y acelerar el proceso de la integración suramericana
Los gobiernos de Venezuela, Bolivia y Ecuador no abandonaron el modelo productivista y extractivo, [2] aunque, regularmente, tienen cuidado en su discurso de distanciarse del mismo. Alberto Acosta lo explica muy bien en una entrevista reciente:
«Los gobiernos de la llamada corriente progresista de América Latina no han discutido ni han puesto en cuestionamiento el modelo extractivista. Ecuador, Venezuela y Bolivia, para citar a los países que están de más avanzada en Suramérica, no han puesto todavía en tela de juicio la validez de un modelo extractivista, siguen creyendo que mediante la extracción de los recursos naturales vamos a encontrar el camino del desarrollo. Eso sabemos que será imposible. No sólo se trata de usar adecuadamente los recursos, sino de cambiar esa modalidad primario exportadora, que nos ha subordinado en el contexto internacional. […] Es que el IIRSA [3] responde a la lógica del modelo extractivista atado a las demandas de acumulación del capital transnacional. Estos canales interoceánicos no buscan la integración de los pueblos, sino la integración de nuestras economías al mercado mundial. En tanto que suministradores de recursos naturales como petróleo y minería, por ejemplo, también de productos agrícolas, el control de la biodiversidad y las fuentes de agua (son) para el capital transnacional. Y todo esto en el marco de la ampliación de mercados, de la conformación de espacios donde se puedan crear mayores consumidores y no la conformación de la ciudadanía regional y menos de la ciudadanía global. El IIRSA todavía está vigente porque los gobernantes de América Latina de la tendencia progresista como Chávez, Lula, Evo, Correa y Fernández, no están cuestionando el modelo extractivista ni la forma de inserción sumisa en el mercado mundial. » [4]
De hecho, en un gran número de países en desarrollo se asiste a una reafirmación del modelo «desarrollista extractivo productivista». Este fenómeno se debe a la coyuntura internacional excepcionalmente favorable entre los años 2004 y 2008, que se prolongó en el 2009 a pesar de la caída vertical del precio del crudo en el segundo semestre del 2008.
Esto hace recordar el precedente de los años 70 y su brusco final a comienzos de los años 80, cuando se hundieron los precios de las materias primas. Fue entonces cuando explotó el coste de la refinanciación de las deudas contraídas, especialmente para sostener las enormes inversiones en las industrias extractivas, provocando la crisis de la deuda del Tercer Mundo y su secuela de nefastos planes de ajuste estructural.
No es razonable que un gobierno de izquierda se alimente de las falsas esperanzas de unas repercusiones positivas y duraderas de un boom de los bienes primarios. Sobre todo cuando actualmente se tiene en cuenta mucho más que en los años 70 los efectos extremadamente negativos de la sobreexplotación de los recursos no renovables sobre los ecosistemas, y sobre el modo y la calidad de vida de la población (en especial, los pueblos originarios) e incluso, para los que estos argumentos dejan fríos, sobre el equilibrio presupuestario del Estado. En efecto, un período de altos precios en las materias primas genera una gran dependencia en relación con los ingresos que origina su explotación. Con mucha frecuencia, los poderes públicos se endeudan masivamente para invertir en actividades extractivas o para sostener un tren de vida ligado a la euforia de elevados ingresos provenientes de la exportación de bienes primarios. Cuando el precio de éstos baja, el peso del reembolso de la deuda obliga a los gobiernos a comprimir los gastos, con dramáticas consecuencias para los presupuestos sociales.
Por lo tanto, en lugar de recaer en el mito «desarrollista extractivo-productivista», es mejor tener un programa a largo plazo cuyo objetivo sea disminuir la dependencia de las exportaciones y mejor aún, repartir la producción de la riqueza nacional en un círculo virtuoso basado en la satisfacción y la promoción de la demanda interior, lo que implica dar prioridad y garantizar los derechos económicos, sociales y culturales de toda la población (en detrimento del frenético consumo de lujo de las clases sociales más ricas).
Lo importante es priorizar la integración regional entre los países cuyos gobiernos comparten una misma visión de los cambios estructurales necesarios (en el ámbito de la propiedad, de los derechos sociales, de los derechos de las mujeres, de los derechos de los pueblos originarios, de los derechos culturales, civiles y políticos...), rechazando la lógica capitalista y productivista.
En la parte positiva vemos que Venezuela, Bolivia y Ecuador tienen, junto a Cuba, un papel de aguijón en el ámbito del conjunto de Latinoamérica para favorecer, en diferentes niveles, una mejor integración: ALBA, UNASUR, Banco del Sur, la puesta en marcha de una nueva unidad de cuenta monetaria, el SUCRE, con el fin de reducir la preponderancia del dólar en los intercambios entre los países de la región. [5] Sin embargo, a pesar de los esfuerzos positivos de los tres países, se está perdiendo un tiempo precioso y el significado dado al proyecto del Banco del Sur no marca ninguna profunda ruptura con las instituciones multilaterales, como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, y el FMI. Y es otra ocasión que puede perderse.
Retraso en el lanzamiento del Banco del Sur
En el momento en que se escriben estas líneas, ya han pasado 22 meses desde la firma en Buenos Aires, el 9 de diciembre de 2007, del acta fundacional del Banco del Sur por los jefes de Estado de Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Paraguay, Uruguay y Venezuela. Algunas divergencias entre los gobiernos retardaron el comienzo de las actividades de la nueva institución, que se cree que reforzará la integración latinoamericana. Al ritmo en que van las cosas, y a pesar de las declaraciones de buenas intenciones y la firma a finales de septiembre del 2009 del acta constitutiva por los 7 presidentes respectivos, el Banco del Sur no entrará en actividad antes del 2012 ya que se debe esperar a que los parlamentos de los países miembros ratifiquen el acta constitutiva que lo pondrá en marcha. Los acuerdos firmados en el acta fundacional designan a Caracas como la sede principal del Banco. Los países se pusieron de acuerdo sobre el principio de «un país = un voto» (mientras que en el Banco Mundial y en el FMI, los derechos de voto están ligados al poder económico y a la influencia política), y sobre el monto del capital inicial (7.000 millones de dólares [6] , que podrían llegar a 20.000 millones si otros países se adhieren a la nueva institución).
Dicho esto, se debe señalar que se concretó una evolución negativa durante los largos meses de negociaciones que siguieron a la firma de la creación del Banco: Brasil consiguió edulcorar el principio de un país un voto, al limitar su aplicación sólo a algunas decisiones. En realidad, Brasil no tiene una verdadera necesidad de un nuevo banco multilateral para América Latina, puesto que dispone de un banco público de desarrollo muy importante el BNDES, que controla totalmente y que tiene una cartera de préstamos muy superior a la del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo y del futuro Banco del Sur. Este gran banco financia una gran cantidad de proyectos en toda Latinoamérica y en otros lados, con la condición de que los países receptores compren «brasileño». Esto ha permitido a las empresas brasileñas exportar sus mercaderías y sus servicios o realizar grandes trabajos de infraestructuras. En consecuencia, el gobierno brasileño se adhirió con desgana a este proyecto de Banco del Sur, y tanto más que esta nueva institución fue iniciada por Hugo Chávez, con una línea política más radical que Lula, en particular, con respecto a Washington y Bruselas.
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