El inicio de las sesiones del 137 periodo de ordinario de sesiones de la a Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el pasado día 2 de noviembre de 2009, ha desentrañado que este órgano de la OEA viene colaborando con la campaña ideológica contra las naciones del ALBA, particularmente contra Cuba y Venezuela, desde hace varios años.
La parcialización de la CIDH contra Cuba y Venezuela se ha puesto de manifiesto en el "Informe Anual" de la misma para el año 2008, en que evalúa y critica supuestas violaciones a los derechos humanos y al desempeño democrático en estas dos naciones, desvirtuando la realidad existente en esa materia.
La legítima reacción del representante de Venezuela ante la CIDH, Germán Saltrón, en las sesiones que lleva a cabo la misma, puso al desnudo cómo Venezuela se ha ubicado en el punto de mira de las maquinaciones desestabilizadoras de la contrarrevolución interna, apoyada por Estados Unidos y subvencionada por sectores de la derecha internacional, a los que se encuentra haciendo juego la CIDH.
Saltrón exclamó airado: "¿Por qué la comisión admite tantos casos contra Venezuela? No podemos concluir otra cosa que la comisión está parcializada en contra de nuestro país".
Las difamaciones contra Venezuela y su comportamiento democrático, producto de falsas acusaciones provenientes de la oligarquía desplazada del poder político y fabricadas por las ONG que sirven de pantalla a la actividad desestabilizadora de Estados Unidos e Israel, aceptadas de manera apresurada por la CIDH, de muestran que en el trasfondo existe una campaña anti bolivariana y antichavista, mantenida desde hace seis años. Prueba de ello fue el que la CIDH bendijo el golpe de estado de 2002 en Venezuela.
Por su parte, las sesiones actuales del CIDH dieron cabida a infamias de organizaciones terroristas y contrarrevolucionarias de origen cubano, que acusan a Cuba y tratan de denigrar su sistema social con manidas falacias y mentiras. Las imputaciones sobre supuestas torturas, ejecuciones extrajudiciales y la violencia por parte del estado cubano, fueron el centro del venenoso discurso ante la CIDH de la leguleya Janisset Rivero, Secretaria de la agrupación miamense Directorio Democrático Cubano (DDC). Sin sonrojo, sabiendo lo falaz de sus argumentos, expresó: “El régimen de La Habana aplica de forma sistemática métodos de tortura y aniquilamiento contra los cubanos desde hace 50 años y, en muchos casos, la represión, las amenazas y la tortura sicológica impiden a los sobrevivientes o familiares de víctimas salir ante la luz pública a denunciar estos hechos''.
La contrarrevolucionaria no vaciló en casi comparar a las cárceles cubanas con la prisión de Abu Grahib, endilgando al gobierno acusaciones sobre torturas deshumanizadas contra los detenidos y declarar que cincuenta de ellos han sido asesinados en prisión. Estoy seguro de que su voz acusadora nunca se levantó para condenar a los Estados Unidos, nación que financia su actividad difamatoria, por los crímenes cometidos contra los pueblos afgano e iraquí, ni tan siquiera levantó su voz para denunciar la represión que padece el pueblo hondureño a manos del régimen golpista e inconstitucional de Micheletti.
Cuando exclamó Janisset Rivero ante la CIDH: "Pedimos justicia y reparación para el pueblo de Cuba, sumido en el ostracismo y la dominación totalitaria por demasiado tiempo'', nunca se refirió a que ese pueblo que pretende defender sin autoridad moral ha padecido centenares de atentados terroristas y ha sufrido muerte, mutilaciones y pérdidas materiales, provocadas por extremistas y criminales que conviven con ella.
LA CIDH ARREMETE CONTRA VENEZUELA
Venezuela se opone firmemente a una visita requisitoria de la CIDH y exige la sustitución de su actual Secretario General Santiago Cantón.
Los ataques contra la República Bolivariana de Venezuela se iniciaron el mismo día 2 de noviembre, cuando se presentaron cuatro denuncias contra ella por parte de grupúsculos contrarrevolucionarios disfrazados de ONG. La primera de las acusaciones partió de Provea y arguye un supuesto proceso de criminalización de la protesta en Venezuela, en relación con la respuesta del gobierno bolivariano a la provocación montada por grupos estudiantiles dirigidos por agentes del Mossad y en contubernio con la contrarrevolución venezolana.
Baste reproducir algunos fragmentos del Informe anual para 2008 de la CIDH, repudiado por Chávez, para conocer el carácter parcializado de este organismo de la OEA, expresado en las conclusiones del Capítulo IV de dicho informe:
438. Por otra parte, entre los principales aspectos que la Comisión considera afectan de manera general el disfrute efectivo de los derechos humanos de todos los habitantes de Venezuela se encuentran la existencia de un ambiente hostil para el disenso político, el señalamiento u hostigamiento a organizaciones no gubernamentales o defensores de derechos humanos, (…) la existencia de obstáculos directos e indirectos a la libertad de expresión, la existencia de leyes, que en su aplicación, pueden afectar el goce de los derechos y las graves condiciones en las que se encuentran las personas privadas de libertad.
Algunas de las recomendaciones, hablan por sí solas:
● Adoptar las medidas necesarias para promover la tolerancia y el pluralismo en el ejercicio de los derechos políticos, absteniéndose de fomentar todo tipo de represalia al disenso ideológico.
● Implementar mecanismos adecuados a fin de prevenir las violaciones del derecho a la vida e integridad personal y garantizar la seguridad ciudadana de los habitantes de Venezuela.
Otro ataque difamatorio contra el gobierno bolivariano provino de William Echevarria, presidente del Colegio Nacional de Periodistas (CNP) y representante activo de la labor de zapa y desestabilización interna contrarrevolucionaria. A sus embustes se sumó Mercedes Freitas, miembro de la provocadora Transparencia Internacional, quien acusó a Venezuela de limitar trabajo de medios independientes entiéndase los medios al servicio de la desestabilización y de la oposición contrarrevolucionaria, y de someterlos a diversos atropellos y persecución.
La verdad es que la CIDH, haciendo oídos a las campañas desestabilizadoras, a la desinformación mediática y a difamadores profesionales y mercenarios de la derecha oligárquica venezolana, ha colocado injustamente a Venezuela y a Cuba, de manera indigna y premeditada, en sus informes anuales de 2002, 2003, 2005, 2006 y 2008, como países violadores de los derechos humanos, incluyendo igualmente a Haití y Colombia en este grupo.
PRETENDEN SATANIZAR A BOLIVIA DENTRO DE LA CIDH
El 137 periodo de ordinario de sesiones de la a Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ha presentado también como el marco propicio para arremeter contra el gobierno progresista de Evo Morales. La maniobra, en este caso, procede del presidente del Senado de Bolivia, Oscar Ortiz, y de los senadores Luis Vásquez y Roger Pinto, quienes como reconocidos saboteadores de las legislaciones progresistas promovidas por Morales, asumen el papel de víctimas, denunciando supuestos atropellos y restricciones a la actividad de los órganos legislativo y judicial en Bolivia.
La acusación, esgrimida también por el opositor Willman Durán, ex presidente del Tribunal Constitucional, acusa al gobierno boliviano de violar los derechos humanos y de imponer sus reformas por sobre la voluntad del Congreso Nacional.
Usando un sinnúmero de falacias que incluyen las ejecuciones sumarias, destituciones de miembros del aparato judicial, atentados y agresiones contra diputados opositores, Oscar Ortiz persigue que el caso boliviano sea llevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estos ataques, sin lugar a dudas expresión de la burguesía boliviana opuesta a las radicales transformaciones sociales en Bolivia emprendidas por Evo, se han sumado a los ataques mediáticos emprendidos contra el presidente por la USAID, la OTI y la Voz de las Américas.
La respuesta a las falsas acusaciones no se hizo esperar, esta vez en boca de Sacha Llorenti, viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, quien argumentó que los representantes de las fuerzas de derecha en el Congreso Unidad Nacional y Plan Congreso para Bolivia Convergencia Nacional, lanzaron esas calumnias y detracciones con vistas a parcializar a la opinión pública internacional en la venideras elecciones generales en Bolivia, a realizarse el próximo 6 de diciembre y donde el presidente Evo Morales se erige como favorito para un segundo mandato por encima de su contrincante Manfred Reyes Villa. En el día de ayer, este representante de la oposición contrarrevolucionaria, asociado con los detractores de Bolivia ante la CIDH, prefecto de Cochabamba y aspirante a la presidencia, Manfred Reyes Villa, fue acusado de manejo dudoso de fondos públicos incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.
Para Llorenti, los ataques de los parlamentarios y otros miembros opositores al gobierno, es un “intento de instrumentalización de la CIDH, de electoralización y de defender los intereses de latifundistas y separatistas”.
Según Llorenti, en toda la historia de Bolivia no ha habido un Gobierno “tan abierto” a la presencia de organismos de derechos humanos, algo que evidenció en el hecho de que ha invitado a la Relatoría para la Libertad de Expresión al país.
MANIOBRA CONTRA NICARAGUA EN LA CIDH
Nicaragua tampoco está exenta de los ataques de las fuerzas contrarrevolucionarias, que encuentran en la CIDH el marco propicio para calumniar a las naciones progresistas del Continente. En este caso, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) presentó una denuncia sobre la existencia de fuerzas de choque empleadas por el gobierno en Nicaragua para reprimir el reclamo de la oposición sobre la violación de las libertades de expresión y manifestación. Según este organismo al servicio de la desestabilización, las expresiones de apoyo popular al gobierno de Daniel Ortega y sus enfrentamientos a las actividades provocadoras y desestabilizadoras de la derecha, constituyen una amenaza para la libertad de expresión.
Las recientes protestas de los seguidores del FSLN ante la embajada yanqui en Managua, ante las declaraciones injerencistas del embajador norteamericano Robert Callahan, parecen haber asustado a Vilma Núñez, presidenta de CENIDH, quien declaró tan infundadas acusaciones: “A los órganos oficiales de justicia y orden se han incorporado miembros de patrullas juveniles, que tienen la bendición del gobierno, del presidente y de su agitador principal, el diputado Gustavo Porras”.
La maniobra de la presidenta de CENIDH fue ripostada por Denis Moncada, embajador nica ante la OEA y quien puso al desnudo las verdaderas razones del infundio promovido por la organización de Vilma Nuñez. En este sentido, declaró: “Nicaragua no es una dictadura, y ni la policía ni el Ejército reprimen a los ciudadanos” (…) “Lo que hay en el país es un incremento de la lucha política de la derecha, que procura desestabilizar al gobierno del presidente Daniel Ortega. Dentro de esa lucha se producen confrontaciones, que no tienen que ver con la política del Estado”.
Moncada destacó que hay una clara guerra mediática contra el gobierno, capitaneada por los dueños de los medios de difusión, quienes distorsionan los avances del gobierno sandinista en el plano económico y social, limitándose a crear conflictos con las masas sandinistas y a desestabilizar al gobierno mediante una guerra ideológica y desinformativa.
Según Moncada, “Decir que no hay libertad de expresión es una afirmación desacertada que se hace con fines de propaganda política antigubernamental”.
Otra maniobra para satanizar a Daniel Ortega dentro de la CIDH se puso de manifiesto por parte de la Federación Democrática de Trabajadores del Servicio Público, afiliada a la opositora Confederación de Unidad Sindical (CUS), quienes le acusan de haber cesanteado injustamente a 11 mil 702 trabajadores, hecho que responde a programas de racionalización del aparato estatal, abultado por los gobiernos anteriores y su injustificado apego a un enorme entarimado burocrático.
¿QUÉ ES REALMENTE LA CIDH?
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, es junto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el instrumento establecido para la protección de los derechos humanos en el continente americano.
Aunque sus integrantes son personalidades de reconocida trayectoria en Derechos Humanos, elegidos electos a título personal y no en representación de gobierno alguno, ha sido minada históricamente por representantes apegados a las derechas tradicionales latinoamericanas y han adoptado cuestionables acusaciones contra los movimientos de izquierda y naciones progresistas del continente. Por supuesto, jamás ha levantado, de manera enérgica y firme, contra el principal violador de los derechos humanos en el continente: Estados Unidos.
Como un órgano de la Organización de los Estados Americanos (OEA), siempre se ha prestado a representar y validar las posiciones de la misma, respaldando el aislamiento a Cuba y dando puerta abierta a cualquier creada por sus detractores internos y externos.
El escandaloso manejo del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), integrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con sede en la ciudad de Washington D.C. y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en San José de Costa Rica, a favor de las derechas y su bajo nivel de exigencia ante sus atropellos, así como su agresividad permanente contra Cuba, Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua, han puesto en serio cuestionamiento su imparcialidad y eficacia.
sigue aquí.....
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