"Las enmiendas de la Constitución tienen luz verde y el presidente de la República deberá tomar la decisión final", declaró a la prensa el titular de la corte Patricio Pazmiño.
"La Corte estableció una adecuación, se reformularon íntegramente las dos primeras preguntas", dijo sin dar mas detalles sobre este cambio.
La propuesta original del mandatario planteaba reformar vía referendo la Constitucion -aprobada en 2008 también en una consulta impulsada por Correa- para modificar la caducidad de la prisión preventiva, que concede la libertad a los presos sin sentencia seis meses o un año después de su arresto, dependiendo de la gravedad del delito.
Según el gobernante, esa figura "se ha convertido en foco de corrupción, de mayor inseguridad, al permitirse la liberación de muchos delincuentes".
También plantea modificar las medidas cautelares alternativas para evitar que sean concedidas a sospechosos de delitos graves.
El jefe de Estado aspira igualmente a reestructurar el Consejo de la Judicatura, que ejerce el control disciplinario del sector, alegando su ineficiencia y propone que una comisión tripartita -con un delegado del gobierno- la reemplace por 18 meses para reformar el sistema judicial.
Asimismo, plantea limitar las inversiones de los banqueros y los medios de comunicación nacionales de carácter privado a sus respectivos ámbitos, por considerar que ambos sectores mantienen una "relación incestuosa".
En sesión pública, los magistrados rechazaron un informe de la juez Nina Pacari, que consideraba que las enmiendas planteadas en cuatro de las cinco preguntas debían ser tramitadas por una Asamblea Constituyente y no vía referendo, al limitar derechos consagrados en la Carta Magna.
En su lugar, el pleno de la Corte aprobó, por seis votos contra tres, un informe alternativo del magistrado Patricio Herrera. La propuesta de este juez no fue difundida en lo inmediato.
Pacari, una ex canciller indígena, había sido encargada por sorteo para estudiar la legalidad de las interrogantes y presentar su informe al pleno para votación.
Correa la había descalificado porque según él pertenece a un partido aborigen -Pachakutik- que se opone al plebiscito.
El gobierno había anticipado el lunes que se acogería al fallo de la Corte, aunque dudando de la utilidad de una modificación del texto sometido.
"Tenemos que aceptar la decisión de la Corte, (aunque) el gobierno cree que no hay opción a un cambio de preguntas porque son constitucionales", dijo el lunes el secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera.
Ahora, el gobierno deberá decidir si acepta la propuesta aprobada por la Corte Constitucional, y si da luz verde, deberá remitirla al Tribunal Electoral, que estará a cargo de la organización de la consulta.
Para poder organizar la consulta, se requería la aprobacion de la corte, que analizó diez cuestionamientos entregados por Correa el 17 de enero, y debía emitir su fallo a más tardar el 21 de febrero.
Según una encuesta publicada el 31 de enero, un 57% de los ecuatorianos apoya la propuesta de Rafael Correa para reformar la justicia, que es visto por la oposición como un intento del mandatario de ampliar su poder a las cortes.
No hay comentarios:
Publicar un comentario