Los profesionales de la prensa consideraron que la citada norma presentada por el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, como "Proyecto de Ley que fortalece el Resguardo del Orden Público", constituye un grave atentado a la libertad de información y una evidente desnaturalización ética del quehacer periodístico.
La iniciativa legal entró a trámite en el congreso en septiembre pasado y ya fue aprobada por la Comisión de Seguridad y Drogas de la Cámara de Diputados y luego pasará al Senado.
El acápite 3 de la legislación, titulado "Facilitación de la obtención de medios de prueba", propone una modificación del Código Procesal Penal que convierte a los periodistas, a los medios de información y a las empresas donde trabajan, en auxiliares o colaboradores de la policía, advierte una declaración del gremio periodístico.
La mencionada reforma del Código Penal introduce la prerrogativa para las Fuerzas de Orden y Seguridad de pedir la entrega de grabaciones, filmaciones u otros medios electrónicos que puedan servir para acreditar la existencia de delitos o la participación en los mismos, sin orden previa del fiscal.
Los que se nieguen a proporcionar los materiales indicados corren el riesgo de ser encausados por obstrucción a la justicia o por negar su colaboración a los agentes de la ley, alerta el Colegio de Periodistas.
Como la institución más antigua del periodismo chileno exhortamos a la ciudadanía y a todas las organizaciones y sindicatos del periodismo nacional a expresar su rechazo y manifestar su oposición a este despropósito gubernamental, enfatiza el comunicado público.
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