CERIGUA
El 29 de noviembre no se fortalecerá la democracia hondureña, todo lo contrario, se debilitará, porque consolidará una nueva versión de golpes de Estado, una en la que el uso de la fuerza y una débil institucionalidad ponen en jaque el Estado de Derecho, dijo Viviana Kristicevic, directora ejecutiva de CEJIL.
En un comunicado, la entidad indicó que la renuncia temporal del presidente de facto, Roberto Micheletti, sólo confirma que quiere ocultar la influencia determinante de los golpistas en el proceso electoral.
Desde que Micheletti tomó el poder el pasado 28 de junio decretó un toque de queda y clausuró a los medios de comunicación críticos; más adelante proclamó un decreto en el que suspendió durante 45 días las garantías constitucionales.
Ante la deslegitimación que eso traería a las elecciones, el gobierno de facto derogó el decreto pero impuso otro, vigente hoy, que autoriza la suspensión de la licencia a emisoras que emitan mensajes opositores, señaló CEJIL.
La falta de condiciones para desarrollar una campaña política es tal que algunos candidatos a puestos de elección popular han renunciado a participar; una de las características más singulares es que la organiza un Tribunal Supremo Electoral integrado por militares y ex funcionarios de los partidos políticos que apoyan el golpe.
El del 29 de noviembre no es el inicio de un proceso para retornar a la democracia, como Argentina en 1983 y Chile en 1989 entre otros, sino uno para apuntalar la victoria de un golpe, enfatizó Kristicevic.
Golpe de Estado caracterizado por violaciones a los derechos humanos
De acuerdo con la información, el gobierno de facto ha respondido con violencia a los que se han resistido al golpe; hasta el 3 de noviembre el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Honduras (COFADEH) había registrado 48 protestas pacíficas reprimidas por la policía y el ejército.
Al menos nueve manifestantes han muerto y otros 12 dirigentes y miembros de la resistencia han sido asesinados en incidentes aislados pero con características comunes, que generan inquietud acerca de la posible existencia de una política de crímenes selectivos.
Durante el período en que fueron suspendidas las garantías constitucionales hubo mil 228 personas detenidas ilegalmente, de ellas la mitad eran menores de edad; asimismo 475 personas fueron víctimas de tortura o tratos crueles y degradantes y 120 han sido procesadas judicialmente.
No hay comentarios:
Publicar un comentario