La semana pasada, la Suprema Corte de Costa Rica acordó tomar el caso del acuerdo entre los EEUU y Costa Rica, lo que cuestiona la constitucionalidad del mismo y pospone su entrada en vigor.
El 1 de julio, la Asamblea Legislativa de Costa Rica, aprobó, con 31 votos de 57, la petición de la Embajada de los EEUU para permitir la entrada de 46 buques de guerra, 7 mil soldados, 200 helicópteros y dos portaaviones estadunidenses. El permiso tendría efecto hasta el 31 de diciembre de este año, el cual fue justificado por la necesidad de luchar contra narcotraficantes, para prestar servicios humanitarios y para proporcionar un lugar donde los barcos estadunidenses puedan atracar y cargar combustible. Mientras la mayoría de los reportes indican que el acuerdo expiraría el 31 de diciembre, la semana pasada medios nicaragüenses reportaron que el Ministro de Relaciones Exteriores costarricense, René Castro, dijo en una reunión con su par nicaragüense, Samuel Santos, que el acuerdo es por cinco años.
Los anteriores acuerdos bilaterales de patrullaje conjunto entre los países, solamente permitían la presencia de la Guardia Costera de los EEUU con agentes costarricenses a bordo. A la Guardia Costera se le permitía perseguir embarcaciones en aguas costarricenses mientras esperaba la presencia de oficales de Costa Rica. Por tanto, el nuevo acuerdo representa un aumento sustancial en la presencia militar estadunidense en Costa Rica, un país que abolió su ejército en 1948 y que tiene una política de neutralidad.
La aprobación del acuerdo bilateral en el legislativo no ha pasado sin ser cuestionado. Se ha formado una sustancial oposición legistlativa, incluyendo representantes del Frente Amplio, el Partido de Acción Ciudadana y los Partidos Social Cristianos Unidos. La oposición ha cuestionado la constitucionalidad del acuerdo, citando el artículo 12 de la Constitución de Costa Rica. El artículo 12 restrigne las razones por las que se puedan formar fuerzas militares y establece que siempre deben estar bajo el control civil costarricense. La semana pasada, la Suprema Corte de Costa Rica aceptó escuchar el caso. Esta noticia es alentadora para la oposición sin importar el resultado, debido a que el acuerdo no puede entrar en vigor hasta que la Corte dicte una sentencia sobre la cuestión constitucional. No hay ninguna indicación sobre cuando emitirá un fallo.
A su vez, la sociedad civil se está organizando para oponerse a la presencia militar estadunidense en sus aguas y en su tierra. La desconfianza a los motivos estadunidenses se extiende a la luz del apoyo tácito del gobierno de los EEUU al golpe en Honduras, al acuerdo con Colombia para usar siete bases militares en ese país, y a las tensiones entre Colombia y Venezuela, en donde las fuerzas venezolanas están en alerta máxima en preparación a un posible ataque de Colombia. Los costarricenses han reaccionado celebrando foros y llevando a cabo manifestaciones. Se han comenzado a formar grupos estudiantiles para oponerse a la presencia militar estadunidense. Algunos han creado páginas de Facebook y han subido mensajes en YouTube en donde muestran (como el que se muestra abajo) el deseo de la sociedad civil por una nación pacífica y soberana:
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