La encrucijada de los neoliberales:
A
medida que el calendario electoral en México se aproxima al día
principal, resulta cada vez más claro el escenario de la competencia
electoral junto a las jugadas del aparato estatal dominado por el
Ejecutivo.
El jueves 7 de
junio ocurrió una especie de punto de inflexión en la competencia
electoral. A poco más de tres semanas de la elección presidencial y
legislativa del 1º de julio, se agudizó la competencia –de por sí
marcada por los altos niveles de violencia, con más de 110 asesinatos,
la campaña de “guerra sucia”, los furiosos ataques de la oligarquía
local y trasnacional al candidato de centro-izquierda, las repetidas
violaciones a la ley electoral, etc., etc. –. El motivo de la nueva
crispación se ha debido a que el gobierno en turno terminó por optar –de
entre varias cartas– por la vieja tradición del “videoescándalo
político”. Esto para incriminar, en sus ya conocidas maniobras de lavado
de dinero, al corrupto candidato de la derecha más conservadora Ricardo
Anaya (RA), en segundo lugar en la intención de voto con 24 puntos, y
quien abandera la coalición “Por México al Frente” por los partidos
PAN-PRD-MC.
Es evidente
que la nueva ofensiva del Ejecutivo, en manos de Enrique Peña Nieto
(EPN), resguarda dos cartas bajo el brazo: 1) pulverizar a Ricardo Anaya
para buscar sumarle sus votos a su propio candidato, José Antonio Meade
(JAM), de la coalición “Todos Por México” (PRI-PVEM-NA), que hasta
ahora marcha en tercer lugar con una intención de voto de 20 puntos,
según la mayoría de las encuestas; 2) obligar a Ricardo Anaya (bajo la
amenaza judicial) a un pacto oligárquico de facto con la declinación de éste por el candidato de EPN y del mismo bloque en el poder.
Hay
que subrayar que los dos juegos en proceso, tienen por objetivo
pretender imponerse sobre el candidato de centro-izquierda, Andrés
Manuel López Obrador (AMLO), de la coalición “Juntos Haremos Historia”
(MORENA-PT-PES), líder en todas las encuestas con una intención de voto
que rebasa los 50 puntos. Lo común en ambos juegos del poder es que, en
el supuesto que funcionara con éxito uno u otro, las dos acciones son insuficientes para imponerse sobre AMLO, lo que arrastra al Ejecutivo a profundizar el
conjunto de operaciones del Fraude Electoral a disposición del aparato
electoral del partido gobernante (PRI) –caracterizado precisamente por
su dominio en estas “artes” por casi un siglo–, y así imponerse sobre el
electorado.
La primera
carta, es decir, la destrucción de RA, supondría un acontecimiento
inédito: expresaría la cancelación (coyuntural) de una alianza sistémica
establecida entre los principales administradores del régimen de partidos de Estado,
es decir, la anulación (temporal) de la histórica alianza entre el
Partido de la Revolución Institucional (PRI) y el Partido Acción
Nacional (PAN), con la cual se ha sustentado el ciclo político
neoliberal en México por más de tres décadas. El ataque a RA y al
desplome del PAN, significaría un split definitivo en la coyuntura actual al interior de la tradicional alianza del PRIAN.
Más allá de que se concrete dicho split,
-el día de hoy el régimen político fluctúa hacia estas opciones- hay
que reconocer su seria posibilidad. Y es que, el aparato de Estado, al
estar situado en manos de una clase estrictamente distinta a la clase
capitalista y a los grupos empresariales, permite que se puedan
habilitar estas fisuras al interior de los administradores o
mantenedores del aparato estatal. No se debe olvidar que hay comúnmente
en todo Estado capitalista, un grado de “autonomía relativa” entre el
aparato de Estado, su personal de Estado y las clases dominantes.
Existen así, distintas mediaciones por la cuales las clases dominantes ejercen su hegemonía política en el seno del aparato de dominación estatal.
El
principal impacto en esta fractura política reside en el debilitamiento
del bloque neoliberal, pues asumen el riesgo de no lograr el “traspaso”
de votos de RA al candidato oficialista, aunque hay que señalar que muy
posiblemente el voto duro de RA es un voto anti-AMLO. De cualquier
modo, el split político, al golpear a RA, podría permitir un
ascenso del candidato del capital financiero (JAM), quien es conocido
como “el padre de los gasolinazos”, y por lo mismo, del empobrecimiento
de la población y de la defensa del capital financiero, en su reciente
paso por la secretaría de Hacienda.
Sobre la segunda carta, referida al establecimiento de un pacto oligárquico de facto,
habría que señalar que sería el escenario más favorable para las
fuerzas del régimen neoliberal autoritario y excluyente. El propio Diego
Fernández de Ceballos, “asesor legal” del equipo de Ricardo Anaya, lo
deja entrever cuando señala este lunes (11 de junio): “para nosotros,
cualquier opción será mejor, o menos mala, que entregar el país…”
(Ver, https://www.proceso.com.mx/537928/desesperado-fernandez-de-cevallos-propone-no-descarto-pacto-anaya-pena-con-tal-que-el-orate-de-amlo-pierda).
Es
de hacer notar que, desde el jueves 7 de junio que se presentó el
escándalo nacional mediante el video contra RA, mientras se calcula y
opera la mejor carta desde las alturas, la clase empresarial, por vez
primera en la campaña electoral, se ha agazapado. Muestra un silencio
sintomático, seguro en espera de las acciones del Estado y de la
definición de los golpes de mano del Ejecutivo que marquen la pauta para
la entrada de la segunda voz.
No
todo se ciñe exactamente por la economía, como se observa con las
contradicciones y fisuras al interior del régimen político. Sin embargo,
la grave crisis de legitimidad, la inestabilidad política, el
endurecimiento autoritario del Estado, sus pronunciados rasgos de
militarización, la crisis y agotamiento de la democracia –rasgos
principales del México actual– están permeados por la gran concentración
de riqueza, los excesos fuera de toda lógica de la explotación
generalizada de los trabajadores, ligada a sus condiciones de pobreza
alimentaria y escasas o nulas condiciones de protección y seguridad
laboral. La acentuación de estas condiciones incide en el auge de la
marea Morenista, lo que a su vez lleva al agravamiento de la forma
oligárquico-autoritaria del Estado mexicano. En este sentido, se pone de
relieve el hecho de que, la contienda electoral, al colocarse como una
disputa por o en contra de la dinámica neoliberal en la conducción del
Estado y la política económica y social, está situada sobre bases de un conflicto de clase profundo.
Ante el encaminamiento manifiesto de un nuevo Fraude nacional, quien
puede defender el voto son las bases sociales que respaldan a AMLO,
precisamente las mismas bases populares que pueden incidir e impulsar
cambios sustantivos que trasciendan la propia debilidad del programa de centro-izquierda neodesarrollista de MORENA y de su líder principal.[1]
Con
más de 50 puntos de ventaja, el abanderado de MORENA y su enorme marea
de simpatizantes, pelean contra la historia. La ironía sería que lo
hacen para darle continuidad.
Nota
[1] Sobre nuestra crítica al programa de MORENA y de AMLO, ver, “El nuevo desarrollismo progresista en México”, https://www.lahaine.org/mundo.php/el-nuevo-desarrollismo-progresista-en.
No hay comentarios:
Publicar un comentario