Asesinato, secuestro de menores, torturas, privación ilegítima de libertad y violaciones son algunos de los cargos que enfrentan los represores, entre los que se encuentran exmilitares, expolicías y médicos.
En las regiones de Entre Ríos, Capital Federal, Buenos Aires, Rosario, San Juan y Santa Fe se siguen 12 juicios a través del sistema del Código de Procedimiento en Materia Penal (juicio por escrito).
Para febrero próximo, abrirán tres nuevas causas en Mar del Plata y Córdoba contra responsables de desmanes cometidos por el régimen militar que, según organismos de derechos humanos, dejó más de 30 mil muertos.
Uno de los procesos más controversiales es el que se sigue en esta capital ante el Tribunal Oral Federal por 34 casos de apropiación y desaparición de menores en el que ya prestaron declaración cerca de 200 testigos.
La semana pasada rindió testimonio Elliot Abrams, exsubsecretario de derechos humanos de la Secretaría de Estado norteamericano, quien afirmó que el gobierno de Washington estaba al tanto del robo de bebés.
En una videoconferencia filmada desde territorio estadounidense para el juicio, Abrams aseguró que la Casa Blanca sabía del plagio de los hijos de disidentes desaparecidos durante la dictadura militar en este país.
Indicó que Estados Unidos conoció que los menores eran entregados ilegalmente en adopción y que no eran devueltos a sus familias biológicas porque "eran vistas como no aptas para criarlos" pues "eran comunistas".
Abrams es testigo clave en el juicio que involucra a ocho oficiales implicados en un plan sistemático de robo de recién nacidos (alrededor de 500) cuyos padres fallecieron o estaban en prisión.
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