El titular explicó que el Ejecutivo cuenta con información sobre los vínculos y actividades de Baraldini en el país, y se trabaja desde la Inteligencia. Hay investigaciones abiertas sobre el caso y no es el único, subrayó.
Chávez respondió así a denuncias realizadas por autoridades argentinas que dan cuenta de que el excoronel de policía se alió con grupos de ultraderecha en esta nación para derrocar y asesinar al presidente, Evo Morales, en 2009, y dividir el país.
El ministro aclaró que la detención del exmilitar argentino no es una cuestión política como intentan hacer ver elementos opositores de derecha.
Se cumplieron, aclaró, procedimientos migratorios y fue expulsado del país porque estaba en situación ilegal. No hay ningún tipo de detención política de esta persona, expresó.
Chávez señaló que había un pedido internacional de aprehensión contra el encartado por delitos de lesa humanidad, cometidos durante la dictadura en Argentina. Se ejecutó este tipo de persecución penal, de auxilio, de cooperación judicial y policial, agregó.
Lo que se hizo fue aplicar la ley y normas internacionales, lo cual deja en claro que no se trata de una acción con fines políticos, recalcó el titular.
Consultado sobre la presencia en Bolivia de otros implicados en torturas durante la época de las dictaduras, la autoridad mencionó que hay grupos de poder que protegen a ese tipo de personas.
Son grupos ligados a la dictadura nacional e internacional y los conocemos, son los que se oponen a la Constitución Política del Estado y al proceso de cambio en el país, que dirige el presidente Evo Morales.
Baraldini, acusado de violación de derechos humanos, fue detenido el sábado en la ciudad boliviana de Santa Cruz de la Sierra, y luego trasladado a La Paz.
Posteriormente, en la madrugada del domingo fue entregado en la fronteriza población de Bermejo, en Tarija, a las autoridades judiciales de Argentina, para que responda ante la justicia por delitos de lesa humanidad, cometidos durante la dictadura militar en el vecino país suramericano.
La inteligencia boliviana estaba detrás de la pista del excoronel, de 71 años, que llevaba nombre y cédula de identidad falsos. El súbdito argentino prófugo de la justicia desde 2003 tenía orden de captura internacional, dictada por la fiscal federal de la localidad argentina de Santa Rosa, Marta Odasso.
El seguimiento de su esposa Olga y de su hija Sandra, quien vive en Santa Rosa, fue clave para la detención del exrepresor. La acción de Baraldini en Bolivia estaba facilitada porque el esposo de su hija Roxana tiene el cargo de Director de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra.
La Interpol localizó en 2007 a Baraldini en Bolivia. En 2009 se produce el intento del asesinato contra el presidente Evo Morales, del cual el gobierno argentino informó de la participación de militares de esa nación en ese movimiento.
No hay comentarios:
Publicar un comentario