La Comunidad de Paz también denunció nuevas persecuciones contra líderes y miembros de esta población por parte de integrantes del Ejército ante organismos internacionales.
Diario de Oriente
A juicio diez militares por masacreLa Fiscalía llamó a juicio a diez militares adscritos al Batallón de Infantería No. 47 de la XVII Brigada del Ejército, con sede en Carepa, Antioquia, por su presunta responsabilidad en la masacre de San José de Apartadó, ocurrida el 21 de febrero de 2005.
Los acusados deberán responder como presuntos responsables en calidad de coautores de los delitos de homicidio en persona protegida, actos de barbarie y concierto para delinquir. El fiscal general de la Nación, Mario Iguarán Arana, manifestó que entre los afectados con esta decisión se encuentran el coronel Orlando Espinoza Beltrán, el mayor José Fernando Castaño López y los tenientes Alejandro Jaramillo Giraldo y Edgar García Estupiñán. “En esta masacre fueron asesinados mujeres y niños, por eso se da la acusación por barbarie contra los militares”, dijo el jefe del ente investigador. Iguarán Arana señaló que en estos hechos hubo participación de grupos de las autodefensas.
Según la investigación, miembros del Bloque Tolobá de las AUC sirvieron de guías a los militares que adelantaban la operación ‘Fénix’ y quienes son señalados de ser los responsables de los homicidios de cinco adultos y tres niños. En estos hechos murieron inicialmente en la vereda Mulatos Medios, corregimiento de San José de Apartadó, Antioquia, el líder comunitario Luis Eduardo Guerra Guerra, su esposa Beyanira Areiza y su hijo Deyaner Andrés Guerra Tuberquía. La segunda parte de la masacre ocurrió en La Resbalosa, municipio de Tierra Alta, Córdoba, donde fueron asesinados Alfonso Bolívar Tuberquia Graciano, su esposa Sandra Milena Muñoz Pozo y sus hijos Natalia y Santiago. Otra de las víctimas fatales de estos hechos fue Alejandro Pérez. En la decisión se precluyó la investigación contra el capitán Héctor Londoño Ramírez y los suboficiales Óscar Jaime González, Ramón Mican Guatavita, Luis Gutiérrez Echavarría, Jesús David Cardona Casas y Óscar Jaime González.
Por la masacre en San José de Apartadó también fue llamado a juicio el subteniente retirado Jorge Humberto Milanes Vega y se espera que en las próximas semanas se conozca la condena contra el capitán Guillermo Armando Gordillo Sánchez, quien se acogió a sentencia anticipada en julio pasado. Este fue el primer oficial del Ejército en aceptar su participación en la ejecución. Gordillo aceptó su responsabilidad en los delitos de homicidio en persona protegida y concierto para delinquir. Comunidad exige responsables del Gobierno Jorge Molano, representante de las víctimas en este proceso, señaló que el llamado a juicio de los militares refleja la verdad que denunció hace cuatro años la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. “Cuando ellos manifestaron que los autores de la masacre eran grupos paramilitares con integrantes de la Brigada XVII, el Gobierno no les creyó.
Fueron tildados de guerrilleros y se le atribuyó a las Farc esta masacre”, explicó el jurista. Para Molano la decisión demuestra que el Gobierno intentó encubrir a los responsables de estos hechos. “Queremos que el Fiscal le imprima celeridad al proceso contra el ex comandante de la Brigada XVII, general Héctor Fandiño, porque no es comprensible que cinco meses después de ser enviado el expediente a su despacho no se haya adoptado ninguna decisión”, dijo. Asimismo, Molano manifestó que deben ser vinculados a este proceso el ex ministro de defensa, Jorge Alberto Uribe y el ex comandante de las Fuerzas Militares, general (r) Carlos Alberto Ospina Ovalle y el vicepresidente Francisco Santos.
“Ellos son responsables del delito de encubrimiento. Se dedicaron a llevar testigos falsos ante los cuerpos diplomáticos, la Fiscalía y el Congreso, para desviar la investigación”, sostuvo. La Comunidad de Paz también denunció nuevas persecuciones contra líderes y miembros de esta población por parte de integrantes del Ejército ante organismos internacionales.
Uribe, en siete años, dieciocho mil desapariciones forzosas, 7163 en los dos últimos años
Según las estadísticas, de cada 1.000 desaparecidos solo 10 sobreviven.
LibreRed
Según las estadísticas, de cada 1.000 desaparecidos solo 10 sobreviven.
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Se fueron de sus casas porque les habían ofrecido trabajo en el Meta y otras regiones. Desde entonces nadie ha vuelto a saber de ellos, pero sus madres han recibido llamadas amenazantes.. Les dicen que si no denuncian en la Fiscalía seguirán vivas.
Los 22 jóvenes de Engativá hacen parte de una extensa lista de desaparecidos, entre ellos los más recientes de Soacha, y sus madres rezan para que estén vivos. Pero según las estadísticas, de cada 1.000 desaparecidos solo 10 sobreviven. Además, pocos de los que tienen familiares desaparecidos logran establecer a dónde fueron a parar sus restos.
Según las estadísticas, de cada 1.000 desaparecidos solo 10 sobreviven.
Rubiela Beltrán vio por última vez a su esposo Gilberto Arias, de 45 años, el 27 de mayo de 2007. Salió de su casa de El Tunal, en el sur de Bogotá, rumbo a Soacha, donde iba a hacer un negocio de finca raíz. “Después de varios días de búsqueda una persona me dijo que lo había visto con unos hombres que lo mataron y lo tiraron a una laguna cerca de Soacha -relata Rubiela-. Me fui a buscarlo y encontré la ropita con sangre, pero el cuerpo no aparece”.
Otras familias llevan hasta 20 años de espera. Por ejemplo, la de Jorge Soto Gallo, desaparecido el 15 de julio de 1985, y la de Jaime Enrique Quintero, cuyo rastro se perdió el 1º de marzo de 1995, cuando tras presentarse en las instalaciones de la IV Brigada de Medellín para definir su situación militar, fue trasladado y desde entonces no se supo más de él.
Las desapariciones han aumentado en forma dramática entre el 1º de enero de 2007 y el 21 de octubre de 2008
Así lo refleja un informe de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, de la cual hacen parte el programa de Derechos Humanos y DIH de la Vicepresidencia, la Fiscalía, la Defensoría, el Instituto de Medicina Legal, el Ministerio de Defensa, la Asociación de Familiares Detenidos De-saparecidos (Asfaddes), Fondelibertad y la Comisión Colombiana de Juristas. En el período mencionado se registraron 7.763 desapariciones, de las cuales 3.090 ocurrieron este año. La Comisión estableció que del total, 1.686 fueron forzadas. Del resto nada se sabe.
Según el informe, en el Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres de Medicina Legal hay reportadas hasta la fecha 12.284 desapariciones, 95 de las cuales ocurrieron en octubre de este año. “No estamos hablando en todos los casos de desapariciones forzadas pero son cifras alarmantes”, sostiene Gloria Gómez, coordinadora de Asfaddes.
5.507 de las desapariciones reportadas ocurrieron en Bogotá, muy por encima de otras
Agrega que en el país se registraban antes entre dos y cuatro desapariciones cada día pero hoy la cifra puede ascender a ocho casos diarios. Lo más alarmante es que ciudades y de Cundinamarca, donde hay reportados 381 casos. “Se requiere una investigación a fondo para establecer por qué tantas desapariciones en estos dos últimos años”, advierte Gómez, quien señala que a pesar del miedo y la intimidación a las familias ha sido posible detectar el aumento.
Camilo González Posso, director de Indepaz, dice que de acuerdo con investigaciones hechas por su equipo, cinco factores inciden en el incremento de las desapariciones. El primero, positivo, tiene que ver con la creación de la Comisión, que adelanta una búsqueda activa y tiene un registro de desaparecidos que antes no existía. Los otros factores son negativos: las ejecuciones extrajudiciales, los falsos positivos, el reclutamiento forzado, la trata de personas y un desplazamiento invisible hacia las fronteras. “Visto en conjunto, significa que hay un deterioro de la seguridad y de una u otra manera un incremento de conflicto”, explica González
Por su parte, Iván Cepeda, del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, considera que las desapariciones han reemplazado a crímenes como las masacres y los homicidios selectivos y es urgente investigar cuáles de las reportadas son forzadas. “No esclarecer los móviles y causas de esas desapariciones es otro tipo de impunidad”, dice Cepeda.
Los más vulnerables
Cualquiera puede ser víctima de desaparición pero hay sectores más vulnerables: los miembros de grupos políticos, los líderes sindicales, comunitarios o indígenas, los integrantes o ex integrantes de grupos armados, y algunos comerciantes. Y según la Comisión de Búsqueda, la población más vulnerable son los hombres entre 20 y 30 años. “Antes, la desaparición forzada tenía mucha relación con la militancia política, de izquierda o de derecha, y con ser familiar de algún insurgente -afirma Yolima Quintero, representante de víctimas en Medellín-. Hoy desaparecen a cualquiera… jóvenes, mujeres, adultos”.
Según la Comisión de Búsqueda, la población más vulnerable son los hombres entre 20 y 30 años.
Un investigador del CTI de la Fiscalía consultado, afirma que cada día desparecen enpromedio entre 20 y 25 personas y que hallarlas “es difícil si no existe un perfilclaro de por qué desaparecen, si no se sabe si se trata de un hecho criminal o de una ausencia común, es decir, si la persona decidió irse por su voluntad para no pagar una deuda, terminar una relación sentimental, huir de la casa”. Antioquia, Cundinamarca, Magdalena, Meta, Santander y Valle son los departamentos que registran un mayor número de desapariciones, además de Bogotá.
Muchos casos no son denunciados porque las familias no saben cómo hacerlo o porque presumen que la persona quiso irse. Según Medicina Legal, hay 20.000 cadáveres clasificados como N..N. que no han sido reclamados porque sus familiares no se atreven a identificarlos o los siguen buscando porque los presumen vivos. “Hay un miedo a la muerte y la esperanza no se pierde -dice un médico forense de la institución-.. La familia se niega a encontrarlo muerto”.
El informe no señala responsables porque apenas está comenzando la tarea de investigar y poner en práctica el Plan Nacional de Búsqueda, cuyo objetivo es dar con el paradero de los desaparecidos, identificarlos, establecer las circunstancias y el contexto en que se dieron los hechos, determinar posibles autores, móviles y patrones criminales, lo mismo que la eventual participación de servidores públicos. Mientras tanto, más de 12.000 familias viven con la secreta esperanza de que algún día sus desaparecidos aparezcan. Aunque sea solo sus restos, para hacer el duelo y de alguna manera poner fin a su sufrimiento.
DELITO DE LESA HUMANIDAD
La desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad y por tanto no prescribe. Constituye una violación de derechos humanos establecida en la Ley 589 de 2000 y tipificada en el Código Penal.
Es también una violación a pactos y tratados internacionales como la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención Americana obre Desaparición Forzada, ratificadas por Colombia.
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