Los indígenas llevan dos años encarcelados y en el segundo semestre del 2010 protagonizaron una huelga de hambre de más de 70 días en rechazo a la aplicación en sus causas de la referida norma, instrumento jurídico impuesto por la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990).
Deben ser absueltos. No se puede condenar a los mapuches bajo esta ley, bajo un montaje judicial preparado y pagado por el Ministerio Público. Estamos atentos y una resolución negativa va a desencadenar una gran reacción del pueblo mapuche, advirtió sobre la inminente conclusión del proceso el portavoz de los comuneros Jorge Huenchullán.
Iniciado hace más de tres meses, el juicio ha sido descalificado por observadores internacionales, sectores políticos de la oposición chilena, representantes de los pueblos originarios y portavoces de los detenidos. El defensor Pelayo Vial impugnó a la Fiscalía por presentar recursos ilegales como los testigos sin rostro y las llamadas pruebas de contexto.
En el mismo sentido la representante para Chile de la Asociación Americana de Juristas, Graciela Álvarez, aseguró que el Ministerio Público paga testigos falsos. Este proceso no lo conduce el tribunal, sino los abogados de las grandes empresas forestales de la zona, denunció la especialista, citada por Radio Universidad de Chile.
Para Red Diario Digital de Chile han sido "tres meses de mentiras, de coerciones a testigos dentro y fuera del tribunal, de sucesivas objeciones a la defensa que limitaron su labor, de arrebatos racistas y jueces permisivos de todas estas violaciones amparadas por la ley antiterrorista. Un gran y burdo montaje que no resiste análisis".
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