La justicia de Sao Paulo reconoció por primera vez la tortura en la dictadura (1964-85), en una sentencia considerada histórica en Brasil y que determina que en el certificado de óbito del dirigente del Partido comunista de Brasil (PCdoB) Joao batista Franco Drumond conste muerte "por torturas físicas".
"Juzgo
procedente la demanda para rectificar el certificado de defunción"
expresa la sencencia del juez Guilherme Madeira Dezem divulgada el
miércoles en la prensa.
El juez determinó que donde se leía "fallecido el 16 de diciembre de 1976 en la avenida Nove de Julho" conste "fallecido en las dependencias del DOI-CODI II Ejército" (un conocido centro de tortura) y donde se determinaba que la causa de muerte era "traumatismo craneano", se le añada "debido a torturas físicas".
La decisión del juez responde a una demanda de la viuda Maria Cristelli Drumond.
La fiscalía se había declarado a favor de rectificar el certificado de óbito del militante, pero entendía que no se podía probar la muerte por tortura.
En base a testigos de camaradas de cárcel de Drumond, el juez estimó lo contrario.
"Lo que la familia quería es que la verdad fuera establecida. Es una decisión histórica, especialmente en un país que está dispuesto a instalar una Comisión de la Verdad", dijo el abogado de la viuda, Egmar José de Oliveira.
La presidenta Dilma Rousseff, exguerrillera en la dictadura, que fue encarcelada y sufrió tortura, oficializó en noviembre la creación de una Comisión de la Verdad que esclarecerá delitos cometidos en la dictadura. Esta comisión sin embargo no pretende cuestionar una ley de amnistía de 1979, confirmada recientemente por la Corte suprema, que libera de juicio a los torturadores.
El juez determinó que donde se leía "fallecido el 16 de diciembre de 1976 en la avenida Nove de Julho" conste "fallecido en las dependencias del DOI-CODI II Ejército" (un conocido centro de tortura) y donde se determinaba que la causa de muerte era "traumatismo craneano", se le añada "debido a torturas físicas".
La decisión del juez responde a una demanda de la viuda Maria Cristelli Drumond.
La fiscalía se había declarado a favor de rectificar el certificado de óbito del militante, pero entendía que no se podía probar la muerte por tortura.
En base a testigos de camaradas de cárcel de Drumond, el juez estimó lo contrario.
"Lo que la familia quería es que la verdad fuera establecida. Es una decisión histórica, especialmente en un país que está dispuesto a instalar una Comisión de la Verdad", dijo el abogado de la viuda, Egmar José de Oliveira.
La presidenta Dilma Rousseff, exguerrillera en la dictadura, que fue encarcelada y sufrió tortura, oficializó en noviembre la creación de una Comisión de la Verdad que esclarecerá delitos cometidos en la dictadura. Esta comisión sin embargo no pretende cuestionar una ley de amnistía de 1979, confirmada recientemente por la Corte suprema, que libera de juicio a los torturadores.
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