El
18 de abril estalló en Nicaragua un conflicto que nos ha sumido en una
profunda crisis política, social y económica. Con el pasar de los días
hemos visto como la seguridad ciudadana en el país se ha diluido, la
delincuencia ha crecido de forma alarmante, y la calidad de vida se ha
deteriorado gravemente, sobre todo para las clases sociales más
desfavorecidas. Mucha gente ha perdido su trabajo en el último mes. Las
escuelas están vacías, las universidades cerradas y el fantasma de la
emigración ha regresado. Conocemos el drama social que nos espera pues
lo hemos sufrido ya en nuestra historia reciente.
Las causas
son complejas. Más de 130 personas han muerto en el marco de este
conflicto, muchas de ellas asesinadas. Trabajadores, estudiantes,
policías… nicaragüenses de todas las edades. Muchas personas han sido
secuestradas y torturadas. Las redes sociales están atestadas con
imágenes y vídeos de las víctimas, las cuales se repiten una y otra vez
causando miedo y desesperación en la población. Han sido incendiados
vehículos, edificios públicos, residencias privadas, oficinas de medios
de comunicación afines al Gobierno y del partido político del Frente
Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
Desde mucho antes
de las manifestaciones celebradas el 18 de abril, a raíz de las cuales
se originó el conflicto, diversos medios de comunicación, miembros de la
sociedad civil y actores políticos, han atacado insistentemente la
institucionalidad del Estado, erosionando la confianza de la población
en su Gobierno y en las fuerzas de seguridad del Estado. Desde
diferentes medios de comunicación y plataformas de redes sociales se ha
desarrollado una potente estrategia de manipulación de la opinión
pública, la cual ha logrado crear una realidad paralela en la que a día
de hoy vive una parte de la comunidad nicaragüense en el interior y
exterior del país, y parte también de la comunidad internacional.
Así
también, desde mucho antes del inicio del conflicto, se ha estado
llevando a cabo en Nicaragua una campaña de odio destinada a dividir a
la sociedad nicaragüense en dos bandos. A medida que la crisis se ha
intensificado, creciendo los niveles de violencia y el número de
personas asesinadas, el odio y la fractura social se han profundizado
preocupantemente.
En el cuadragésimo octavo período ordinario
de sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados
Americanos (OEA) celebrada entre el 4 y el 5 de junio, la Asamblea
General de este organismo declaró su apoyo al pueblo de Nicaragua,
llamando al Gobierno y a los demás actores sociales y políticos a la
construcción de la paz a través del diálogo. En esta línea, la OEA ha
creado un Grupo Interdisciplinario Internacional de Expertos
Independientes para apoyar al país en la investigación de los crímenes y
asegurar la calidad y neutralidad de las investigaciones que se están
llevando a cabo. Previamente a este acuerdo, Nicaragua ya había recibido
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para observar la
situación de los derechos humanos en el país en el contexto de la
crisis, concluyendo esta que se habían producido graves violaciones de
derechos humanos en el país, tanto por parte de los cuerpos de seguridad
del Estado, como por parte de terceros armados.
Desde el
mismo inicio del conflicto, el Gobierno de Nicaragua ha apostado por el
diálogo y ha llamado a la paz a todos los actores, haciendo importantes
esfuerzos para impedir enfrentamientos entre los dos bandos. La llamada
del FSLN a su militancia para no responder a los ataques, torturas y
asesinatos que están sufriendo los militantes sandinistas en este
conflicto, está siendo clave para evitar una escalada mayor de
violencia. Por su parte, el jefe de Estado ha dado orden públicamente a
la Policía Nacional de no reprimir las protestas pacíficas y el Ejército
Nacional se ha mantenido al margen del conflicto en todo momento.
Sin
embargo la violencia no ha cesado. Miembros de la Iglesia Católica
nicaragüense, medios de comunicación, grandes empresarios y actores
políticos de la oposición y de la sociedad civil, siguen sosteniendo la
campaña de odio a través de declaraciones y acciones a las que califican
de protestas pacíficas, pero que nada tienen de pacíficas, como son el
cierre de múltiples carreteras a nivel nacional a través de la
instalación de tranques desde inicios de mayo, afectando gravemente al
empleo, el comercio y el transporte nacional y regional. Al menos 10
personas han fallecido a raíz de la instalación de estos tranques y de
los conflictos que están generando su mantenimiento.
Estos
actores, por acción y por omisión, han atacado la institucionalidad del
Estado nicaragüense y han alentado y tolerado acciones violentas
realizadas por encapuchados armados que se dan a conocer como
estudiantes. Por el contrario, cuando estos encapuchados han torturado,
asesinado e incendiado vehículos y edificios públicos sin cesar, los
actores referidos han culpado sin ningún tipo de pruebas a sandinistas y
simpatizantes del presidente de la República.
Consideramos que a través
de esta estrategia, se persigue crear un clima de violencia tal que
resulte intolerable para el pueblo, forzando a la renuncia del Gobierno.
En el peor de los casos, esta situación puede desencadenar en una
guerra civil. Como es evidente, este extremo generaría graves
repercusiones sobre las poblaciones a nivel nacional y regional en
Centroamérica, en especial debido a la debilidad de las economías de la
región, los conflictos sociales preexistentes, la existencia de un
corredor de migración centroamericano y la presencia de redes de
narcotráfico en los países vecinos.
¡¡URGE LA PAZ EN NICARAGUA!!
Es
por ello que a través de la presente les estamos invitando a participar
en la campaña por la paz en Nicaragua, manifestando públicamente su
rechazo absoluto a todo tipo de violencia y su apoyo al pueblo
nicaragüense, al proceso de diálogo nacional y a la solución pacífica y
democrática del conflicto, ya sea de forma individual a través de las
redes sociales, artículos de prensa o pronunciamientos ante la opinión
pública internacional, o a nivel institucional a través de declaraciones
públicas, resoluciones políticas u otros medios posibles.
Creemos
firmemente que el posicionamiento de la comunidad internacional a favor
de la paz en Nicaragua, podría contribuir a la solución pacífica de
este conflicto coadyuvando al fracaso de la campaña de odio y
favoreciendo una reflexión crítica en el seno de la sociedad
nicaragüense que conduzca a la condena unánime de la violencia y al
rechazo de quienes persisten en destruir la convivencia en el país.
Confiando
en su compromiso con el bienestar y la paz social y en la claridad de
su visión política, y esperando su respuesta positiva y su solidaridad
con Nicaragua, firmamos en Managua,
Miembros de la ciudadanía nicaragüense.
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