GUATEMALA – “El esquema de Comercio Justo es una alternativa concreta para los pequeños productores pobres que buscan mejorar sus prácticas, elevar la calidad de sus productos, mejorar sus rendimientos e incrementar sus ingresos”, señala un reciente estudio del proyecto Alianzas para el Empoderamiento Económico de Rimisp -Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural.
Así se demostró con la experiencia de cuatro cooperativas de productores de arvejas y ejotes en Guatemala, que se convirtieron en las primeras en América Latina en establecer un precio de Comercio Justo para estos dos productos.
Fue el resultado de su participación en el “Proyecto de Producción y Exportación de Vegetales Frescos en Guatemala con enfoque de Comercio Justo”, impulsado desde 2009 por la empresa agroexportadora Cooperación Económica de Interés Social (CEIS) con la Asociación para el Desarrollo Integral y Sostenible de la Agricultura en Guatemala (ADISAGUA).
El caso fue sistematizado por Alianzas para el Empoderamiento Económico (AEE) en busca de aprendizajes útiles para avanzar en políticas y estrategias de desarrollo rural.
Mejores precios… y algo más
Según Juan Cheaz, coordinador de AEE, el caso demuestra que este esquema de comercio efectivamente paga más y mejor a los productores, y los induce a adoptar prácticas de producción sostenible y sistemas de gestión más eficientes y transparentes, todo vinculado a los procesos de certificación a los que se han sometido los productores.
En el caso de la Cooperativa Integral de Comercialización Q’Anil, de Santa María de Jesús (Sacatepéquez), el precio de la arveja china que ésta recibió se incrementó en un 19 por ciento con respecto a la situación previa a la certificación de comercio justo, al pasar de Q. 4.20 (Quetzales) a Q. 5.00 por libra, mientras que el precio a los productores subió de Q. 3.25 a Q. 4.00, lo que representa un aumento de 23 por ciento.
Pero no solo se trata de mejores precios. La participación en el proyecto le significó a Q’Anil una profunda transformación, tras el apoyo recibido para fortalecer su gestión administrativa y financiera, introducir y expandir buenas prácticas agrícolas entre sus miembros, mejorar las técnicas de producción y fortalecer su organización. Con ello pasó de ser una organización informal a una empresa campesina formal. Incrementó notablemente su membresía, aumentando desde un centenar de productores (entre socios y proveedores) que tenía al iniciarse el proyecto, a cerca de 300.
En su camino a la certificación de comercio justo, Q’Anil definió también políticas relacionadas con el trabajo infantil, ingreso de nuevos miembros, control interno de procesos administrativos, y políticas de trabajo, además de dotarse de un plan medioambiental.
En las políticas laborales, por ejemplo, se definieron criterios sobre la presencia de niños y niñas en el campo para discernir entre un trabajo ocasional y de apoyo a adultos y un involucramiento laboral no aceptable.
También se establecieron acciones para consolidar prácticas ambientales consistentes con el principio de sostenibilidad, en particular lo relacionado con manejo de agroquímicos, protección de los suelos y conservación de áreas protegidas. Para lograr una plena observancia de las normas ambientales, Q´Anil creó un equipo de inspectores a cargo de supervisar y apoyar el cambio en las prácticas.
Por último, se adoptaron procedimientos administrativos que contribuyen a la transparencia de la gestión y las finanzas, y se implementó un sistema de trazabilidad de la producción, lo que se ha convertido en una exigencia creciente de los mercados para garantizar la seguridad biológica.
Un producto de alianzas
Para Juan Cheaz, uno de los aspectos de mayor interés del caso son las alianzas que han permitido llegar a estos resultados, donde cada una de las organizaciones involucradas ha contribuido con un aporte específico.
En esta experiencia, CEIS compra la producción a las cooperativas y la coloca en el mercado internacional, lo que realiza junto a Fair-Fruit, organización que promueve el comercio internacional de productos agrícolas bajo el enfoque de comercio justo.
ADISAGUA, por su parte, es una organización financiada con fondos de CEIS y de otras fuentes, cuya misión es proveer de servicios y apoyo técnico a los productores y sus cooperativas a fin de mejorar los rendimientos, los procesos de producción y la calidad de los productos, y fortalecer su gestión.
ICCO fue la agencia no gubernamental de cooperación que proveyó fondos para que CEIS y ADISAGUA generaran capacidades en las cooperativas y sus productores para lograr la certificación de comercio justo y empezar a exportar bajo ese esquema.
Por su parte Durabilis, una fundación privada belga que fomenta la economía sostenible en países en desarrollo, aportó la inversión inicial para establecer la infraestructura de empaque y exportación de CEIS.
El proyecto contó también con la participación de CRECER, una organización que trabaja para el desarrollo sostenible de pequeños productores y que los apoya para fortalecer sus capacidades económicas y empresariales.
“Aunque el éxito exportador y de cambio productivo, institucional y de gestión fue el resultado de un proceso bien estructurado, las capacidades y posicionamientos de los actores involucrados en la iniciativa fueron determinantes. En otras palabras, hubo un micro-entorno favorable para la transformación de las cooperativas y los productores, que logró contrapesar un macro-entorno que no promueve cambios y que continúa limitando el potencial de desarrollo de la mayoría de las pequeñas unidades productivas rurales”, destaca Juan Cheaz.
Dificultades presentes
La experiencia estudiada también dio cuenta de las dificultades en concretar un proyecto de estas características. Los problemas de las cooperativas en sus estamentos de gestión y en sus procedimientos administrativos, el temor al cambio de algunos productores o la obstrucción de comerciantes intermediarios que perdían proveedores y negocios por la producción para la exportación de los miembros de las cooperativas, son algunos de los obstáculos que se describen.
Sin embargo, Cheaz destaca que este caso demuestra que, incluso en contextos de muchas privaciones y muy escasos recursos, el cambio es posible, ya que las cooperativas y sus miembros lograron alcanzar niveles tecnológicos superiores y transformar las prácticas gerenciales, gracias a lo que aprendieron.
“Una de las lecciones que vimos aquí es que, frente a la escasez de recursos, la acción colectiva puede ser vital para la sobrevivencia y desarrollo de las iniciativas económicas de las pequeñas unidades productivas. Un conjunto de servicios, que serían impensables de recibir a nivel individual, fueron posibles por la existencia de un colectivo organizado”, sostiene el coordinador de AEE.
(*) Mónica Maureira M. escoordinadora de comunicaciones de Rimisp – Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural (www.rimisp.org).
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