La Jornada
Asilado desde hace más de seis años en la embajada de Ecuador en Londres, inmovilizado por las redes de la diplomacia, el ciberactivista y periodista australiano Julian Assange (nacionalizado ecuatoriano en enero pasado) corre el riesgo de quedar librado a un indeseable destino. El gobierno del país sudamericano que preside Lenin Moreno, en efecto, está dando muestras de que la situación de Assange le está causando más inconvenientes de los que está dispuesto a afrontar, porque la presión ejercida por Estados Unidos para lograr la extradición del programador no cede, y el político de Alianza País parece considerar que, en última instancia, su gestión está cargando con un oneroso problema heredado de la administración anterior encabezada por Rafael Correa.
Diversos medios de prensa informaron el viernes 27 de julio que, al salir de una reunión del Foro América Europa Press, celebrado en la capital española, Moreno se habría manifestado partidario de que el fundador de WikiLeaks abandone la embajada. Sin embargo, poco después el propio mandatario se apresuró a darle a esa versión un matiz menos drástico: tarde o temprano el confinado deberá abandonar el edificio donde se aloja, pero en una salida que debe ser producto de una gestión entre los gobiernos de Ecuador y de Inglaterra. La razón, según el presidente ecuatoriano, es que desea tener la certidumbre de que la vida de Assange no corre peligro (si EU lograra extraditarlo podría ser condenado a muerte). Pero no está dentro de la normativa internacional, ni dentro de nuestro deseo, ni de los deseos del señor Assange, permanecer refugiado toda la vida.
La aclaración de Lenin Moreno sirvió para tranquilizar a los sectores preocupados por la suerte del programador que asegura haber filtrado, él solo, más documentos clasificados del gobierno estadunidense que toda la demás prensa junta. Pero la tranquilidad no duró más que unas pocas horas, porque el ex presidente ecuatoriano Rafael Correa comentó a la cadena informativa RT su sospecha de que Moreno habría acordado con Washington la entrega de Assange. Tajante, calificó de hipócrita completoa su sucesor en el gobierno y expresó su temor de que los días de Assange en la embajada estarían contados.
Si bien el caso del periodista nunca se apartó por completo del interés público, su situación de impasse lo mantuvo durante largo tiempo en un relativo segundo plano, hasta que otra cadena de noticias (la CNN) aseguró que varios documentos vinculados con la presunta injerencia de Rusia en las elecciones estadunidenses de 2016 provendrían de WikiLeaks, y puso a Assange otra vez en la cresta de la ola.
El desenlace del asunto podría no estar lejano, y de no mediar algún acontecimiento imprevisto probablemente no se resuelva en favor del hombre que, con todo el aparato propagandístico de EU (y sus aliados europeos) en contra, se ha hecho acreedor de numerosos premios internacionales por su labor de difusión y en pro del derecho a la información de la ciudadanía.
Más allá de la opinión que cada quien tenga sobre los métodos de trabajo de Julian Assange, una eventual condena en su contra sería muy mala noticia no sólo para el periodismo sino para la verdad y la justicia porque para ponerlo en palabras de la Fundación para la Paz de Sidney, Australia, que le otorgó su máximo galardón, su empeño de exigir responsabilidades y mayor transparencia a gobiernos de todo el mundo, enfrentándose al secretismo oficial es sin duda elogiable.
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