A
poco más de dos semanas de la elección presidencial y legislativa del 1
de julio, crece la tensión en México, marcada por altos niveles de
violencia -113 asesinatos de candidatos-, la guerra sucia mediática, los
ataques de la oligarquía local y trasnacional al candidato de
centroizquierda, las repetidas violaciones a la ley electoral y las
jugadas del aparato estatal para impedir que Andrés Manuel López Obrador
llegue al poder.
Nada nuevo aportó el tercer debate entre
los cuatro candidatos a la presidencia, en el Gran Museo del Mundo Maya
en Mérida, Yucatán, el martes 12, que tuvo la misma dinámica de los dos
anteriores: los opositores del centroizquierdista López Obrador, quien
va cómodo liderando las encuestas de opinión, fueron en patota a tratar
de matarlo políticamente.
Con el crecimiento económico,
desigualdad, pobreza, educación, ciencia y tecnología, y salud y
desarrollo sustentable como pretexto, a sabiendas de que era la última
oportunidad, el cruce de imputaciones sobre corrupción de los
contendientes se ubicó como temática. Un tema donde el mismo gobierno
participa activamente, ya que optó el 7 de junio por la vieja tradición
del “videoescándalo político”.
No fue para incriminar a
López Obrador, sino que, por sus ya conocidas maniobras de lavado de
dinero, atacó al candidato de la derecha más conservadora, Ricardo
Anaya, segundo en las encuestas con 24% en la intención de voto,
abanderado de la coalición “Por México al Frente” por los partidos
PAN-PRD-MC.
La difusión de un audio y un video sobre el
lavado de dinero por parte de Anaya en su negocio de compraventas
inmobiliarias en parques industriales de Querétaro, puso en aprietos al
candidato del PAN. Pero Anaya devolvió el golpe (con otro canallesco) y
afirmó que López Obrador, "ya pactó" con el PRI la impunidad a corruptos
a cambio de que la presidencia se incline a su favor en el proceso
electoral en curso.
López Obrador respondió que sí ha
realizado pactos y acuerdo, pero con movimientos sociales y
organizaciones populares, que dieron lugar a la construcción de un
amplio acuerdo de unidad - Juntos Haremos Historia- para emprender la
transformación del país, que se extendió a partidos políticos como el
PES y el PT: un frente amplio plural, pluriclasista, diverso,
heterogéneo.
De esa alianza ampliada derivó una propuesta
de gabinete en la que hay personas con experiencia en la administración
pública, juristas, dirigentes sociales e intelectuales en estricta
paridad de género, de todas las edades y procedentes de varios partidos,
corrientes, ideologías y sectores.
El Proyecto de Nación 2018-2024 (proyecto18.mx)
es un documento elaborado con el propósito de ser el embrión de un
nuevo pacto social para un país que se ha quedado sin él. También el
candidato oficialista José Antonio Meade presentó El México que merecemos
(en mayo último), un discurso lleno de promesas, mientras Anaya no
salió de propuestas que supuestamente pudieran captar votos, sin
profundidad o seriedad.
Todo vale para no perder el poder
Para
José Luis Ríos Vera esta nueva ofensiva del gobierno de Enrique Peña
Nieto guarda dos cartas bajo la manga: pulverizar a Ricardo Anaya para
buscar sumarle sus votos a su propio candidato, José Antonio Meade, de
la coalición “Todos Por México” (PRI-PVEM-NA), en tercer lugar con una
intención de voto del 20%, y obligarlo (bajo la amenaza judicial) a
firmar un pacto oligárquico de facto que supone su renuncia a la
postulación en favor del bloque en el poder, para así poder imponerse al
centroizquierdista López Obrador.
Pero le queda otra
carta bajo la manga a Peña Nieto y el Partido Revolucionario
Institucional si fallara esta maniobra de cancelar la alianza sistémica
entre el PRI y el PAN, sustento del auge neoliberal de los últimos 30
años: el fraude que tantas veces utilizó el PRI.
Mientras,
la clase empresarial guarda silencio, tras la presión hecha a los
trabajadores de sus compañías para que no sumen su voto al candidato
centroizquierdista, en espera del accionar del gobierno y sus
instituciones, en un marco de crisis de legitimidad, inestabilidad
política, endurecimiento autoritario, militarización, agotamiento de la
democracia formal, explotación de los trabajadores, pobreza alimentaria y
escasas condiciones de protección y seguridad laboral.
Sin
duda, este panorama explica por sí sólo la permanencia de López Obrador
como el favorito absoluto de los electores, con un discurso en contra
de la dinámica neoliberal en la conducción del Estado y la política
económica y social, bases de un conflicto de clase profundo que aqueja a
México desde hace décadas.
Y explica, asimismo, la
desesperación de un poder fáctico, adueñado de México por un siglo, que
ve amenazado su poder, y está dispuesto a no perder sus privilegios. El
tiempo se acaba: ¿Hasta dónde llegará para impedir que López Obrador
llegue a la Presidencia?
Gerardo Villagrán del Corral
Antropólogo y economista mexicano, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
https://www.alainet.org/es/articulo/193463
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