Un análisis sobre el informe presentado por el gobierno argentino donde se investiga la apropiación ilegal durante la dictadura militar de la empresa Papel Prensa
Resumen Latinoamericano/Página12 - Hablemos de los hechos, para desafiar una regla dominante en la comunicación cotidiana. Las acciones de Papel Prensa se vendieron en los primeros meses de la dictadura militar, en el tramo más brutal (a la vez fundacional) del terrorismo de Estado y de la violación de las garantías constitucionales, empezando por la división de poderes. La dueña de las acciones transferidas, Lidia Papaleo de Graiver, jamás se juntó con el precio. Todos los adultos integrantes de la familia Graiver fueron secuestrados y torturados.
Durante décadas, Papel Prensa controló el mercado con prácticas monopólicas. El Estado nacional fue un socio bobo, mudo y sumiso ante un poder fáctico superior al de sucesivos gobiernos, dictatoriales o democráticos.
El actual Ejecutivo, a partir de conflictos coyunturales, tomó la valiosa decisión política estratégica de limitar el poder del Grupo Clarín. Entre otras movidas, se implicó activamente en la empresa, sacudiendo la modorra estatal, haciendo valer cuanto pudo su posición minoritaria. En el trayecto, investigó el origen de la compra de las acciones. Produjo un material contundente, presentado ayer en la Casa de Gobierno.
La documentación fue buscada con denuedo. Parte del material es conspicuo y fue denunciando en numerosas oportunidades en diarios, libros y revistas. Una porción más pequeña estaba sustraída al conocimiento ciudadano, camuflada en expedientes con telarañas, perdida en archivos olvidados.
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner pronunció ayer un discurso memorable. Uno de los más redondos de
su mandato, si no el mejor. Rememoró el modo en que pasó de mano Papel Prensa y su trayectoria posterior en el mercado. Dio cuenta de haber leído y elaborado el informe. Lo divulgó en una exposición larga (como ella misma reconoció al final) y rigurosa.
Pero las palabras, ya se sabe, van y vienen. Lo más notable no fue la retórica sino, otra vez, la decisión política: darle un cauce institucional al informe. Serán los otros poderes del Estado los que resuelvan qué hacer respecto del pasado y del futuro. Los tribunales comerciales deberán dirimir la validez o nulidad de la venta. Los penales, sentenciar si hubo violaciones de derechos humanos en el contexto de la supuesta negociación celebrada entre 1976 y 1977.
El Congreso deberá analizar un proyecto de ley (cuyo texto no se conoce aún) declarando de interés público la producción de papel para diarios y formando una comisión bicameral para el seguimiento de esa actividad.
El procurador del Tesoro, Joaquín Da Rocha, y el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, tendrán a su cargo la peliaguda misión de preparar la vía judicial. Seguramente, el secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini, ya está redactando el proyecto de ley que la Presidenta revisará con obsesividad de parlamentaria.
Los hechos quedan también sometidos a la opinión pública tras años de silencios, omisiones o imposiciones.
El dialecto periodístico-político opositor se ingeniará para calificar ese recorrido como “autoritario”, “arbitrario”, “totalitario”. O se valdrá de un sustantivo-adjetivo berreta caro a su imaginario: “chavista”. Para el pensamiento hegemónico de derecha, el chavismo no es un régimen popular, plebiscitado muchas veces en elecciones limpias, con desempeños discutidos en materia de libertades públicas. “Chavismo” es, charramente, sinónimo de dictadura bananera.
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