La Suprema Corte de Justicia (SCJ) uruguaya declaró este lunes inconstitucional la Ley de Caducidad para una veintena de procesos incluidos en la causa del ex dictador Juan María Bordaberry, condenado a 30 años de cárcel.
Mediante un comunicado, la SCJ informó que los sumarios están en manos de la fiscal Ana María Tellechea y de la jueza Mariana Motta, y corresponden a asesinatos denunciados en el expediente “Organizaciones de Derechos Humanos denuncian”.
El vocero del ente, Raúl Oxandabarat, explicó que la declaración de ilegal permite investigar sin las trabas que establece la propia norma, y de este modo se podrán juzgar estos casos sin protección alguna para quienes participaron en los hechos.
Este es el segundo pronunciamiento de la SCJ contra la citada normativa. El anterior fue en octubre de 2009.
Tras la caída de la dictadura el 22 de diciembre de 1986, el Parlamento uruguayo aprobó la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, con los votos de los partidos Blanco y Colorado, conservadores, y la oposición del Frente Amplio.
La legislación impide procesar y condenar a militares y policías que cometieron secuestros, torturas, violaciones de detenidas, asesinatos, ocultamientos de cadáveres y otros crímenes de lesa humanidad entre 1973 y 1985.
Prensa Latina
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