El fiscal Marco Guzmán Baca no halló responsabilidad delictiva en Fujimori ni en sus ministros en mención, pues sostuvo que no encontró pruebas de que los indígenas y pobres hubieran sido esterilizados contra su voluntad.
“En algunos casos las esterilizaciones afectaban a la integridad física de las mujeres y ha habido presiones sobre mujeres con muchos hijos para persuadirlas a hacerse las esterilizaciones, pero no se encontró ningún caso de que haya sido a la fuerza”, según señaló Guzmán Baca, que rechaza, por lo tanto, que se hayan producido crímenes de lesa humanidad.
De esta forma, Guzmán Baca ordenó archivar la denuncia en lo que respecta al delito de crimen de lesa humanidad; sin embargo, la decisión del fiscal no fue bien acogida por grupos defensores de los derechos humanos, por lo que buscan apelar tal decisión.
El gobierno de Fujimori siempre mantuvo que las operaciones se hicieron con el consentimiento de las personas esterilizadas.
La investigación de las esterilizaciones forzosas fue reabierta en junio del 2013 por la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial a recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al Estado Peruano, debido al alto número de mujeres afectadas, unas 1 500.
Una de ellas murió (en Cajamarca, noroeste del país) como consecuencia de las esterilizaciones, caso por el cual seis médicos serán denunciados y juzgados, dos por delitos de encubrimiento real e incumplimiento de funciones, y otros cuatro por delitos de exposición al peligro y homicidio culposo.
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