Guillermo Oglietti
@GOglietti
Existen
dos grandes hipótesis que explican la criminalidad. La primera dice que
el delito disminuye cuando aumenta la “disuasión”, que está compuesta
por dos elementos: la probabilidad de atrapar y condenar al delincuente
(que depende de la eficacia y tamaño del aparato policial y judicial) y
la severidad del castigo esperada por los criminales (básicamente, la
dureza de la pena en años de prisión, multas, etc.). Una segunda
hipótesis sostiene que el crimen se explica por factores sociológicos, y
pone el énfasis en la desigualdad. Estas hipótesis no son excluyentes y
ambas explican fracciones de este complejo fenómeno de la violencia.
Los
estudios empíricos que analizan la criminalidad, contrastan estas dos
hipótesis, comparando la incidencia en el crimen de los atributos del
sistema judicial -como las probabilidades de que el delincuente sea
arrestado, procesado y condenado, y la severidad de las penas que
representan el impacto de la primera hipótesis- y también suelen incluir
las condiciones del mercado de trabajo, como desempleo, nivel de
ingreso (que representa el costo de oportunidad de delinquir) y algunas
variables socioeconómicas como raza, edad y porcentaje de población
urbana.
Los resultados de los estudios son ambiguos: algunos
confirman que el ¨efecto disuasión¨ logra disuadir el delito, mientras
que otros hallan que, por el contrario, ¡el efecto disuasión aumenta el
delito! Es frecuente encontrar que los delitos leves, típicamente los
crímenes contra la propiedad, consiguen ser disuadidos gracias a la
severidad de las penas y la probabilidad de condena, sin embargo, los
delitos más violentos, están mejor explicados por los enfoques que
tratan el problema como un desorden social.
Lamentablemente, no
son muchos los artículos que analizan la relación entre desigualdad y el
crimen, sin embargo, casi sin excepción, estos trabajos[1] muestran que
existe una robusta relación entre la desigualdad y los delitos,
especialmente los delitos violentos. Esta relación es un hecho
estilizado que se observa en estudios correspondientes a todas las
latitudes. De hecho, suele argumentarse que la elevada tasa de
criminalidad violenta en EE.UU., en contraste con los bajos registros de
todos los países desarrollados, se explica por el liderazgo de este
país en los indicadores de desigualdad. En este sentido, también apuntan
los registros de América Latina, que es la región más desigual del
planeta y también la región más violenta (gráfico 1).
Gráfico 1.
Tasa de homicidios por región. 2008-2013
Fuente: Estadísticas de homicidios UNODC.
Colombia
y México integran el grupo de países más violentos de la región más
violenta del planeta,[2] y la situación continúa agravándose. México
atraviesa el momento más sangriento de su historia (70 asesinatos
diarios)[3] y la delincuencia es el principal problema que percibe la
población[4]. La inseguridad en Colombia sigue siendo la principal
preocupación ciudadana (junto con la corrupción).[5]
Ambos países
han apostado por la vía de la disuasión para combatir los crímenes
violentos. También tienen acuerdos vigentes con EE.UU. para combatir la
violencia, de la mano del Plan Colombia de 1999 y la Iniciativa Mérida
(también llamado Plan México) de 2008. Sin embargo, ni la
complementación en materia de seguridad con EE.UU. ni la estrategia de
la disuasión y los esfuerzos presupuestarios para implementar la guerra
contra el narcotráfico parecen haber servido para disminuir la violencia
en estos países, sino todo lo contrario.
Colombia y México son
los países de América Latina con mayor cantidad de periodistas
asesinados[6] de acuerdo al informe 2018 del Comité para la Protección
de Periodistas que recoge estadísticas globales. No existe un comité
similar para la protección de dirigentes y políticos progresistas, pero
fácilmente puede comprobarse que existe una ola de crímenes políticos en
estos dos países. Ambos tienen una triste tradición en términos de
magnicidios que revela una incapacidad de sus democracias para resolver
las diferencias políticas.
Esta intolerancia política no se limita
a la seguridad de candidatos presidenciales, como en el reciente
atentado al candidato progresista Gustavo Petro en la ciudad de Cúcuta,
sino que afecta a todas las instancias y jerarquías políticas. El
listado de líderes sociales asesinados desde la firma de los Acuerdos de
Paz en Colombia se eleva a 217[7] mientras que en México el actual
proceso electoral ya cuenta 93 candidatos asesinados y más de 300
agresiones.
La política es una profesión de alto riesgo en estos
dos países y, quizás, esto explique las dificultades que tienen las
mayorías para ser adecuadamente representadas con programas de gobiernos
progresistas. Si algo caracteriza a México y a Colombia es que ninguna
fuerza política progresista ha llegado al poder en algún momento de su
historia reciente, como sí ha sucedido en casi toda la región.
Las
políticas económicas y sociales destinadas a reducir la criminalidad
son muy diferentes de acuerdo a cuál de las hipótesis se valide. La
primera hipótesis de la disuasión, implica destinar recursos
presupuestarios al gasto judicial y represivo. La segunda hipótesis
implica que el grueso de los recursos debería destinarse a combatir la
raíz del problema, por ejemplo, a través de la creación de hogares
sustitutos para niños en situación de calle, subsidios de subsistencia,
educación inclusiva desde la primera infancia -por supuesto, primaria y
secundaria-, creación de puestos de trabajo, políticas de contención,
redistributivas, etc. que disminuyan la desigualdad.
Es de público
conocimiento que en tiempos de globalización neoliberal la desigualdad
ha aumentado de forma notoria. Pero la “percepción” de la desigualdad,
que es la fuente subjetiva que impulsa la violencia, ha aumentado aún
más. Esto se debe a que la percepción de desigualdad es un fenómeno
comparativo, fruto del contraste entre el ingreso y el modo de vida de
cada familia y el estándar de los estratos más altos de la sociedad. Los
medios de comunicación han acercado las distancias y las comparaciones
intrafamiliares ya no se hacen entre familias vecinas de una misma
ciudad, sino de todo el país o el planeta. En otras palabras, cada
familia de cualquier rincón de Latinoamérica define su nivel de
insatisfacción con la desigualdad entre su nivel de vida y el de Messi,
Slim y Shakira.
Colombianos y mexicanos enfrentan la delincuencia
de la misma forma que los antigripales atacan la gripe: van por los
síntomas y no por el virus que la causa. ¿Pueden los ciudadanos
razonablemente esperar que sus problemas de inseguridad se solucionen
confiando en el mismo modelo por el que vienen apostando, sin éxito,
desde hace décadas?
Ambos países están atravesando simultáneamente
elecciones presidenciales donde se enfrentan dos modelos económicos y
políticos antagónicos en materia de seguridad. AMLO y Petro proponen un
tratamiento “vacuna” porque coinciden en interpretar que la violencia es
síntoma de una enfermedad social generada por el modelo neoliberal.
Anaya y Duque apuestan por los mismos antigripales de siempre.
[1] http://irserver.ucd.ie/bitstream/handle/10197/523/kellym_article_pub_004.pdf
https://www.journals.uchicago.edu/doi/abs/10.1086/338347
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304387804001117
[2] https://www.eleconomista.com.mx/politica/Mexico-es-el-pais-mas-violento-de-America-20170726-0118.html
[3] https://elpais.com/internacional/2018/01/21/mexico/1516560052_678394.html
[4] http://hoy.com.do/la-inseguridad-encabeza-las-preocupaciones-de-ciudadanos-2/
[5] http://www.eltiempo.com/politica/congreso/resultados-encuesta-bimestral-de-gallup-colombia-188434
[6]
https://www.infobae.com/america/mundo/2018/02/10/los-paises-en-los-que-mas-periodistas-fueron-asesinados-en-los-ultimos-25-anos/
[7] http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/el-mapa-de-los-lideres-sociales-asesinados-en-colombia-184408
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