Pudo ser Colom

 Carolina Escobar Sarti
Hace tres días, una noticia apareció en una nota de AFP: “La Iglesia Católica y organizaciones ambientalistas con equipos de abogados se preparan para respaldar al gobierno salvadoreño, demandado por la empresa minera canadiense Pacific Rim en un centro de arbitraje del Banco Mundial (BM), por negarle permisos de explotación”. 

Qué bien se siente escuchar que eso sucede en el país vecino, pero al mismo tiempo se siente vergüenza ajena por lo que ha pasado con este problema en nuestro país.

Cabe imaginar que algo así habría sucedido por acá si el Congreso de la República de Guatemala (en el 2008), o el presidente de la nación, Álvaro Colom (en el 2010), le hubieran denegado a la empresa Perenco, la extensión del contrato petrolero 2-85 para la explotación de dicho recurso en el área protegida de Laguna del Tigre, por 15 años más. Pero en nuestro país se privilegian las buenas costumbres sobre los buenos futuros, y hay que reconocer que nuestra clase política, afín a una centenaria tradición de servidumbre y entreguismo, fue congruente una vez más.

En el caso de nuestro hermano país, la Iglesia reaccionó primero y ofreció apoyo al gobierno de Funes, cuando se enteró que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), dependiente del BM, aceptó ventilar la demanda por US$77 millones contra el Estado salvadoreño. Luego se sumaron a este apoyo la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES) y otras ONG que van a ayudar a defender al Gobierno contra la minera canadiense. “Es importante fortalecer la comisión del Gobierno, y vamos a trabajar en calidad de amicus curiae (amigos del tribunal) con abogados canadienses, estadounidenses y salvadoreños, para fortalecer la defensa legal del país”, dijo el presidente de la UNES, Ángel Ibarra.

Lo que sucedió en El Salvador es un gran triunfo, porque representa la posibilidad de que el poder político y el poder social se encuentren, dialoguen, sumen esfuerzos e identifiquen que la resistencia y la lucha no ha de ser entre ellos, sino un esfuerzo conjunto en contra de quienes amenazan el futuro de una nación. En el caso de Guatemala, habría que partir de un balance objetivo de costo-beneficio de la explotación petrolera o de la minería de oro a cielo abierto, que ya han hecho centros de investigación en el país y fuera de él.

Las ilusorias ventajas que venden esas compañías por la vía de la publicidad hay que contrastarlas con los muy reales daños ambientales, humanos, sociales, económicos y culturales que implica su paso por nuestro territorio en el corto, mediano y largo plazos. Entendemos que los vacíos dejados por el Estado son convenientemente capitalizados por estas transnacionales, poniendo una escuelita por acá y un puente por allá. Sin embargo, lo que dan y quitan a Guatemala esas empresas transnacionales podría explicarse desde aquella figura del canasto con agujeros, por donde se sale permanentemente la poca agua que entra como carga impositiva por la actividad que efectúan en el país, gracias a todos los privilegios y beneficios que los sucesivos gobiernos les otorgan.

No se trata únicamente de que el dinero de nuestros recursos se quede en casa; es mucho más que eso. Se trata de que podamos fortalecer al Estado fortaleciendo su institucionalidad; se trata de que podamos identificar nuevas formas de relacionarnos con el medioambiente; se trata de promover actividades económicas que no pongan de rodillas a las generaciones del presente y el futuro. Pudo ser Colom el presidente al que no le temblara la mano para la defensa de este país pero, lamentablemente, no fue él.