Costa Rica
La
Agenda Ciudadana por la Educación es una organización cívica y
participativa, cuyo objetivo es la promoción y defensa de la educación
como un derecho humano. En este sentido, desea llamar la atención a la
ciudadanía sobre amenazas encontradas tras la revisión de los planes de
gobierno de los candidatos presidenciales en la República de Costa
Rica, siendo de particular preocupación la planteada por el Movimiento
Libertario.
La educación es un proceso vital (Cf. Muñoz, 2009), y
por sus características especiales ha sido caracterizada por el Comité
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales como un derecho
“habilitante” y como el “epítome” de los derechos humanos. Es decir, su
realización o cumplimiento habilita a las personas para disfrutar de
sus derechos humanos, a su vez, su vulneración o conculcación riñe con
cada uno de ellos. La educación permite a las personas participar en la
vida cultural y política con criticidad y autonomía, mejora las
posibilidades laborales así como la movilidad social, además de
prevenir la explotación y el abuso hacia los sectores menos
favorecidos, incluyendo el trabajo infantil o la explotación sexual
comercial.
Comúnmente la educación enfrenta visión encontradas, es decir, quienes la reconocemos como un bien público cuya responsabilidad compete al Estado, y quienes le ven como un derecho individual, y consecuentemente sujeta a las condiciones del mercado y al Estado como actor subsidiario, es decir, como proveedor secundario o en situaciones de apremio (Cf. Méndez, 2013).
Costa Rica es un país caracterizado a nivel internacional por su compromiso formal con los instrumentos jurídicos que tutelan el derecho a la educación. Adicionalmente, nuestro país como norma constitucional dispone la obligatoriedad y la gratuidad de la educación hasta la educación diversificada, como pocos países en América Latina lo hacen. En la situación actual, si bien el país debe garantizar el derecho humano a la libertad de empresa educativa, también es cierta su responsabilidad por respetar, garantizar y proveer la educación, es decir, garantizar la tríada universalidad-gratuidad-obligatoriedad mediante el financiamiento de centros escolares para todos y todas. La elección del centro educativo debe ser una “opción” no una obligación.
Dicho lo anterior, se consideran cuatro propuestas planteadas por el Movimiento Libertario como amenazas hacia este derecho humano. Si bien es cierto el partido político mencionado ha rechazado la calificación de privatizador, también es verdad que las prácticas y propuestas planteadas reflejan un modelo que tiende hacia el fortalecimiento y participación de los actores privados en la educación, y en consecuencia propone modelos que la facilitan o benefician.
El estudio ahora clásico de Ball y Youdel (2007) intitulado “Privatización encubierta de la educación pública”, llama la atención de dos mecanismos “encubiertos” que tienden a la privatización, a saber: la privatización “en” la educación pública o “endógena”, que implica la “importación de ideas, métodos y prácticas del sector privado a fin de hacer que el sector público sea cada vez más como una empresa y crecientemente comercial”; y la privatización “de” la educación pública o “exógena”, que consiste en “la apertura de los servicios de educación pública a la participación del sector privado, a través de modalidades basadas en el beneficio económico, así como la utilización del sector privado en cuanto a la concepción, la gestión o la provisión de diferentes aspectos de la educación pública” (2007: 13).
En el Plan de Gobierno libertario encontramos diversos ejemplos en los que opera la privatización encubierta planteada por Ball y Youdel, además es clara la importancia brindada al mercado como maximizador del bienestar, sin reflexionar sobre las consecuencias de tales modelos en América Latina, como el caso chileno en particular y el malestar ciudadano de los últimos años respecto a un sistema que ve al estudiante como cliente y a los centros de enseñanza como empresas.
1. La propuesta libertaria amenaza la educación universitaria pública así como la libertad de cátedra. En diversas secciones (1.3.3; 5.7.1 y 5.7.7) se propone un enfoque mercantil de la educación superior, al señalarse repetidamente cómo las universidades “deberán” orientarse más hacia el mercado. Si bien es cierto la universidad pública no puede deslindarse de las necesidades sociales y económicas del país, también es necesario destacar que la investigación y docencia universitaria no debe cumplir los mandatos del mercado, lo que implicaría ciertamente la reducción de cupos o de carreras “que no interesan al mercado”, y ampliar el cupo en carreras que “sí le interesen”. Este planteamiento replica las ideas que tiene el Banco Mundial respecto a la educación superior, lo que constituye una amenaza hacia áreas de conocimiento desvalorizadas por la lógica mercantil, como las artes, filosofía o humanidades, tan necesarias para la consolidación de una sociedad crítica.
2. Desfinanciamiento de la educación superior universitaria. Como la educación es un servicio y no un derecho humano, quienes deseen acceder a la educación superior universitaria tendrán que adquirir préstamos para su financiamiento, además estos cobros a coste que deberán hacer las universidades públicas sustituirían el financiamiento, “ya que éstas recibirían el mismo monto de la transferencia presupuestaria, vía cobro de matrícula” (5.7.7). El Movimiento Libertario no repara en reflexionar sobre la autonomía universitaria así como la garantizar la libertad de las universidades para investigar, en este marco suelen insertarse modalidades de investigaciones “bajo demanda” equivalente a consultorías privadas.
3. En lugar de “no cortar la leña, ni prestar el hacha” (5.9) se hace “leña de árbol caído”. Si bien se reconoce el déficit de infraestructura escolar que posee el país, en lugar de reducir los cánones de calidad, debería plantearse la necesidad de fortalecer el financiamiento de la educación pública y mejorar la infraestructura escolar para garantizar la educación de calidad. A diferencia, el Movimiento Libertario propone no “pedir a los centros educativos privados lo que no se cumple en los públicos”.
4. La propuesta más preocupante consiste en los “vouchers educativos” (5.4.6). Esta modalidad consiste en someter a competencia tanto a centros de enseñanza públicos como privados con el objetivo de aumentar o garantizar una matrícula que cubra los costos de los “servicios educativos”, es decir el financiamiento corresponde a la proporción de personas inscritas, pues precisamente “los bonos educativos son un mecanismo que busca aumentar la participación privada en el suministro de la educación” (Riveros, 2004).
El Movimiento Libertario no ofrece detalles sobre la modalidad a implementar, sean vouchers “universales” que consisten en brindar un crédito a todas las personas en edades escolares o “focalizados” que brindan créditos diferenciados por condiciones de vulnerabilidad o riesgo social (Cf. Wolf, 2011). En ambas posibilidades como política social de igual manera se favorece a los sectores más pudientes de la sociedad, pues un crédito universal no discrimina entre personas de altos o bajos ingresos, omitiendo la responsabilidad social del Estado, mientras que en la modalidad focalizada si bien se facilita el acceso a educación privada a personas de bajos recursos, también es cierto que dichos vouchers no cubrirían la totalidad de los costos por servicios educativos, pues en una modalidad de libre comercio como la visibilizada, continuarán existiendo centros particulares que cobren tasas altas de matricula además de la existencia de criterios de selección estudiantil, pues la “oferta” permitirá discernir cuáles niños, niñas y adolescentes son menos “costosos y riesgosos” para las estructuras de costos.
El estudio de Riveros (2004) intitulado “¿Son los bonos educativos un buen o mal instrumento de política?” tras comparar el sistema de vouchers tanto en Suecia, Colombia como Chile concluye que “en los tres casos, la calidad de la educación no mejoró como el modelo presagia... [y los] beneficios fueron no esperados ya que no correspondía a la población objeto del programa”. En el caso chileno encontró el comportamiento de “descreme” que consiste en que los centros eligen a los estudiantes menos costosos (que por su entorno social, cultural y económico tiene más posibilidad de éxito educativo), mientras que en el caso colombiano planteó que “la calidad de su educación pudo no ser muy exigente ya que la deserción podría disminuir [los] ingresos”.
Es importante el reconocimiento de la propuesta libertaria por garantizar el derecho humano a la libertad individual en la elección del centro escolar, sin embargo, en países como Costa Rica está existe y no está amenazada. Los centros de educación privada florecen por la libre, además de contar con laxos controles de calidad. En lugar de fomentar la educación privada a costa de la pública (como ocurre con los vouchers), el país debería abocarse a garantizar que la educación obligatoria en el país sea universal, y más aun gratuita, este último tema ha carecido de discusión pormenorizada en la contienda electoral de próxima culminación.
Referencias bibliográficas
Ball, S. & Youdel, D. 2007. Privatización encubierta en la educación pública. Internacional de la educación. V Congreso Mundial.
Méndez, M. 2013. El derecho a la educación y las edades mínimas de protección legal en Centroamérica. Trabajo Final de Graduación de la Maestría en Derechos Humanos y Educación para la Paz. Universidad Nacional de Costa Rica.
Movimiento Libertario. Plan de Gobierno: las propuestas de Otto. Versión digital.
Muñoz, V. 2009. El mar entre la niebla. El camino de la educación hacia los derechos humanos. Luna Híbrida Ediciones: San José.
Riveros, H. 2004. ¿Son los bonos educativos un buen o mal instrumento de política? El programa colombiano Paces. Revista Economía y Desarrollo. No. 2. Universidad Autónoma de Colombia.
Wolf, P. 2011. ¿Promueven la justicia social los vouchers escolares? Estudio de caso en Washington, DC. Programa de Promoción de la Reforma Educativa en América Latina y el Caribe (PREAL). Serie Documentos Nº 53
Marco V. Méndez Coto. Académico e investigador universitario, activista de derechos humanos. Autor del libro ¿Poder inteligente? La doctrina Obama y Guantánamo: Ha colaborado para Rebelion.org y otros medios electrónicos.
Comúnmente la educación enfrenta visión encontradas, es decir, quienes la reconocemos como un bien público cuya responsabilidad compete al Estado, y quienes le ven como un derecho individual, y consecuentemente sujeta a las condiciones del mercado y al Estado como actor subsidiario, es decir, como proveedor secundario o en situaciones de apremio (Cf. Méndez, 2013).
Costa Rica es un país caracterizado a nivel internacional por su compromiso formal con los instrumentos jurídicos que tutelan el derecho a la educación. Adicionalmente, nuestro país como norma constitucional dispone la obligatoriedad y la gratuidad de la educación hasta la educación diversificada, como pocos países en América Latina lo hacen. En la situación actual, si bien el país debe garantizar el derecho humano a la libertad de empresa educativa, también es cierta su responsabilidad por respetar, garantizar y proveer la educación, es decir, garantizar la tríada universalidad-gratuidad-obligatoriedad mediante el financiamiento de centros escolares para todos y todas. La elección del centro educativo debe ser una “opción” no una obligación.
Dicho lo anterior, se consideran cuatro propuestas planteadas por el Movimiento Libertario como amenazas hacia este derecho humano. Si bien es cierto el partido político mencionado ha rechazado la calificación de privatizador, también es verdad que las prácticas y propuestas planteadas reflejan un modelo que tiende hacia el fortalecimiento y participación de los actores privados en la educación, y en consecuencia propone modelos que la facilitan o benefician.
El estudio ahora clásico de Ball y Youdel (2007) intitulado “Privatización encubierta de la educación pública”, llama la atención de dos mecanismos “encubiertos” que tienden a la privatización, a saber: la privatización “en” la educación pública o “endógena”, que implica la “importación de ideas, métodos y prácticas del sector privado a fin de hacer que el sector público sea cada vez más como una empresa y crecientemente comercial”; y la privatización “de” la educación pública o “exógena”, que consiste en “la apertura de los servicios de educación pública a la participación del sector privado, a través de modalidades basadas en el beneficio económico, así como la utilización del sector privado en cuanto a la concepción, la gestión o la provisión de diferentes aspectos de la educación pública” (2007: 13).
En el Plan de Gobierno libertario encontramos diversos ejemplos en los que opera la privatización encubierta planteada por Ball y Youdel, además es clara la importancia brindada al mercado como maximizador del bienestar, sin reflexionar sobre las consecuencias de tales modelos en América Latina, como el caso chileno en particular y el malestar ciudadano de los últimos años respecto a un sistema que ve al estudiante como cliente y a los centros de enseñanza como empresas.
1. La propuesta libertaria amenaza la educación universitaria pública así como la libertad de cátedra. En diversas secciones (1.3.3; 5.7.1 y 5.7.7) se propone un enfoque mercantil de la educación superior, al señalarse repetidamente cómo las universidades “deberán” orientarse más hacia el mercado. Si bien es cierto la universidad pública no puede deslindarse de las necesidades sociales y económicas del país, también es necesario destacar que la investigación y docencia universitaria no debe cumplir los mandatos del mercado, lo que implicaría ciertamente la reducción de cupos o de carreras “que no interesan al mercado”, y ampliar el cupo en carreras que “sí le interesen”. Este planteamiento replica las ideas que tiene el Banco Mundial respecto a la educación superior, lo que constituye una amenaza hacia áreas de conocimiento desvalorizadas por la lógica mercantil, como las artes, filosofía o humanidades, tan necesarias para la consolidación de una sociedad crítica.
2. Desfinanciamiento de la educación superior universitaria. Como la educación es un servicio y no un derecho humano, quienes deseen acceder a la educación superior universitaria tendrán que adquirir préstamos para su financiamiento, además estos cobros a coste que deberán hacer las universidades públicas sustituirían el financiamiento, “ya que éstas recibirían el mismo monto de la transferencia presupuestaria, vía cobro de matrícula” (5.7.7). El Movimiento Libertario no repara en reflexionar sobre la autonomía universitaria así como la garantizar la libertad de las universidades para investigar, en este marco suelen insertarse modalidades de investigaciones “bajo demanda” equivalente a consultorías privadas.
3. En lugar de “no cortar la leña, ni prestar el hacha” (5.9) se hace “leña de árbol caído”. Si bien se reconoce el déficit de infraestructura escolar que posee el país, en lugar de reducir los cánones de calidad, debería plantearse la necesidad de fortalecer el financiamiento de la educación pública y mejorar la infraestructura escolar para garantizar la educación de calidad. A diferencia, el Movimiento Libertario propone no “pedir a los centros educativos privados lo que no se cumple en los públicos”.
4. La propuesta más preocupante consiste en los “vouchers educativos” (5.4.6). Esta modalidad consiste en someter a competencia tanto a centros de enseñanza públicos como privados con el objetivo de aumentar o garantizar una matrícula que cubra los costos de los “servicios educativos”, es decir el financiamiento corresponde a la proporción de personas inscritas, pues precisamente “los bonos educativos son un mecanismo que busca aumentar la participación privada en el suministro de la educación” (Riveros, 2004).
El Movimiento Libertario no ofrece detalles sobre la modalidad a implementar, sean vouchers “universales” que consisten en brindar un crédito a todas las personas en edades escolares o “focalizados” que brindan créditos diferenciados por condiciones de vulnerabilidad o riesgo social (Cf. Wolf, 2011). En ambas posibilidades como política social de igual manera se favorece a los sectores más pudientes de la sociedad, pues un crédito universal no discrimina entre personas de altos o bajos ingresos, omitiendo la responsabilidad social del Estado, mientras que en la modalidad focalizada si bien se facilita el acceso a educación privada a personas de bajos recursos, también es cierto que dichos vouchers no cubrirían la totalidad de los costos por servicios educativos, pues en una modalidad de libre comercio como la visibilizada, continuarán existiendo centros particulares que cobren tasas altas de matricula además de la existencia de criterios de selección estudiantil, pues la “oferta” permitirá discernir cuáles niños, niñas y adolescentes son menos “costosos y riesgosos” para las estructuras de costos.
El estudio de Riveros (2004) intitulado “¿Son los bonos educativos un buen o mal instrumento de política?” tras comparar el sistema de vouchers tanto en Suecia, Colombia como Chile concluye que “en los tres casos, la calidad de la educación no mejoró como el modelo presagia... [y los] beneficios fueron no esperados ya que no correspondía a la población objeto del programa”. En el caso chileno encontró el comportamiento de “descreme” que consiste en que los centros eligen a los estudiantes menos costosos (que por su entorno social, cultural y económico tiene más posibilidad de éxito educativo), mientras que en el caso colombiano planteó que “la calidad de su educación pudo no ser muy exigente ya que la deserción podría disminuir [los] ingresos”.
Es importante el reconocimiento de la propuesta libertaria por garantizar el derecho humano a la libertad individual en la elección del centro escolar, sin embargo, en países como Costa Rica está existe y no está amenazada. Los centros de educación privada florecen por la libre, además de contar con laxos controles de calidad. En lugar de fomentar la educación privada a costa de la pública (como ocurre con los vouchers), el país debería abocarse a garantizar que la educación obligatoria en el país sea universal, y más aun gratuita, este último tema ha carecido de discusión pormenorizada en la contienda electoral de próxima culminación.
Referencias bibliográficas
Ball, S. & Youdel, D. 2007. Privatización encubierta en la educación pública. Internacional de la educación. V Congreso Mundial.
Méndez, M. 2013. El derecho a la educación y las edades mínimas de protección legal en Centroamérica. Trabajo Final de Graduación de la Maestría en Derechos Humanos y Educación para la Paz. Universidad Nacional de Costa Rica.
Movimiento Libertario. Plan de Gobierno: las propuestas de Otto. Versión digital.
Muñoz, V. 2009. El mar entre la niebla. El camino de la educación hacia los derechos humanos. Luna Híbrida Ediciones: San José.
Riveros, H. 2004. ¿Son los bonos educativos un buen o mal instrumento de política? El programa colombiano Paces. Revista Economía y Desarrollo. No. 2. Universidad Autónoma de Colombia.
Wolf, P. 2011. ¿Promueven la justicia social los vouchers escolares? Estudio de caso en Washington, DC. Programa de Promoción de la Reforma Educativa en América Latina y el Caribe (PREAL). Serie Documentos Nº 53
Marco V. Méndez Coto. Académico e investigador universitario, activista de derechos humanos. Autor del libro ¿Poder inteligente? La doctrina Obama y Guantánamo: Ha colaborado para Rebelion.org y otros medios electrónicos.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
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