La ONG también denunció que las amenazas contra el gremio han aumentado desde el 2007 en el país.
Colombia sigue siendo el país con más asesinatos de sindicalistas al registrar más de 175 en los últimos tres años y apenas un puñado de esos crímenes han sido resueltos, alertó el domingo la ONG Human Rights Watch (HRW) en su reporte mundial correspondiente a 2011, presentado este domingo en El Cairo, Egipto.
El número de homicidios de sindicalistas en Colombia "permanece más alto que cualquier otro país en el mundo" y las amenazas contra el gremio han crecido desde 2007, afirma la organización de defensa de los derechos humanos.
Un total de 51 sindicalistas fueron asesinados en 2008, 47 en 2009, 51 en 2010 y 26 entre enero y el 15 de noviembre de 2011, detalló la ONG citando datos de la Escuela Nacional Sindical (ENS), a la que considera la principal asociación civil colombiana en la materia. Sin embargo, HRW aclara que estas cifras son inferiores a las de una década atrás al recordar que, de nuevo con datos de ENS, desde 1986 se han cometido en Colombia más de 2.900 homicidios de sindicalistas.
HRW resaltó el alto riesgo de que la violencia contra este gremio en el país quede impune incluso después de la apertura en 2007 de una unidad especial de la Fiscalía para delitos contra sindicalistas. Hasta mayo de 2011, esta oficina únicamente consiguió seis sentencias condenatorias, según dicha ONG.
En su resumen de 2011, la organización reconoció que el presidente Juan Manuel Santos mostró en su primer año de mandato "una mayor preocupación por los derechos humanos" que su antecesor Álvaro Uribe. Aún así, HRW subraya que en Colombia permanecen múltiples desafíos para los derechos humanos, como los graves abusos contra la población civil que ejercen las guerrillas de las Farc y el Eln y las llamadas bandas emergentes.
Reparos a reforma de la Justicia
Human Rights Watch puntualizó que los nuevos proyectos de reforma constitucional impulsados por el gobierno del presidente Santos podrían favorecer la impunidad de violaciones de derechos humanos, al reconocer mayores atribuciones a la justicia penal militar para el juzgamiento de abusos militares y al permitir que se otorguen amnistías en casos de violaciones graves cometidas por todos los actores.
El informe resaltó que los grupos sucesores de los paramilitares continúan creciendo, mantienen extensos vínculos con miembros de la Fuerza Pública y funcionarios locales, y cometen atrocidades en forma generalizada.
También han persistido los hechos de violencia contra defensores de derechos humanos, líderes comunitarios y sindicalistas.
Human Rights Watch también llamó la atención sobre el gran número de candidatos asesinados en las pasadas elecciones locales.
"40 candidatos fueron asesinados durante 2011, lo cual representa un incremento del 48 por ciento respecto de los homicidios de este tipo reportados durante las elecciones locales de 2007".
Las Bacrim continuaron extendiendo su poder en el país la HRH mencionó también que a lo largo del 2012 las bandas criminales han crecido con ayuda de miembros de las Fuerzas Armadas y funcionarios públicos a nivel local.
De acuerdo con el informe, estos grupos armados ilegales continuaron cometiendo atrocidades, entre ellas masacres y ataques a la población civil, que han generado más desplazamiento forzado.
Según el estudio, las Bacrim, sucesoras de los grupos paramilitares, tendrían hoy unos 5.700 miembros y su crecimiento y poder se atribuirá en parte a "la tolerancia de las fuerzas de seguridad".
Según la ONG, hay preocupación pues estos grupos han continuado penetrado el sistema político y menciona como la Corte Suprema abrió investigaciones contra 10 miembros del Congreso por vínculos con los sucesores del paramilitarismo.
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