Familiares de víctimas de la invasión estadounidense de diciembre de 1989 de Panamá reclaman al gobierno norteamericano juicios e indemnizaciones por las muertes y daños ocasionados.
“Claro que a uno le gustaría que el responsable de esto, que fue el ex presidente estadounidense George Bush, fuera juzgado. Sería lo ideal”, dijo Ayola.
“Exigimos que el Estado panameño condene la invasión y demande internacionalmente a los Estados Unidos” para que Bush sea juzgado y condenado por “este crimen de lesa humanidad”, dice un comunicado firmado por más de una decena de organizaciones populares y de víctimas.
“Fuimos bombardeados y masacrados para aterrorizar, intimidar y desmovilizar a nuestro pueblo”, añade el comunicado, que califica la invasión como la “intervención militar más sangrienta” contra un país latinoamericano en el siglo XX.
En mayo de 1990, un grupo de setenta panameños presentó una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA), con sede en Washington, en la que se pide condenar a Estados Unidos “por los daños causados” y por “violar la soberanía del país”.
Además, los demandantes exigen “una compensación justa” por los perjuicios morales y económicos provocados por la invasión, pero hasta el momento no se ha producido ningún pronunciamiento.
“La Comisión no ha rendido una decisión por la razón más obvia: tiene temor a decir que el pueblo panameño le ha ganado una demanda a los Estados Unidos por una invasión”, dijo a la abogada de las víctimas panameñas Gilma Camargo.
En la madrugada del 20 de diciembre de 1989, las fuerzas estadounidenses lanzaron sobre Panamá una cruenta invasión para derrocar el régimen militar comandado por el general Manuel Antonio Noriega, quien gobernaba de facto el país desde 1983. Noriega, un antiguo miembro de la CIA que fue adquiriendo poder tras el golpe militar que encumbró al líder nacionalista Omar Torrijos en 1968, terminó desafiando a Washington, que lo acusaba de estar asociado al narcotráfico.
Oficialmente la invasión dejó 500 muertos, cifra ampliamente cuestionada por varias organizaciones sociales locales debido a los bombardeos y enfrentamientos entre el poderoso Ejército estadounidense y una débil resistencia panameña.
“Son 22 años que todavía sufrimos por nuestros amigos y por tanta gente que murió”, aseguró Olga Cárdenas, quien formó parte de los llamados Batallones de la Dignidad, milicias formadas por el régimen militar panameño para enfrentarse a los estadounidenses.
“Este caso no tiene que caminar por la Corte Interamericana sino por el Tribunal Penal Internacional de La Haya, pero para eso tiene que haber un gobierno que se atreva”, dijo el catedrático en derecho internacional Julio Yao. “Estados Unidos nunca pagó un solo centavo por las muertes ni por las millonarias pérdidas económicas que ocasionó ni durante ni antes de la invasión”, añadió.
“Nos queda todavía el dolor de ver que nuestros gobiernos panameños tienen a las víctimas en el olvido. No se atreven a entrar en contradicción con la potencia más grande del mundo”, dijo a su vez Trinidad Ayola.
Esta es la primera vez que las reclamaciones de las víctimas se producen con Noriega en el país, después que éste fuera extraditado por Francia el pasado 11 de diciembre para que cumpla tres condenas de 20 años de prisión por desaparición de opositores bajo su régimen.
Noriega estuvo preso en cárceles de Estados Unidos y Francia por narcotráfico y lavado de capitales después que se entregara el 3 de enero de 1990 a las tropas estadounidenses que asediaban la sede de la Nunciatura, donde se encontraba escondido.
Juan José Rodríguez / AFP
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