La detención de un activista de Reprieve concuerda con el criterio de la NSA
Znet/The Guardian
Traducido para Rebelión por Germán Leyens
Un
conocido y altamente respetado activista yemení contra los drones
[vehículos aéreos sin tripulación (VAST)] fue detenido ayer por
funcionarios del Reino Unido en el aeropuerto de Gatwick bajo la ley de
“contraterrorismo” de ese país, al que había viajado para hablar en un
evento. Baraa Shiban, coordinador de proyectos para la obra benéfica
legal Reprieve basada en Londres, fue retenido durante una hora y media
e interrogado repetidamente sobre su trabajo contra los drones y sus
puntos de vista políticos respecto a los abusos de los derechos humanos
en Yemen.
Cuando objetó que sus puntos de vista
políticos no eran relevantes para problemas de seguridad, funcionarios
británicos del mantenimiento del orden amenazaron con detenerlo durante
las nueve horas permitidas por la Ley de Terrorismo del año 2000, el
mismo estatuto del que abusaron los funcionarios del Reino Unido el mes
pasado para detener a mi compañero, David Miranda, durante nueve horas.
Shiban cuenta su historia hoy en el Guardian, y
relata que el funcionario británico le dijo que “me había detenido no
solo porque era de Yemen, sino también debido a mi trabajo para
Reprieve investigando y criticando la eficacia de ataques de drones
estadounidenses en mi país”.
La noción de que Shiban planteara algún tipo de amenaza para la seguridad era totalmente absurda. Como el Guardian
informó el martes, “visitó el Reino Unido sin incidente alguno durante
este verano y testificó en mayo ante una audiencia en el Congreso de
EE.UU. sobre el impacto del programa encubierto de drones en Yemen”.
Ver
el activismo contra los drones como indicador de una amenaza de
terrorismo es pernicioso. Como dijo ayer Cory Crider de Reprieve, “si
hubiera alguna duda de que el Reino Unido abusa sus poderes de
contraterrorismo para silenciar críticos, esto la termina”.
Pero
percibir a oponentes a los drones como “amenazas” o incluso
“adversarios” no es nada nuevo. Documentos de máximo secreto del
gobierno de EE.UU. obtenidos por el Guardian del informante de
NSA Edward Snowden caracterizan incluso la oposición política y legal
más básica a los ataques de drones como parte de “campañas de
propaganda” de “adversarios” de EE.UU.
Esa admisión
forma parte de una red interna en la web de máximo secreto del gobierno
de EE.UU., similar en apariencia, al sitio en línea de Wikipedia. Según
una entrevista con Snowden en junio en Hong Kong, los únicos individuos
empoderados para escribir esas notas son los que tienen “máxima
aprobación secreta y certificados públicos de infraestructura clave”,
tarjetas especiales de acceso que permiten acceso único a ciertas
partes de los sistemas de la NSA. Agregó que esas notas son “revisadas
por pares” y que cada modificación hecha es registrada por el usuario.
Una
nota específica se refiere a “amenazas a vehículos aéreos sin
tripulación”. Enumera diversos peligros para los drones
estadounidenses, incluyendo “amenazas de defensa aérea”,
“interferencias con sistemas de sensores de VAST”, “tiempo terrestre” y
“guerra electrónica empleada contra el sistema de comando y control”.
Pero
junto a esas amenazas más obvias, convencionales, existe lo que la nota
describe como “campañas de propaganda que apuntan al uso de VAST”.
Bajo
el título “temas de propaganda de adversarios”, el documento enumera lo
que califica de “ejemplos de temas de propaganda potencial que podrían
ser empleados contra operaciones de VAST”.
Un ejemplo semejante se titula “Nacionalidad de Objetivo vs. Proceso Debido”. Señala:
“Ataques contra personas estadounidenses y europeos que se han convertido en extremistas violentos son frecuentemente criticados por propagandistas argumentando que la acción letal contra esos individuos los priva de debido proceso”.
A los ojos del gobierno de
EE.UU., “debido proceso” –la idea de que el gobierno de EE.UU. no
debería matar a personas lejos de un campo de batalla sin presentar
evidencia de su culpa– ya no es un elemento básico del sistema político
estadounidense, sino más bien un arma maliciosa de “propagandistas”. La
Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (en inglés American
Civil Liberties Union o ACLU) y el Centro por los Derechos
Constitucionales, entre muchos otros grupos, han planteado exactamente
ese argumento contra el programa de ataques con drones de EE.UU. (“el
asesinato por el gobierno de EE.UU. de los ciudadanos estadounidenses
Anwar Al-Awlaki, Samir Khan, y de Abdulrahman Al-Awlaki de 16 años en
Yemen en 2011 violaron la garantía fundamental de la Constitución
contra la privación de libertad sin debido progreso legal”).
Otro
párrafo de la nota de la NSA se queja de que la frase “ataque de drone”
es un “término degradante”, ya que “implica autómatas irreflexivos sin
capacidad de pensamiento independiente” y por lo tanto “puede invocar
una reacción emocional”. Esto, afirma el documento “es lo que se
propone hacer la propaganda”.
Aunque en un punto el
documento sugiere que alguna oposición a los drones puede provenir de
“ciudadanos con legítimas agendas sociales”, la sección sobre “temas
propagandísticos del adversario” incluye virtualmente cada uno de los
argumentos planteados con más frecuencia en EE.UU. contra la política
de drones de EE.UU., incluyendo que la amenaza de terrorismo es pequeña
en comparación con otras amenazas, que los ataques de drones
intensifican en lugar de limitar el riesgo de terrorismo al nutrir el
ánimo antiestadounidense, y que los drones matan demasiados civiles.
La
nota de la NSA afirma además que “la manipulación de estadísticas”
sobre muertes de civiles es un frecuente instrumento de propaganda de
“adversarios”, citando un estudio que concluyó que aproximadamente 9 de
cada 10 víctimas de ataques de drones son civiles. En contraste con
semejantes estudios propagandísticos, la nota de la NSA cita un estudio
de la New America Foundation que concluye que “los civiles representan
cerca de un tercio de los muertos”.
También se incluye
en la sección más amplia sobre “amenazas” a los drones varias demandas
legales presentadas por la ACLU y el Centro por Derechos
Constitucionales, informes de grupos de derechos humanos como ser
Amnistía Internacional y Human Rights Watch, e investigaciones de las
Naciones Unidas sobre la legalidad de los ataques de drones.
EE.UU.
ha denunciado previamente a oponentes a los drones como adversarios de
EE.UU. e incluso simpatizantes de los terroristas. En 2011, el Buró de
Periodistas Investigadores publicó un estudio documentando numerosas
muertes de civiles en Pakistán durante el mismo período para el cual
John Brennan, entonces principal consejero de contraterrorismo de la
Casa Blanca y ahora director de la CIA, había afirmado falsamente que
no hubo semejantes muertes. Informes subsiguientes probaron además la
evidente falsedad de las declaraciones de Brennan.
No obstante, un artículo del New York Times
sobre ese informe del Buró concedió anonimato a un “alto funcionario
del contraterrorismo estadounidense” para decir: “Hay que preguntarse
por qué un esfuerzo que ha perseguido con tanto cuidado a terroristas
que conspiran para matar civiles se ha sometido a tanta
desinformación”. El funcionario anónimo agregó: “No nos hagamos
ilusiones, hay una serie de elementos a los que nada les gustaría más
que difamar esos esfuerzos y contribuir al éxito de al Qaida”.
Ante esas acusaciones anónimas exteriorizadas por el New York Times, el experiodista del Washington Post, John Hanrahan, criticó al NYT por
otorgar anonimato a semejantes insinuaciones venenosas y escribió que
los periodistas del Buró que documentaron muertes de civiles por drones
de EE.UU. estaban “siendo calumniados por funcionarios anónimos del
gobierno de EE.UU., que incluso los han acusados de simpatizar con al
Qaida”.
Estos últimos documentos sugieren que temas
semejantes son dominantes en agencias de seguridad nacional del
gobierno de EE.UU., donde por lo menos algunos funcionarios ven a
oponentes de los drones como propagandistas y adversarios de EE.UU. El
hecho de que alguien como Baraa Shiban sea detenido bajo una ley sobre
el “terrorismo” por funcionarios del Reino Unido y amenazado con una
detención prolongada si se niega a ser interrogado sobre sus puntos de
vista políticos y su activismo contra los drones refleja la misma
patología.
También ayer, el gobierno de Obama volvió a
negar la visa a un abogado paquistaní que trabaja con Reprieve, Shahzad
Akbar, quien representa a familiares de víctimas muertas por drones
estadounidenses y está demandando al gobierno de EE.UU. afirmando que
los asesinatos por drones son ilegales.
Como dice
Reprieve, al negar una vida a Akbar, el gobierno de Obama logró
“impedir que hablara en el Congreso sobre de drones de la CIA la
próxima semana”, a lo que había sido invitado por miembros de la Cámara
para que testificara. Reprieve agregó: “Antes de 2010, el señor Akbar
viajaba regularmente a EE.UU. No fue hasta 2011, cuando comenzó a
representar a víctimas de los ataques con drones de la CIA, que el
señor Akbar comenzó a tener significativas dificultades para obtener
una visa de EE.UU.”
El gobierno de EE.UU. tiene una
larga historia de trato de oponentes a los drones como amenazas para la
seguridad nacional. En 2012, negó una visa al cineasta Muhammad Danish
Qasim, estudiante paquistaní en Ciencias Mediáticas en la Universidad
Iqra. Había realizado un corto filme titulado “El otro lado”, una
narrativa de 20 minutos de duración que “se desarrolla alrededor de la
idea de la evaluación de los efectos sociales, psicológicos y
económicos de los drones sobre la gente en áreas tribales de Pakistán”.
La película destaca el dolor y los estragos infligidos a niños
sobrevivientes y otros parientes de víctimas de drones. La negación de
visa significó que se le impidió recibir el Premio del Público al Mejor
Filme Internacional en el Festival Nacional de Cine para Jóvenes de
Talento de 2012, realizado anualmente en Seattle, Washington.
Para
la mayor parte del mundo, la oposición a los drones es la norma. Un
sondeo Pew de 2012 mostró una abrumadora oposición en casi todos los
países encuestados. Pero para EE.UU. y sus leales sirvientes llamados
“funcionarios del Reino Unido”, semejantes puntos de vista reflejan
evidentemente amenazas a la seguridad nacional o incluso, en Londres
ahora, sugieren “terrorismo”.
Publicado originalmente en: The Guardian
Glenn
Greenwald es un ex abogado constitucionalista estadounidense,
columnista, bloguero y escritor. Greenwald trabajó como abogado
especializado en derechos civiles y constitucionales antes de
convertirse en un colaborador de Salon.com , donde se centró en
el análisis de temas políticos y jurídicos. Ha colaborado también con
otros periódicos y revistas de información política como The New York Times, Los Angeles Times, The American Conservative, The National Interest, In These Times. En agosto de 2012, dejó Salon.com para colaborar con The Guardian.
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