El Estado sí funciona, pero para la conveniencia de algunos que —paradójicamente— dicen no quererlo. Por eso, más que hablar de un Estado fallido, hay que hablar de un Estado secuestrado históricamente. La prórroga del contrato 2-85 de Operaciones Petroleras de Explotación a favor de la compañía Perenco es una de las pruebas más evidentes de lo dicho.
CAROLINA ESCOBAR SARTI
Si ese contrato se deja pasar, cualquier cosa va a tenerse que dejar pasar en el futuro. Cuando se compra a políticos, se cooptan y debilitan instituciones desde “más arriba”, se pierden estudios y documentos sobre un caso como este, se engaña a la opinión pública y se modifican normas para hacer legal lo ilegal, se secuestra a un Estado.
Un poco de historia: en 1983 se crea la Ley de Hidrocarburos, marco regulatorio para la exploración y explotación de hidrocarburos en Guatemala. En 1984 entra en vigencia el Reglamento General de esa ley, modificado posteriormente por los acuerdos gubernativos 753-92; 161-2004; 165-2005 y 314-2009. En 1985, la compañía Basic Resources International Limited e Hispánica de Petróleos, S.A., hoy Perenco Guatemala Limited, celebró con el Estado de Guatemala el Contrato de Operaciones Petroleras de Explotación número 2-85. Ese contrato representa el 98 por ciento de la producción petrolera nacional y vencía el 12 de agosto del 2010.
Precisamente porque ya se vencía, los generosos diputados aprobaron en enero de 2009 el decreto 71-2008, Ley del Fondo para el Desarrollo Económico de la Nación, la cual modificó el artículo 12 de la Ley de Hidrocarburos. Fue un cambio a “dedo”: en ese artículo se establecía que el Ministerio de Energía y Minas podría aprobar una única prórroga de hasta quince (15) años, siempre y cuando los términos económicos resultaren más favorables para el Estado. De la misma manera señalaba que: “El Ministerio de Energía y Minas no podrá autorizar prórroga alguna de los contratos de operaciones petroleras, si estos lesionan los intereses nacionales o violan las leyes de la República”. “Sólo” eso le quitaron a la ley, dejándola sin dientes.
Y lo extraño fue que, desde el inicio del ejercicio legislativo actual, una mayoría de bancadas de los partidos representados en el Congreso dejó muy claro que esta iniciativa era una prioridad. Algunos pocos diputados, como Aníbal García, consiguieron postergar por algunos meses la aprobación de dicha ley, pero el zarpazo se dio al momento de negociar el presupuesto 2009 en ese organismo de Estado. Por su parte, Álvaro Colom la hizo entonces de Pilatos y no vetó ni sancionó esa normativa, sino que dejó que los procesos legislativos siguieran su curso, hasta que la misma norma entró en vigencia en enero de 2009. Luego vendría la reciente prórroga del contrato 2-85, bendecida por el presidente.
Todo esto fue también apadrinado unánimemente por la Comisión Nacional Petrolera, que integra a los Ministerios de Energía y Minas, de Finanzas Públicas, de la Defensa Nacional, de Economía, al Banco de Guatemala y la Procuraduría General de la Nación, entre otros actores. Dignas e inéditas las posturas de los ministros de Cultura, Medio Ambiente y Gobernación, al oponerse a dicha prórroga.
Pero Colom no está solo en esto, antes de él, Berger y sus predecesores. Un 29 de diciembre del 2004, por cierto en un aniversario de la firma de los acuerdos de paz, inicia el trámite del expediente 1201-2004, a favor de la propia Dirección General de Hidrocarburos. En él se propone reformar el Reglamento General bajo un imperdonable argumento: evolución del mercado internacional de energéticos y altibajos en los precios del crudo a nivel internacional.
Continuará.
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