Jesús Dávila
La falta de asignación de recursos militares y policiales para la protección de la frontera es precisamente uno de los aspectos que causa preocupación al Gobierno de Puerto Rico y el jefe de la Policía nacional fue directo en sus reclamos a Washington ante el hecho de que el denominado “Escudo Costero” no está operacional ni siquiera en un cincuenta por ciento.
“Ya no sé cómo decirle esto a Estados Unidos; lo he dicho políticamente correcto y lo he dicho crudo”, dijo el Superintendente Héctor Pesquera en una entrevista con NCM Noticias en la que agregó de forma contundente que “no se le está dando la atención que merece”.
Pesquera, quien tiene el prestigio de tener contactos cercanos al Presidente Barack Obama y estima en el Departamento de Justicia de EEUU, aclaró que en las oficinas de las agencias federales estadounidenses en Puerto Rico la cooperación es total y “están dando el máximo”. En la entrevista, en el patio del Palacio de Santa Catalina, concentró sus señalamientos críticos en los niveles altos en el Departamento de Seguridad de la Patria (Homeland Security) y comparó la falta de acción en Puerto Rico con la forma intensa en que se ha atendido la frontera con México.
“No se le está dando la prioridad que se le está dando en los estados”, dijo el funcionario, quien está en un destaque extendido del puerto de Miami, donde tiene el puesto de director de seguridad. Puso de ejemplo el mismo estado de Florida, donde la Guardia Costanera cuenta con doce modernos escampavías, pero en Puerto Rico la pequeña flotilla no alcanza ni para cubrir la vigilancia costera rutinaria.
Pesquera tuvo cuidado de no cruzar la línea fina hacia la discusión abiertamente política de la condición colonial de Puerto Rico, pero sus palabras hacían recordar las del almirante William Leahy, cuando fue gobernador de Puerto Rico. En el libro de sus memorias, rescatadas y comentadas por el historiador Jorge Rodríguez Beruff, Leahy recordaba cómo en las noches podía reunirse con el Presidente Franklyn D. Roosevelt a discutir asuntos estratégicos sobre la preparación de la Segunda Guerra Mundial, pero de día era menospreciado cuando iba a pedir ayuda a las agencias de Washington para sus programas en Puerto Rico.
La conversación con Pesquera se produjo en momentos en que la Casa Blanca se aprestaba a incluir a Puerto Rico en el presupuesto federal, pero con una minúscula partida de 2,5 millones de dólares para dar competencia al Departamento de Justicia para que durante el año fiscal 2013-2014 se haga cargo de otro plebiscito en Puerto Rico. La determinación de la oficina del Presidente Obama es secuela de que el año pasado, en el plebiscito celebrado en noviembre, Puerto Rico le quitó su consentimiento a la condición política colonial por una mayoría absoluta mientras que sólo el 45 por ciento de los que votaron escogió la anexión como estado de la Unión.
La propuesta de la Casa Blanca al Congreso es que esta vez sea la agencia de EEUU la que apruebe todos los materiales educativos, el contenido y forma de la papeleta y la manera en que se administre la consulta por parte de la Comisión Estatal de Elecciones. El párrafo insertado en el proyecto de presupuesto explica que las alternativas a someterse a votación en Puerto Rico deberán poder resolver el problema y cumplir con la constitución, las leyes y la política pública de EEUU, pero sin dar más detalles, lo que provocó las opiniones divididas en el movimiento anexionista, ya afectado en su convocatoria por la derrota electoral de noviembre pasado.
Por su parte, el presidente del pequeño pero influyente Partido Independentista Puertorriqueño, Rubén Berríos, dijo que se ha logrado “poner a hablar al mudo”, pero que hasta ahora sólo “balbucea” y advirtió que si se trata de alternativas descolonizadoras va por buen camino, pero si se busca rehabilitar el régimen colonial “sería una burla”.
Para el Gobernador, el autonomista Alejandro García Padilla, quien ganó por un margen de 0,6 por ciento, el acertijo de Washington presenta más complicaciones al mezclarse con la volátil situación interna.
La maniobra sobre la condición política colonial se produce en momentos en que sigue sin haber reacción al pedido de restituir las exenciones tributarias para las inversiones de capital manufacturero de EEUU en Puerto Rico. Además, hace poco más de una semana, un comité de la Casa Blanca se limitó a pedir más información sobre los argumentos en cuanto a la necesidad de eximir a esta nación isleña del requisito de usar barcos de bandera de EEUU en el comercio con la metrópoli para poder abaratar los suministros de gas natural.
Mientras tanto, en el país está operando un modelo corporativo privado que busca controlar grupos de la llamada sociedad civil para influenciar el gobierno, pero que no ha servido para evitar la baja popularidad del mandatario. En contraste, el propio gobernador ha tenido que utilizar su capacidad carismática y la negociación política personal para evitar que las sucesivas marchas y protestas cuajen en oposición activa generalizada.
Esa capacidad la demostró en días recientes cuando, luego de que le llegasen pruebas contundentes de que se intentaba en su nombre arrebatarle a la Universidad de Puerto Rico las bases legales y materiales de su autonomía, determinó restituir el párrafo dejado fuera de la propuesta ley. Pero la acción suya, que puede haber evitado un nuevo alzamiento universitario, pasó inadvertida para el país.
Con tales complicaciones en su gobierno y ahora García Padilla tiene que atender el nuevo plebiscito que quiere Washington
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