El fiscal Andrés Cruz concluyó su alegato de clausura la víspera con pedidos de hasta 102 años de cárcel para los indígenas, tras las rejas desde hace dos años y cuyo dilatado juicio entró en su semana final.
Este miércoles están previstos los alegatos de la defensa que ha calificado al proceso como un montaje del Ministerio Público para criminalizar la lucha del pueblo mapuche por la restitución de sus tierras y la salvaguarda de sus derechos ancestrales.
Criterio compartido por la jurista francesa Mireille Fanon, quien ha participado como observadora y quien aseguró haber apreciado situaciones de abuso de poder en el juez y en los fiscales, con muestras de flagrante parcialidad en contra de los procesados.
A los comuneros se les acusa de participación en un supuesto atentado contra el fiscal chileno Mario Elgueta en octubre del 2008 y de incendiar propiedades de privados, entre otros "hechos delictuales y acciones violentistas", al decir de la fiscalía.
Sin embargo, la abogada defensora Victoria Fariña subrayó que el Ministerio Público no ha logrado acreditar mediante pruebas ni la participación ni la relación circunstancial de los mapuches con esos hechos. No se puede condenar a nadie sin certezas, remarcó.
El juicio ha quedado también en entredicho por el uso de testigos sin rostros a cargo de los acusadores y sobre todo por la apelación a la ley antiterrorista, pese al compromiso del Gobierno de retirar querellas bajo esa norma, lo cual puso fin a la prolongada huelga de hambre de los detenidos en 2010.
Para el encausado Héctor Llaitul, líder de la Coordinadora Arauco Malleco, el Estado chileno está enteramente coludido con las empresas y, en ese sentido, la ley antiterrorista es nada más que un simulacro de criminalidad que se ejerce para encubrir la ávida expansión capitalista sobre las tierras de los mapuches.
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