¿Otra Guatemala?

Magdalena Gómez
La Jornada

El pasado 14 de enero tomó posesión como presidente constitucional de Guatemala un general retirado. Otto Pérez Molina triunfó electoralmente en segunda vuelta frente a su oponente más cercano, el también derechista Baldizón. En especial lo favoreció el voto urbano. La ciudadanía optó por la derecha. ¿Estamos ante el regreso de los militares ahora con legitimidad? Lo cierto es que se rompe el ciclo de gobiernos civiles iniciado en 1986, cuando el general golpista Óscar Humberto Mejía Víctores entregó el mando al demócrata cristiano Vinicio Cerezo después de décadas de dictaduras. El general Pérez Molina participó en el conflicto armado interno en la región Ixil de Quiché entre 1982 y 1983, zona de combates con la guerrilla y de aplicación de planes contrainsurgentes. Sus credenciales políticas se iniciaron formalmente con la representación del ejército en la negociación y firma de los Acuerdos de Paz en 1996, que ponían fin a más de tres décadas de conflicto armado, en el que se aplicaron estrategias de masacres, tierra arrasada, creación de patrullas civiles con un saldo de alrededor de 200 mil muertos y desaparecidos, todo en el marco del eje contrainsurgente de sacarle el agua al pez.

El voto por el general mueve a la reflexión en términos de que muestra una proclividad social a la mano dura frente a la violencia, antes que a la incipiente y tenaz apuesta por la democracia que con tanto empeño han buscado promover diversos sectores, utilizando los márgenes de los gobiernos civiles. Resultan por ello afectados con esta elección periodistas, académicos, movimientos indígena y sindical, entre otros.

Precisamente el 29 de diciembre de 2011 se cumplieron 15 años de los emblemáticos Acuerdos de Paz y se mostró el consenso de diversos sectores en torno a su incumplimiento, si bien para una parte de la sociedad los acuerdos han representado la no guerra y la posibilidad de participar abiertamente en diversos espacios. En 1990, en el contexto de la realización de talleres sobre el Convenio 169 de la OIT, pregunté a una joven indígena qué significaría que se ratificara el convenio 169 y me respondió: sería como si triunfara la revolución. Me pareció desmedido el juicio, pero me acercó a la necesidad imperiosa de los pueblos indígenas de contar con canales de participación elementales. Pedir los derechos sin que te maten por ello, concluían las y los participantes.

En una entrevista de Pascal Beltrán del Río al hoy presidente guatemalteco, el general ofreció un balance sobre la pacificación: “Lo primero es la desactivación de un enfrentamiento armado que duró 36 años en nuestro país. Luego de eso la inserción de la gente que estuvo militando en la guerrilla y su participación política, que se dio de una forma pacífica sin ningún problema… En cambio, retomar el tejido social que se había desunido en esos 36 años es algo en lo que se ha avanzado poco. Sin duda, nos falta mucho por hacer. Los acuerdos sustantivos, los de mayor profundidad, son los que requieren más tiempo”. Después abordó lo que fue su principal oferta en torno a seguridad: Nosotros tenemos toda la disposición de utilizar todas las unidades del ejército que sean necesarias. Lo dije en la campaña: vamos a utilizar las unidades de élite del ejército para que puedan ayudar en la lucha en contra de las amenazas emergentes, como es el narcotráfico y el control de las fronteras. Dentro de ellas están las unidades de paracaidistas y kaibiles. Respecto de su participación en el conflicto, señaló que hubo excesos de ambas partes (Excélsior, 9/1/12). ¿El genocidio practicado como mero incidente? Evitó mencionar la comisión independiente de esclarecimiento histórico, que ha documentado que 95 por ciento de los delitos de lesa humanidad fueron cometidos por el ejército.

Por supuesto, tampoco se refirió a la dictadura militar: Él estaba del lado de la Constitución y la guerrilla quería subvertir el orden. Pese a esta visión presente en diversos sectores, los organismos civiles de derechos humanos han persistido en que se haga justicia; hasta ahora han logrado juicio para algunos operadores y está ya en curso la acusación por genocidio al general Mejía Víctores. Justamente el pasado 5 de enero se realizó una audiencia en ese caso. No es casual que, en contrapartida, se hayan presentado el pasado mes sendas acusaciones formales a una amplia gama de periodistas y activistas por participación en terrorismo durante el conflicto armado. Es evidente que se trata de una acción de amedrentamiento. El nuevo presidente hizo un llamado a la unidad y a la reconciliación del país. Afirmó: El cambio ha comenzado. Recordemos que la reversa también es un cambio. La comunidad democrática de ese país, y en especial los pueblos indígenas afectados por la minería, requieren solidaridad, pues bien dijo un periodista guatemalteco: Se escuchan pisadas de animal grande.