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No es suficiente pues, que el nuevo gobierno, anuncie que se ha llegado a un acuerdo voluntario con las empresas mineras para el incremento de las regalías.
Nunca estuvo en el debate la discusión de la explotación minera en nuestro país como en los últimos años. Si bien es cierto el énfasis se hizo en la extracción de metales preciosos, como el oro, el tema llegó a tocar la necesidad de abordar lo relativo a la reforma de la ley de minería e incluso a debatir sobre la importancia de una nueva ley. No está de más indicar que el debate se generó a la luz de la resistencia de las comunidades consideradas, hasta ahora, afectadas, por la extracción de este metal en San Miguel Ixtahuacán, San Marcos, y a los planes de extensión de esta actividad a otras regiones del país.
A estas alturas del debate y de la conflictividad generada, entre comunidades y gobierno y empresas, nadie ignora que no se trata solamente del monto de las regalías risibles que quedan en el país, sino también de las consecuencias que esta actividad negativa tiene para la gente y el entorno en el cual transcurre su vida; es decir, el medio ambiente y sus derechos fundamentales. En ese sentido y acudiendo a sus derechos, las comunidades afectadas han hecho una oposición sistemática, consciente, fundamentada y razonable. Asimismo, con en el afán de que se les informe correctamente, se les consulte tal como manda el Convenio 169 sobre pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo, han acudido a distintos organismos del Estado de Guatemala e internacionales para que se permita el ejercicio de sus derechos delante de la situación que les afecta.
A la fecha son innumerables los daños que las comunidades han denunciado como consecuencia de la operación de este tipo de industrias en San Marcos y de las intenciones de otras de operar tanto en ese departamento como en otros. De esa suerte se conocen los daños en los ámbitos económico, social, psicológico y cultural. Lo más grave es que no solamente, mediante estrategias perversas, se les ha dividido sino también se les ha enfrentado y criminalizado. Hoy existe un tejido social roto imposible de revertir en el corto y mediano plazo y cuya consecuencia no es solamente la violencia sino aquellas que tienen que ver con la búsqueda del desarrollo en concordia y armonía.
No es suficiente, pues, que el nuevo gobierno anuncie que se ha llegado a un acuerdo voluntario con las empresas mineras para el incremento de las regalías, que a la fecha, son del uno por ciento para la extracción de oro y plata, en tanto la problemática es más de fondo porque en el entramado se encuentra lo relacionado con el tratamiento de los derechos de los Pueblos Indígenas, sobre todo en lo relacionado con la consulta y de cuyo tema no pueden abstraerse ni el gobierno ni las empresas interesadas en virtud de que sin el abordaje de éste, toda medida será parcial y pondrá en entredicho cualquier política que anuncie respeto a los derechos de estos pueblos. Hace falta recordar que ya hay una iniciativa de ley a este respecto y que en la legislatura pasada durmió el sueño de los justos.
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