero también el
derecho al trabajo, la libertad de expresión y el libre acceso a la
salud y la educación, el derecho a la participación ciudadana, a la
alimentación, la cultura y el deporte; expresado de otra manera,
Roberto Regalado (1997) precisa los riesgos de una democracia concebida
en términos liberales, pues ésta ha de sustentarse en una “combinación
armónica de la representación con la participación, de manera que el
voto no sea un ejercicio periódico inútil, que deja a los pueblos sin
control sobre los gobernantes y sus políticas, (…) es el ejercicio del
gobierno por el pueblo, (…) que necesita incluir la democracia
económica y social”.(p.8)
No obstante, hay que valorar la
visión crítica que surge desde variadas posturas del pensamiento de las
izquierdas latinoamericanas y caribeñas, en torno a la conducción de
los procesos de transformación vigentes. Resulta prioritaria la
reflexión sobre los contenidos del cambio y la concepción sobre el
desarrollo económico como parámetro para alcanzar una justicia social
integral. Habrá que plantearse si mantener políticas propias del
extractivismo y de inversión de capitales privados, internos o
externos, implica o no la continuidad de la histórica dependencia
latinoamericana y caribeña; si no es más viable profundizar y acelerar
la colectivización de los medios de producción y, por ejemplo, impulsar
una mayor participación popular en la economía, esto es, acotar el
margen de acción del capitalismo para preservar de manera más
equilibrada el entorno ecológico y el crecimiento económico para el
bienestar social.
Así, en Nuestra América, más que en otra
región del mundo, la concepción sobre la democracia socialista está
incidiendo cada vez con mayor fuerza en el pensamiento y la práctica de
esta nueva democracia, dejando clara la visión de una sociedad de
iguales y diferentes. Incluso, las elites políticas de las derechas
latinoamericanas y los intelectuales a su servicio, recurren al
argumento de mayores espacios de participación política de la sociedad.
Cada vez es más frecuente observar en los medios, en los discursos
públicos y en las plataformas de campaña, que se hace referencia a
transparencia, rendición de cuentas, presupuestos participativos, y
hasta de candidaturas independientes, iniciativas y propuestas
originadas, en realidad, de los ámbitos democráticos y ciudadanos.
La transición hacia la democracia participativa y de orientación
socialista tiene todavía un largo camino que recorrer en América Latina
y el Caribe. Si el capitalismo neoliberal continúa avanzando con la
voracidad del presente, a costa de la creciente pérdida de soberanía de
los Estados y de nuestras naciones, el futuro de la humanidad estará en
peligro. El extractivismo, el agotamiento de los recursos naturales, el
crimen organizado, el consumismo, las enormes desigualdades sociales,
la criminalización de las resistencias y luchas sociales y la crisis
estructural del sistema, amenazan la existencia y continuidad de la
especie humana.
Resulta prioritario profundizar en el análisis
de estas realidades y de la forja de las alternativas, de los
obstáculos y límites, así como continuar la reflexión sobre ese
horizonte de futuro denominado democracia socialista, como contribución
para alcanzar esa otra patria latinoamericana y caribeña.
Notas:
[1] Touraine, A. (1995). “¿Qué es la democracia?”, FCE, Buenos Aires, citado en Zapata, F. “Democracia en América Latina”, en Olamendi, L. V., et, al, (2000). Léxico de la política, México: FCE, pp.143-140.
[2] Francisco Zapata, “Democracia en América Latina”, op. cit, p.143.
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Stanley, J, y Stein, B, (1971), La herencia colonial en América Latina. México: Siglo XXI.
Nayar López Castellanos. Profesor Investigador del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Autor de los siguientes libros: Nicaragua, avatares de una democracia pactada (2013); Perspectivas del socialismo latinoamericano en el siglo XXI (2012); Del Plan Puebla Panamá al Proyecto Mesoamérica. Un espejo de la globalización neoliberal (2009); Izquierda y neoliberalismo de México a Brasil (2001, 2006); La Ruptura del Frente Sandinista (1996); Coordinador del libro colectivo América Latina y el Caribe, una región en conflicto. Intervencionismo externo, crisis de las instituciones políticas y nuevos movimientos sociales (2009). nayarlp@hotmail.com
Fuente: Pacarina del Sur [En línea], año 5, núm. 18, enero-marzo, 2014. ISSN: 2007-2309. Disponible en Internet: www.pacarinadelsur.com/home/alma-matinal/884-transiciones-de-la-democracia-en-america-latina-y-el-caribe-en-el-siglo-xxi-la-construccion-de-una-democracia-socialista Fuente: Pacarina del Sur - http://www.pacarinadelsur.com/home/alma-matinal/884-transiciones-de-la-democracia-en-america-latina-y-el-caribe-en-el-siglo-xxi-la-construccion-de-una-democracia-socialista - Prohibida su reproducción sin citar el origen.
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