Carolina Escobar Sarti
Cuando le tocó el turno al ex presidente Óscar Berger de besarle la mano a la compañía petrolera, es cuando se modificó el Reglamento General de la Ley de Hidrocarburos.
Dentro de las tantas reformas, se derogó el artículo 222, que regulaba los costos no recuperables y ponía un freno al abusivo cobro de costos recuperables por parte de Perenco. Al mismo tiempo, ese acuerdo transformó todos los costos no recuperables en costos recuperables(!!).
O sea que con nuestro dinero hemos pagado sueldos y salarios, tiempo extraordinario, prestaciones laborales, logística y transporte, mantenimiento, seguros y fianzas, materiales y suministros, gastos de alimentación, ropa y equipo para empleados, productos metálicos, productos no metálicos, productos químicos, productos medicinales y farmacéuticos, combustibles, equipo de transporte, equipo de computación, gastos médicos, gastos en medio ambiente, gastos de carreteras, y toda una serie de gastos e inversiones de la compañía. Queda claro que en el contrato 2-85, a cargo de Perenco, los gastos y riesgos del negocio los ha asumido el Estado de Guatemala. Así que el alarde que hace dicha empresa por el pago de impuestos y por llenar algunos vacíos que el Estado ha dejado, como llevar agua entubada a una comunidad, no es para nada un acto de generosidad, sino un distractor mediático.
La modificación del Reglamento, que fue hecha en el tiempo de Berger, se expresó en el acuerdo gubernativo 165-2005, y dejó al Estado guatemalteco en cueros frente a cualquier abuso de parte de la compañía petrolera en el cobro de costos recuperables. Un presidente y su ministro de Energía y Minas favorecieron en su momento descaradamente a la empresa Perenco, a través de un procedimiento plagado de ilegalidades y abusos. Todo, porque los costos recuperables han sido el gancho que han usado los sucesivos gobiernos para atraer “inversión” al país, con el fin de que las petroleras puedan recuperar los costos de su negocio.
Es un regalo del magnánimo Estado guatemalteco a las menesterosas compañías del oro negro. Pero si comparamos la cantidad en costos recuperables con lo recibido en concepto de regalías por el Estado de Guatemala, se evidencia la marcada diferencia negativa en contra del Estado, tal y como lo demuestra la información proporcionada por el mismo Ministerio de Energía y Minas. Es una ecuación que no cuadra.
Toda esta información, contenida en el informe económico del Contrato 2-85 entre el Estado de Guatemala y la empresa Perenco, preparado por el diputado Aníbal García, señala que, si esto no es cambiado por el presente gobierno (y no parece haber ni una señal en esa dirección), al prorrogarse dicho contrato en estas condiciones, el Estado le seguirá pagando a Perenco casi la totalidad de los costos de su operación, por un promedio anual de Q280.1 millones, que ha sido el promedio de pago entre los años 2000 y 2009. Esto no solo es ilegítimo e ilegal, sino obsceno.
Guatemala, dice el informe del diputado, “ha dejado de percibir por concepto de recursos recuperables un total de Q3.8 millardos en el período comprendido del año 1995 a la fecha, y el monto de estos superan en un 255% las regalías que el país recibe. Este monto debió haber ingresado a las arcas del Estado”. Y eso que aún no podemos medir lo que implicará a futuro la explotación, tanto en términos económicos como sociales, ambientales y humanos.
La prolongación de ese contrato es, como dirían las señoras de antes, un pecado. Por si no nos basta lo dicho, también le abre la puerta a la explotación de cinco pozos nuevos en un área núcleo como la Laguna del Tigre, en este país nuestro que es el cuarto del mundo con mayor riesgo ambiental ante el cambio climático. ¿Qué más necesitamos para declarar lesiva la extensión de ese contrato? Podríamos seguir con las razones ambientales y humanas a las que aludimos una y otra vez, pero quizás por la vía de lo legal, lo político y lo económico, se toquen más conciencias.
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